Colapso en La Paz

El Hospital Universitario La Paz es uno de los centros de referencia en la Sanidad española y, precisamente por ello, sorprende y entristece a partes iguales la noticia publicada hace unos días por El País sobre el colapso de sus urgencias. Tal y como denunciaron los trabajadores, el centro llegó a tener un total de 53 pacientes para 18 camas. «Estamos muy por encima de nuestra capacidad», aseguraron desde el centro. Tras la alarma, la Consejería Sanidad afirmó que lo ocurrido en La Paz se debió a «un pico puntual» e intentó restar  importancia a un asunto que, sin duda alguna, es más grave de lo que nos quieren hacer ver.

A veces, si nos dejamos guiar por el discurso político o las excusas de los responsables de determinados centros, pareciera que las listas de espera y los colapsos de los servicios de urgencias —desgraciadamente, bastante habituales— tan solo acarrean como única consecuencia el que los pacientes se tiren varias horas esperando en una sala de espera a ser atendidos. ¡Ojalá esa fuera la única consecuencia! Atentos, sin embargo, a lo que explicó uno de los enfermeros de La Paz tras lo sucedido en su Hospital: «Si por el colapso y la aglomeración de pacientes un profesional se equivoca y pone un antibiótico al enfermo de la cama de al lado y resulta ser alérgico, podría tener consecuencias fatales».

Aunque nos cansamos de repetirlo, parece que los responsables de que la Sanidad Pública sea eficiente no tienen en cuenta la seguridad de los pacientes pues, si así fuera, ¿dejarían que un doctor trabajara por encima de sus capacidades? Estamos seguros de que la respuesta es negativa. Los datos hablan solos. Desde el año 2012 en la Comunidad de Madrid se han perdido un 20% de las camas mientras los pacientes de urgencias no han parado de aumentar. En lugar de proponer soluciones al respecto, la Comunidad tan solo ha puesto parches que, si bien han aligerado la presión de médicos y enfermeros, no han sido más que un arreglo provisional de un problema que requiere de medidas reposadas y efectivas.

Hace unos días el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba ante los medios que no le constaba que hubiera ningún conflicto en la Atención Primaria gallega. Precisamente allí, donde los profesionales llevan meses de movilizaciones, casi todos los jefes de servicio de un área sanitaria han presentado su dimisión y varios colectivos han clamado contra la precariedad, el presidente autonómico asegura que todo está en calma. ¿También son las reivindicaciones de los profesionales gallegos un problema puntual, señor Feijóo?

El Ministerio de Sanidad ya ha comenzado a trazar las líneas maestras en las que trabajará si el Partido Socialista gana los comicios del próximo 28 de abril. Entre las medidas propuestas destaca la promesa de que, para el año 2025, todos los médicos tengan cupos de pacientes adaptados a las características de la población. La cifra proporcionada por María Luisa Carcedo es de 1.500 personas por médico, 1.000 niños en el caso de los pediatras. ¿Y qué pasará hasta 2025? ¿Qué medidas tiene la señora Carcedo para aliviar las listas de espera ya existentes en las CCAA o para solucionar situaciones como la anteriormente mencionada en el Hospital de La Paz? Seguiremos esperando hechos, no promesas.

La utilización partidista de la Sanidad

Ya comentábamos en el anterior post cómo los partidos políticos, en su afán de ganar la carrera electoral del próximo 28 de abril, no dudan en hacer promesas sobre nuestra Sanidad que, a la vista de lo ocurrido en los últimos años, no tienen visos de cumplirse. Hablábamos también de cómo determinadas formaciones han decidido demonizar la palabra “privado” y condenar todo lo que de ello deriva, aunque esto sea positivo para el ciudadano. En Andalucía hemos tenido un caso claro en las últimas semanas. El fraude en las listas de espera andaluzas ha sacada a la luz la manipulación política de la Sanidad en esa Comunidad Autónoma, minimizando las cifras de pacientes a la espera de ser tratados con el único fin de continuar aferrados a un cargo en la Administración Pública. Que no se nos olvide que bajo esas cifras, maquilladas en beneficio de la manipulación, hay seres humanos, personas que esperan con ansia una operación que no llega por razones nada que ver con la medicina.

