Tal y como tenemos ahora nuestra sociedad, dos de las cosas que más valoramos que se gestionen bien son tanto la creación de empleo, como la reducción en el gasto público de cualquier servicio que no suponga un coste adicional para los bolsillos de los ciudadanos.
Si los datos demuestran una cosa y los políticos, "por el interés público", hacen justo lo contrario, algo no cuadra, o se entiende que no se está obrando con sentido común.
Salieron los datos de la EPA del primer trimestre de 2017, y mirando los números relacionados al sector sanitario, la sanidad privada ha ganado más de 9.000 empleos procedentes del descenso en el número de trabajadores de la sanidad pública, según datos comparados de 2016 y 2017. Siendo esto así, ¿si el excedente de trabajadores de la sanidad pública es absorbido por la sanidad privada, por qué se ponen trabas a esta última pudiendo ayudar en la creación de empleo?
Vayamos con otro apunte. El Gobierno de la Comunidad Valenciana decide no prorrogar los contratos de las concesiones de los hospitales concertados del modelo Alzira. Lo que extraña de esta decisión es comprobar que si uno va al informe de auditoría sobre la gestión de algunos de los hospitales concertados comprueba que su paso a la gestión pública costará dinero a los contribuyentes. Por ejemplo, la gestión privada de Manises ha ahorrado el 25% del gasto corriente sanitario público en relación con otros hospitales comarcales del mismo tamaño y de control directo.
La gestión pública de la población protegida del departamento de Manises "implicaría un mayor desembolso anual por gasto corriente sanitario en torno a 42,5 millones de euros", según detalla el informe del órgano fiscalizador que analiza las cuentas de la concesión entre 2009 y 2015.
Si ya vamos al coste per capita de la población de recibir o no la asistencia sanitaria privada, la sanidad valenciana se estaría ahorrando 117,2 millones de euros anuales gracias al sistema concesional. Entonces, ¿qué razones hay para no seguir con la sanidad privada si se demuestra que hay ventajas evidentes en seguir con estas concesiones? Por lo menos, da que pensar, y más cuando el gobierno tendrá que correr con los costes económicos y laborales que acarreará esta decisión... y ese gasto adicional habrá que sacarlo de algún lado, ¿no?

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