Nuevo curso en la sanidad madrileña

 De igual modo que los escolares y los universitarios dan comienzo el curso en septiembre, se puede decir que el Debate del Estado de la Región supone el pistoletazo de salida de la actividad política en la Comunidad de Madrid. Y eso incluye a las medidas que el equipo de gobierno propone para seguir trabajando en favor de la sanidad pública. De igual modo, también engloba las peticiones de la oposición política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado en dicho debate, en la Asamblea de Madrid, un paquete de 50 medidas para los próximos años que se podrían segmentar en diferentes ámbitos de actuación. ¿Cuáles de estas medidas atañen a la sanidad madrileña?

Una de las actuaciones que ha anunciado la presidenta de la Comunidad ha sido la ampliación del Hospital Isabel Zendal para incluir un Centro de Neurorrehabilitación Funcional. También anunció la puesta en marcha de un cribado neonatal en las maternidades de todos los hospitales del SERMAS, con la finalidad de detectar cardiopatías congénitas críticas.

El ejecutivo madrileño también ha anunciado “programas de salud específicos para mujeres y mayores, un Banco de Voz para pacientes con ELA, así como centros especializados en enfermedades endocrinológicas y en diagnósticos de alta resolución”.

Además de todo lo reseñado, podemos leer en la prensa especializada que otros proyectos en ciernes son el futuro Centro de Producción de Terapias Avanzadas, con el foco puesto en diversas enfermedades, entre ellas los diferentes tipos de cáncer. Y la puesta en marcha del nuevo Plan de Preparación y Respuesta para amenazas de Salud Pública.

También se presentó un plan para reducir las listas de espera sanitarias, Como acostumbramos a comentar, a partir de ahora toca estar atentos al cumplimiento de lo que, de momento, son planes y promesas. Y de contarlo.

Por parte de la oposición, cada fuerza política con sus matices, y en función de su ideología, se ha pedido el refuerzo de la Atención Primaria, incluyendo un aumento en la financiación y la apertura de más Centros de Salud. También se ha cuestionado la buena marcha de las listas de espera y los acuerdos de colaboración público-privada.

Hospital de Torrevieja: la reversión de un sistema que funcionaba

Para quien no sepa qué significa reversión, en el contexto de la sanidad y la colaboración público-privada, una sucinta explicación. En el caso de algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, y también aquí en Madrid, se trabaja con un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales. Se trata de una colaboración público-privada que está ofreciendo buenos resultados en cuanto a la reducción de las listas de espera, y además pone al alcance de toda la ciudadanía los recursos de algunos centros privados. No tiene nada que ver con la privatización, aunque a veces se juega al despiste con estos conceptos.

En el caso de la Comunidad Valencia, y debido exclusivamente a un planteamiento político, se está revirtiendo por completo lo que allí se denominó “modelo Alzira”, porque nació en esa localidad. En este blog ya se comentó en su momento que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales había costado dinero a los contribuyentes valencianos. Por ejemplo, el informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión del Hospital de Manises  y su área de Atención Primaria hablaba de un ahorro del 25% para el contribuyente valenciano que obviamente se perdería.

Siguiendo esta historia de forma cronológica, en octubre de 2020 se recogía en prensa que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, así lo reconocían desde fuentes oficiales, iba a rescindir la gestión privada en el Hospital de Torrevieja sin haber hecho ningún tipo de informe o análisis sobre la eficiencia que justificara el cambio. En aquel momento la decisión de la reversión ya estaba tomada y estaban a la espera de trazar una hoja de ruta con los pasos a dar.

Aunque no tuvieran un informe propio, sí que contaban sobre la mesa con un informe sobre la eficiencia, hasta aquel momento,  del Departamento de Salud de Torrevieja (que incluye el hospital). Fue elaborado, de nuevo, por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, y concluyó que “se trata de una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. El informe hablaba de un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat, que se perderían al cambiar a la gestión directa. 

Así mismo, ya se conocía el sobrecoste que estaba suponiendo una de las reversiones ya llevadas a cabo, la del Hospital de Alzira. Este sobrecoste se estima en 76 millones de euros en el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalitat Valenciana.