Una de las soluciones aportadas por el actual partido en el gobierno andaluz ha sido la de derivar pacientes a la sanidad privada para aligerar las listas de espera. La medida ha sido criticada hasta la saciedad por PSOE y Podemos, aludiendo a los supuestos intereses económicos del Partido Popular a la hora de mandar pacientes hacia hospitales privados. Estos partidos, empeñados en seguir demonizando la que a todas luces es la mejor solución posible al drama andaluz, evitan mencionar en sus discursos el fraude del PSOE y de los miles de pacientes afectados para arremeter únicamente contra la derivación de los mismos hacia la sanidad privada, algo del todo incomprensible.

Otro caso de escándalo ha sido lo ocurrido en los últimos días con el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Los responsables de Eldiario.es accedieron a un informe previo plagado de inexactitudes y que estaba pendiente de revisión. Una vez que la Cámara de Cuentas publicó los datos correctos, este medio de comunicación no dudó en aferrarse a la versión del texto que más satisfacía sus intereses, esto es, un anteproyecto plagado de alegaciones, y en el que se informa erróneamente de un sobrecoste para las arcas públicas de determinados servicios de la Fundación Jiménez Díaz. ¿Para qué publicar el texto correcto, examinado y corregido por un organismo oficial, cuando este diario tenía en su mano difundir una versión interesada?

En las facultades de periodismo suele alertarse a los alumnos del peligro de publicar informaciones provenientes de una fuente interesada. Parece que en el medio de comunicación no han tenido en cuenta esta enseñanza y han decidido propagar una información errónea para denunciar un presunto sobrecoste que, a juzgar por los datos oficiales, no existe. Es necesario destacar que el informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid disparó todas las alarmas entre los gestores de los hospitales de la red pública debido a su elevado número de inexactitudes. De hecho, los propios redactores del documento señalaron antes de su publicación que no se daban las condiciones oportunas para conocer el gasto real incurrido por los hospitales del SERMAS en ese periodo y que, además, era imposible dar con una cifra aproximada puesto que el sistema de contabilidad analítica empleado en los centros está anticuado y no es fiable.

El documento previo, además, se empeña en comparar cifras entre hospitales sin tener en cuenta sus diferencias, algo que clama al cielo puesto que las características de la población y los diferentes modelos de gestión imposibilitan una comparación de este tipo. Lo peor de todo es que, si estas comparaciones erróneas se hubieran tenido en cuenta, el flujo de recursos a determinados centros estaría en completo peligro solo por el hecho de haber homogeneizado prácticas y modelos de gestión que hay tratar de manera individualizada.

Como sucede con la publicación de cualquier documento oficial, la elaboración de los datos suele pasar varios filtros antes de ser transmitida públicamente. De esta manera, el ciudadano conoce la verdad de cuanto sucede a su alrededor sin que haya lugar a confusiones derivadas de fallos de cálculo o definiciones mal planteadas, como es el caso expuesto anteriormente. ¿Imaginan que el informe sobre un medicamento llegara al ciudadano con errores en cuanto a sus efectos? Sería un escándalo y plantearía un auténtico caos. Aunque el ejemplo es, quizás, exagerado, sí nos sirve para comprender la necesidad de que, en un organismo público, varios responsables filtren y analicen los datos proporcionados en un informe de envergadura y que determina el flujo de recursos a nuestros centros hospitalarios. Esto es, precisamente, lo que hizo la Cámara de Cuentas al estudiar las alegaciones que los gestores de los centros plantearon sobre el informe inicial.

