La ley de Equidad sanitaria vista desde Madrid

Tras recoger un buen ramillete de opiniones sobre el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que ha sido remitido recientemente a las Cortes para su debate, faltaba una opinión muy importante por comentar: la de los responsables de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Llegado a este punto conviene recordar, como dice el refrán, que las cosas de palacio van despacio, y la hoja de ruta de tramitación va a permitir largos debates al respecto. Se sabe, por ejemplo, tal y como publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales, hay establecido un “plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 12 de septiembre de 2022″. Es probable que Podemos, a pesar de ser socio de gobierno, plantee batalla en este terreno, ya que a su juicio la nueva ley no cierra del todo la puerta a la colaboración público-privada, como ellos desean.

La opinión de la Comunidad de Madrid, que expuso su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es meridianamente clara. Desde la Comunidad se va a recurrir el Proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar porque, afirman, la gestión de la sanidad madrileña es una competencia regional, que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

El papel del Estado, continuó Enrique López, es velar por la igualdad en la prestación de servicios de todos los españoles. En Madrid se ha apostado por un modelo de colaboración público-privada, y desde la Comunidad defienden que “"el legislador no puede entrometerse en el modo de gestión de las comunidades autónomas en cuanto a la sanidad pública". Al revés que Podemos, que ve demasiadas puertas abiertas a la colaboración, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid ven claro que "esta ley del Gobierno prohíbe los conciertos y la gestión indirecta".

✅ La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de equidad sanitaria, si invade competencias autonómicas.

▶ El consejero @Enrique_L_Lopez ha explicado que "quieren introducir un modelo ideológico en la Sanidad, y no lo vamos a permitir". pic.twitter.com/FneKDAJSQ3

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 21, 2022

Se presenta, pues, un otoño muy caliente, con diversas batallas abiertas en relación a la futura Ley de Equidad, tanto en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso como en los Tribunales. 

La Comunidad de Madrid no está sola en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ya han manifestado que comparten su preocupación por las consecuencias que puede tener esta Ley si se aprueba el texto tal y como está redactado. En su opinión “puede llevar al colapso del sistema Nacional de Salud” y que “los afectados serán principalmente los pacientes”. Hablando concretamente de la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. La colaboración público-privada ha sido importante en muchas Comunidades Autónomas, y renunciar a ella en el caso de Madrid, supondría restar “70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos” que se encargan de “31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas”.

Este debate llega, además, en el peor momento posible. Cuando, según la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE) el sistema sanitario se enfrenta a listas de espera récord. El año 2021 se cerró con más de 700.000 pacientes pendientes de una operación quirúrgica; esta es la cifra más alta de los últimos 20 años, inadmisible desde todo punto de vista.

Desde ASPE también han calculado que “la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales”, ya que estiman que los conciertos suponen un ahorro mínimo del 25% para las arcas públicas.

Asimismo, comentan en ASPE otro aspecto interesante de la Ley, que no va a afectar a conciertos que estén vigentes, pero sí a determinadas concesiones administrativas. Esto abre un período de incertidumbre sobre las concesiones en vigor. Quizás es el momento de recordar los malos resultados obtenidos por algunas reversiones de colaboración público-privada, como la de Torrevieja, en la Comunidad Valenciana.

Dimes y diretes sobre la nueva Ley de Equidad sanitaria

Antes de comentar algunas opiniones surgidas los últimos días sobre el tema, convendría hacer un pequeño repaso del camino que lleva recorrido esta Ley, que aún no ha visto la luz. El 8 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. Podemos, socio de gobierno, mostraba sus discrepancias desde el principio, mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que el objetivo de la Ley es “blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario”.

Desde Podemos dejaron claro que iban a presentar enmiendas cuando se llegara al trámite parlamentario, ya que están totalmente en contra de la gestión indirecta, es decir, de las fórmulas de colaboración público-privada. Desde la Fundación IDIS, en cambio, valoraron de forma positiva “el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”.

El #BOCG publica hoy el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre otros asuntos.

🗒️BOCG: https://t.co/DmH3XFeclM
👉Proyecto de ley: https://t.co/BgA8PVJHkz pic.twitter.com/Hui7AqUzlE

— Congreso (@Congreso_Es) June 24, 2022

La Ley ahora ha vuelto a primera línea de actualidad ya que un reciente Consejo de Ministros ha acordado, por fin, “remitir a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Darias ha insistido en que la intención del gobierno es blindar la sanidad pública y la gestión directa como el modelo “a seguir”. Dejan una pequeña puerta abierta a que se utilice la gestión indirecta sólo en determinados casos, siempre como un apoyo, y nunca como sustitución de la gestión directa.

