Tras recoger un buen ramillete de opiniones sobre el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que ha sido remitido recientemente a las Cortes para su debate, faltaba una opinión muy importante por comentar: la de los responsables de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.
Llegado a este punto conviene recordar, como dice el refrán, que las cosas de palacio van despacio, y la hoja de ruta de tramitación va a permitir largos debates al respecto. Se sabe, por ejemplo, tal y como publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales, hay establecido un “plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 12 de septiembre de 2022″. Es probable que Podemos, a pesar de ser socio de gobierno, plantee batalla en este terreno, ya que a su juicio la nueva ley no cierra del todo la puerta a la colaboración público-privada, como ellos desean.
La opinión de la Comunidad de Madrid, que expuso su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es meridianamente clara. Desde la Comunidad se va a recurrir el Proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar porque, afirman, la gestión de la sanidad madrileña es una competencia regional, que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
El papel del Estado, continuó Enrique López, es velar por la igualdad en la prestación de servicios de todos los españoles. En Madrid se ha apostado por un modelo de colaboración público-privada, y desde la Comunidad defienden que “"el legislador no puede entrometerse en el modo de gestión de las comunidades autónomas en cuanto a la sanidad pública". Al revés que Podemos, que ve demasiadas puertas abiertas a la colaboración, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid ven claro que "esta ley del Gobierno prohíbe los conciertos y la gestión indirecta".
Se presenta, pues, un otoño muy caliente, con diversas batallas abiertas en relación a la futura Ley de Equidad, tanto en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso como en los Tribunales.
La Comunidad de Madrid no está sola en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ya han manifestado que comparten su preocupación por las consecuencias que puede tener esta Ley si se aprueba el texto tal y como está redactado. En su opinión “puede llevar al colapso del sistema Nacional de Salud” y que “los afectados serán principalmente los pacientes”. Hablando concretamente de la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. La colaboración público-privada ha sido importante en muchas Comunidades Autónomas, y renunciar a ella en el caso de Madrid, supondría restar “70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos” que se encargan de “31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas”.
Este debate llega, además, en el peor momento posible. Cuando, según la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE) el sistema sanitario se enfrenta a listas de espera récord. El año 2021 se cerró con más de 700.000 pacientes pendientes de una operación quirúrgica; esta es la cifra más alta de los últimos 20 años, inadmisible desde todo punto de vista.
Desde ASPE también han calculado que “la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales”, ya que estiman que los conciertos suponen un ahorro mínimo del 25% para las arcas públicas.
Asimismo, comentan en ASPE otro aspecto interesante de la Ley, que no va a afectar a conciertos que estén vigentes, pero sí a determinadas concesiones administrativas. Esto abre un período de incertidumbre sobre las concesiones en vigor. Quizás es el momento de recordar los malos resultados obtenidos por algunas reversiones de colaboración público-privada, como la de Torrevieja, en la Comunidad Valenciana.