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas que valida las alegaciones de la Fundación Jiménez Díaz que, además, es el centro hospitalario del grupo III (alta complejidad) que presenta un gasto más bajo, no ha sido tenido en cuenta por Eldiario.es, que ha decidido publicar la versión errónea con el único objetivo de confundir al ciudadano y efectuar denuncias infundadas. Lo peor no es, sin embargo, que un medio de comunicación publique informaciones interesadas. Lo verdaderamente lamentable es que Podemos y PSOE, partidos que aspiran el próximo 28 de abril a representar a todos los ciudadanos, se hagan eco de informaciones que un organismo oficial ha certificado que son falsas. ¿En qué manos estamos? En las mismas que maquillan cifras en listas de espera, esas a las que no le importa el bienestar del paciente y que prefiere manipularlo por un claro beneficio propio. Así nos va.

El discurso político no hace ningún bien a la Sanidad

Existe la creencia falsa y extendida de que todo servicio gestionado por una entidad privada es malo. Sin ni siquiera pararnos a pensar en quién o quiénes lo gestionan, determinados políticos están llevando a los ciudadanos a demonizar todo aquello que vaya acompañado del sustantivo “privado” o “concertado”, como si quien hace uso de este tipo de servicios estuviera traicionando al resto de compatriotas. Precisamente esto es lo que está ocurriendo con PSOE y Podemos, partidos que, en su defensa a ultranza de la gestión pública, parecen obviar los problemas que nuestra Sanidad acarrea desde hace ya largo tiempo.

Leyendo algunos titulares en prensa sería necesario preguntarse: ¿Qué es lo realmente importante? ¿No es crucial que los pacientes con cáncer reciban la atención psicológica que necesitan y para la que muchos hospitales no tienen medios? ¿No es, acaso, de vital importancia que nuestros mayores sean atendidos a la mayor brevedad en las consultas de atención primaria? ¿Y que las embarazadas, sean del país que sean, reciban la atención que merecen en cualquier etapa de la gestación?

La saturación de las urgencias, las listas de espera para operaciones y consultas especializadas, el estrés de los profesionales sanitarios y otros males que acechan a la Sanidad Pública están, poco a poco, mermando un derecho de todos que cada día está más limitado. Los ciudadanos esperan soluciones, pero a los políticos de turno se les llena la boca con promesas que nunca se cumplen y con discursos cargados de ambigüedad que no proporcionan solución alguna..

El futuro se antoja interesante en cuanto a avances médicos y España debería estar preparada para afrontarlos, para brindar a la población la atención que se merece. ¿De verdad es tan importante de dónde provengan los fondos? ¿Acaso la Fundación Jiménez Díaz, destacada en múltiples ocasiones por su excelencia, no debe ser un hospital a tener en cuenta por el mero hecho de no estar gestionado al 100% por manos públicas?

Cuando algunos partidos hablan de recuperar la Sanidad parece que tienen la solución mágica al actual caos del sistema, como si el dinero pudiera brotar de repente y los errores del entramado sanitario pudieran arreglarse con un par de decretos o con mayor porcentaje en los Presupuestos Generales. En realidad, lo que PSOE y Podemos quieren trasladar con ese eufemismo de “recuperar la sanidad” que tanto utilizan en sus campañas electorales no es otra cosa que su intención de dotar al sistema de mayor intervencionismo político, que es precisamente lo contrario que necesitamos en estos momentos.

Cuando estos partidos lanzan argumentos en contra de la gestión privada de ciertos servicios público no están más que instrumentalizando el discurso, introduciendo en él mucha ideología pero ninguna solución coherente. Basta ya de politización de la Sanidad. Los ciudadanos no quieren soflamas sin sentido sino soluciones, menos listas de espera y una atención médica de calidad. Y eso, por el momento, se está haciendo esperar.

Nuestros médicos no aguantan más

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo profesionales de diversos puntos de España han demostrado a través de huelgas y protestas que nuestro sistema sanitario vive una enfermedad crónica cuya recuperación se antoja difícil. Los médicos y enfermeros están indignados, y con razón, porque a pesar de sus conocimientos y profesionalidad los pacientes del Sistema Nacional de Salud no reciben la atención que merecen. Poco tiempo de consulta en Atención Primaria, escasez de recursos y bajas de facultativos no cubiertas son algunos de los males que afectan al sistema y que se están prolongando demasiado en el tiempo.