Otros temas que recoge la Ley, como explicaba Darias en noviembre, son las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios. También se regula el derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

A día de hoy, Podemos continúa mostrando sus reticencias al texto, ya que la Ley de Equidad no explicita cuáles son las excepciones en las que se permite la colaboración público-privada. De hecho ellos lo que quieren es derogar “en fondo y forma” la Ley 15/1997 en la que se habilitaron nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud como la gestión indirecta. El PSOE, por su parte, sostiene que con la nueva ley esto no es necesario.

Por contra, muchas otras opiniones aparecidas en prensa sobre la Ley de Equidad van en sentido contrario, defendiendo las fórmulas de colaboración.

• Círculo de la Sanidad: Consideran que es necesario "eliminar prejuicios sobre la colaboración público-privada" y piden ayuda a los partidos políticos para que durante la tramitación de la ley "puedan corregir los aspectos más lesivos de la norma". A su juicio, esta ley  responde a “intereses políticos que no están conectados con las verdaderas necesidades sanitarias de la población”.

• Alianza General de Pacientes (AGP): Desde este colectivo piensan que la ley habría requerido una auditoría previa a la tramitación parlamentaria. Están de acuerdo en garantizar la atención sanitaria y sociosanitaria bajo criterios de equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública. Pero piensan que “no se puede penalizar al sistema privado y que se deberían establecer fórmulas de colaboración entre ambos sistemas”.

• Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Consideran que esta ley supone la “limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas”. Por eso, no descartan acudir a la justicia, ya que consideran que se genera un conflicto competencial. Piensan, además, que las Consejerías de Sanidad autonómicas se verán privadas de fórmulas de colaboración que en momentos de gran demanda pueden suponer un gran alivio para el Sistema Nacional de Salud. 

• CEIM-Confederación Empresarial de Madrid: Desde la patronal madrileña opinan que la colaboración público-privada "ahorra costes al sistema público y genera empleo". Es un error, por tanto ponerle trabas. Piensan, por otro lado, que la Ley de Equidad tiene aspectos positivos como la eliminación de los copagos y la clarificación del acceso a la asistencia sanitaria universal.

Atasco en la sanidad versus colaboración público-privada

Rastreando noticias recientes sobre Sanidad en Internet se puede encontrar actualidad sobre varios temas que, quizás, se puedan valorar de forma totalmente independiente. O, por el contrario, pueden estar íntimamente ligadas.

Por un un lado se puede leer en La Vanguardia que, en estos momentos, más de 11 millones de personas tienen un seguro de salud en España, lo que se traduce en una cifra récord de contratación de seguros y en que uno de cada cuatro ciudadanos españoles, comenta la periodista Mayte Rius, financia dos veces su atención médica. En su artículo da algunas cifras del año 2020, año en el que el número de asegurados creció un 4,4% a pesar de las dificultades económicas que muchas familias han atravesado por culpa de la pandemia. La periodista lo achaca al atasco que, a su juicio, sufre la sanidad pública.

Durante el año 2021 la tendencia se confirma, ya que en los seis primeros meses del año en curso se han contratado 407.390 nuevas pólizas; esta cifra supera al número de nuevas altas habitual en los años previos al coronavirus, según datos proporcionados por el Informe El Seguro de Salud, elaborado por ICE. Ya había desde años una tendencia de crecimiento sostenido entre los que apuestan por los seguros de salud, pero con la pandemia, desde el año pasado, dicha tendencia se ha acelerado. Según apunta Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), una de las causas por las que los ciudadanos apuestan por los seguros de salud son las listas de espera.

Por otro lado, el periodista encargado de redactar en el diario El Español el artículo sobre la la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias ve claro que el gobierno en ella hace una apuesta por la colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Que la apuesta sea más o menos clara puede ser dudoso, pero al menos el texto legal deja la puerta abierta al decir “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Habrá que ver si en el texto definitivo se mantiene la intención tal cual, ya que uno de los socios de gobierno, Unidas Podemos, tiene la intención contraria. 

Al final se trata de decidir qué se hace para paliar problemas estructurales del sistema sanitario, como la falta de medios tecnológicos o las siempre preocupantes listas de espera. Invertir en la sanidad pública siempre es necesario y la sociedad lo demanda. Pero el debate es si los ciudadanos españoles,en general, y los madrileños en particular, se pueden permitir el lujo de vetar acuerdos de colaboración con la sanidad privada que reviertan en beneficio de todos. 

O si por el contrario, usando modelos de gestión indirecta, que nada tienen que ver con las privatizaciones, se debe poner al alcance de cualquier ciudadano recursos y personal que ya existen, sin que vaya en detrimento de seguir haciendo cuantas inversiones sean necesarias en la sanidad pública. Mientras tanto los ciudadanos toman las decisiones que están a su alcance, y estas pasan por contratar seguros privados si creen que es la única forma de que se les garantice la asistencia. ¿Estaban relacionadas las noticias?