Todo esto tiene varias consecuencias. Los recortes salariales a médicos y enfermeros a cuenta de la crisis económica han producido que los médicos españoles sean los que más emigran para desarrollar su trabajo fuera de nuestras fronteras. Es de admirar el tesón de nuestros sanitarios, que están saliendo a las calles para recuperar los derechos perdidos. «Nos están maltratando», afirmó uno de los asistentes a las concentraciones de la semana pasada en Castilla y León. Lo peor, es que también están maltratando al ciudadano. 

Sin menospreciar la precaria situación de nuestros profesionales — no olvidemos que son ellos los principales garantes de nuestra salud y bienestar— la falta de inversión en el sistema perjudica directamente al paciente, a cuyos problemas se le presta cada vez menor atención. Precisamente un diario generalista dedicaba un artículo esta semana al futuro del sector sanitario, que actualmente no está preparado para hacer frente a los cambios demográficos que está experimentando nuestro país. En concreto, el medio aseguraba que el sistema continúa anclado en el pasado, orientado a la atención de pacientes con una sola enfermedad, «cuando el patrón dominante es el de un paciente crónico aquejado de varias patologías a la vez». 

Es urgente que el sistema se modernice y que la inversión vaya encaminada a mejorar la situación de nuestros sanitarios así como el equipamiento de centros de salud y hospitales, condiciones indispensables para que los pacientes tengan la atención que merecen. Parece que, si nadie interviene, el SNS está abocado al fracaso puesto que las soluciones planteadas no son, ni de lejos, suficientes para mejorar el panorama actual. Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido con el Hospital de la Ribera, en el que los problemas se han incrementado notablemente tras la reversión. Tras nueve meses de gestión pública directa, la lista de espera quirúrgica sigue aumentando, pasando de 44 días en 2015 a 63 días según los últimos datos de 2018. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, debería aportar soluciones concretas para reducir la demora, algo que no parece que vaya a suceder a corto plazo. Una pena que un centro que funcionaba a la perfección esté ahora entrando en una situación de decadencia.

Si en los centros continúan por la senda de la protesta puede que, en algún momento, alguien despierte y se comiencen a tomar las medidas oportunas para paliar esta situación. Las soluciones, sin embargo, son urgentes y requieren de una fuerte inversión que demuestre que lo primero es el ciudadano. Seguiremos esperando.

La salud de los madrileños está en juego

El Estudio de Salud de la ciudad de Madrid 2018 arroja unas conclusiones que dan mucho que pensar sobre la salud de los que vivimos en la capital: contaminación, hábitos alimenticios y, el gran desconocido, la salud mental. Por suerte, en los últimos años se ha visibilizado mucho, y menos mal…

La salud mental ha sido un tema tabú durante muchos años. Se veía como un síntoma de debilidad. Hoy sabemos que hasta un 10% asegura sentirse solo bastantes veces, siempre o casi siempre. Esto es un problema muy grave, tanto como los demás que siempre han sido parte de la conversación. Esperamos que las instituciones pertinentes reaccionen ante estos datos y a partir de ahora se tenga en cuenta como es debido.

Aunque este sea el más destacable, la lista de problemas no es precisamente corta: enfermedades crónicas, aumento del número de alérgicos e intensidad de los ataques, sobrepeso, alcoholismo, gran diferencia de calidad de vida entre los diferentes distritos… un asunto para nada fácil en el que el SNS juega un papel clave.

Sabiendo el estado actual y la capacidad de cada uno, ¿por qué no invertir con cabeza los recursos? ¿Permitirá el gobierno central una cooperación entre los distintos modelos para conseguirlo? ¿Y el autonómico? Solo esperamos que los cambios políticos no interfieran con el objetivo común de asegurar la salud de los madrileños.