La Fundación IDIS y el Foro Español de pacientes opinan sobre la futura Ley de Equidad

Recientemente se ha relatado en este espacio el comienzo de los pasos para que la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias, promovida por el actual Gobierno central, llegue a buen puerto: la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley. La primera opinión vertida, y recogida, al respecto fue la de su propio socio de gobierno, Unidas Podemos, que ya ha manifestado que van a presentar enmiendas durante su tramitación ya que, a su juicio “se mantiene intacta la normativa 15/1997 que permite la "privatización" de la sanidad pública”.

Con el paso de los días van surgiendo nuevas opiniones y algunas, como la de la Fundación IDIS, van en diferente sentido. En su caso valoran de forma positiva que se mantenga abierta la puerta a fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa. Es más, tal y como recogen en este artículo de iSanidad.com desde esta organización consideran que “es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo”.

Desde IDIS arguyen que la “falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia, según múltiples estudios contrastados, del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada” hace necesaria la implantación de otros sistemas más flexibles, eficientes y transparentes. Piensan que es la mejor forma de afrontar la falta de recursos a la que se enfrenta el sistema sanitario, agudizada por la pandemia del coronavirus. (Por desgracia, y habrá que comentarlo en otro momento, España no se va a librar de esta nueva ola que está atacando con virulencia a muchos países europeos).

Respecto a otros aspectos contenidos en el proyecto de Ley, la fundación IDIS ve razonable tanto la búsqueda de la universalidad como la supresión de los copagos. Una vez más, aunque la prensa recoge de forma fiel la opinión de esta organización, aquellos que prefieren acudir a la fuente original de cada estudio, pueden encontrar el comunicado completo en la web FundaciónIdis.com.

Algunos datos que dan como apoyo a su tesis de que el modelo de gestión directa no sea preferente son los medios que el sector sanitario privado aporta a la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, una dotación de 441 hospitales y 50.960 camas de hospitalización en España. También dan datos, aunque son de 2018, de las operaciones quirúrgicas realizadas y las urgencias atendidas en todo el territorio nacional.

No es la única opinión que se ha podido leer estos días sobre el Anteproyecto de Ley. También han hablado desde el Foro Español de Pacientes, opinión que se puede leer por ejemplo en DiarioFarma.com. En su caso también han aportado sus propuestas durante el período de consulta pública del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias.

Aunque el texto recoge una de sus principales demandas: la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, desde el Foro de Pacientes consideren que “la incorporación de asociaciones de pacientes al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS, se hace en términos de desigualdad con respecto a otros colectivos”. El presidente del FEP, Andoni Lorenzo, reclama igualdad frente a otros agentes, como sindicatos y empresarios, ya que en el caso de los pacientes han de compartir sus puestos en el Comité con otras asociaciones de naturaleza indeterminada. Ellos también valoran de forma positiva la universalidad, aunque reclaman financiación y más medios para que sea una realidad

El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva Ley de Equidad sanitaria

Durante el fin de semana se ha podido leer en la prensa que estaba previsto para hoy lunes que el Gobierno central aprobara la  Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, promovida por la ministra de Sanidad Carolina Darias, aunque se sabía de antemano que iban a hacerlo con el veto de la formación política, socia de gobierno, Unidas Podemos.

Siendo precisos, lo que finalmente se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros ha sido el proyecto de ley que ahora tendrá que ser remitido al Congreso de los diputados para ser tramitado. El objetivo de la nueva legislación, según la ministra Darias, es blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario. Desde Unidas Podemos insisten en su rechazo a al menos parte del texto, ya que manifiestan que se mantiene intacta la normativa 15/1997 que permite la "privatización" de la sanidad pública. También han anunciado que durante su tramitación presentarán diversas enmiendas.

Habrá que seguir el día a día de la tramitación de la futura Ley de Equidad con interés, y escuchar los aportes que tengan que hacer todas las fuerzas políticas, pero sin duda los ciudadanos agradecerán un debate en el que unos y otros utilicen los términos adecuados. No tiene nada que ver el concepto “privatización” de un servicio, por ejemplo, para ser usado por un número restringido de personas, con la gestión indirecta de centros hospitalarios para que, al contrario, sean accesibles a toda la ciudadanía de una Comunidad. Sin ir más lejos, este tipo de gestión y el marco legal que permite los acuerdos, hacen que los ciudadanos madrileños puedan hacer uso de la Fundación Jiménez Díaz, hospital que recientemente ha aparecido entre los 20 mejores del mundo en la lista elaborada por Forbes.