Finalmente, en octubre del año pasado, se produjo la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja. Y desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) siguen mencionando los estudios ya citados como prueba, a su juicio, de que la gestión directa “es más cara e ineficiente que el mantenimiento de la colaboración público-privada”. 

Sería necesario contar con nuevos informes sobre la nueva fase de gestión, pero sí que empiezan a llegar algunas noticias poco halagüeñas sobre ella. Por ejemplo, en diciembre se hizo público que los representantes de los trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja pedían la dimisión de los nuevos gestores, incluyendo a la nueva gerente: el comité de empresa califica la situación de "insostenible".

Cabría esperar que en Madrid y en otras comunidades se tome nota de los riesgos innecesarios de cambiar lo que está funcionando bien, por razones meramente ideológicas. Lo mínimo que se puede exigir es que se haga en base a estudios e informes de eficacia.

Coronavirus: nuevas medidas en España y Madrid de cara a la Navidad

El título es de “cara a la Navidad”, pero si realmente había alguna intención de anticiparse a las fiestas navideñas la reunión que se celebró ayer por la tarde debería haberse convocado mucho antes. La verdad es que el gobierno central ha hecho el llamamiento a los presidentes autonómicos, previa petición de algunos de ellos, y cuando el número de casos ya está disparado en todo el país, y batiendo récords en algunas comunidades autónomas. Antes de ayer, por ejemplo, se detectaron un total de 49.823 casos en España.

Las posiciones previas a la reunión eran dispares, con la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, contraria a cualquier tipo de cierre. En cambio, otras comunidades como Cataluña y País Vasco, solicitaban restricciones más duras. El presidente catalán pedía incluso el establecimiento de un toque de queda, y desde Euskadi abogaban por parar la hostelería en Nochebuena y en Nochevieja. La primera noticia que trascendió, antes de la comparecencia pública del presidente del gobierno, sobre las medidas que se habían tomado, atañe al uso de la mascarilla. Tal y como habían pedido algunas comunidades, de forma explícita el País Vasco, se va a aprobar de nuevo el uso continuado de la mascarilla en exteriores. De hecho, ya hay convocado un Consejo de ministros para hoy jueves en el que se reactivará la medida. Posteriormente al acuerdo, ante el enfado palpable en la sociedad, parece que se han establecido, o se establecerán, algunas excepciones.

También se ha insistido en la reunión, por parte del presidente Sánchez, en la gran importancia de la vacunación. Quiere que se intensifique la campaña y, según sus asesores, la gran baza contra la variante ómicron puede ser la tercera dosis de recuerdo, en las vacunas que así lo requieran.

Y poco más. Porque finalmente se han rechazado las propuestas de las autonomías que querían más dureza. Y eso a pesar de que en los documentos preparados por los técnicos de Sánchez, en los que se plantean diferentes escenarios de gravedad, había otro tipo de medidas previstas, especialmente relacionadas con los aforos y los cierres de hostelería. Ocho comunidades autónomas se encuentran en el escenario 3, de los previstos en el borrador, en el que teóricamente se activaba la reducción del aforo en la hostelería y el cierre de discotecas. Teóricamente. Incluso hay algunas provincias que ya estarían en el escenario 4, que requeriría medidas más contundentes. Todo en teoría.

Lo que sí ha prometido Sánchez es la celebración de más reuniones de este tipo mientras la incidencia siga siendo alta, y el refuerzo de los equipos de vacunación y de rastreadores de las comunidades con el Ejército. Previamente a esta reunión ya se había decidido, ayer martes, por parte de la Comisión Pública, eliminar las cuarentenas de los contactos estrechos de los positivos con la variante Ómicron si están vacunados. Y todo apunta a que esta variante no tardará en ser mayoritaria en todas partes. 

De momento solo queda esperar a ver cómo evolucionan los datos, tanto de transmisión como de hospitalización y de ocupación de camas UCI. En base a ello se verá si deciden tomar alguna medida adicional, y si hay acuerdo al respecto. Pero hay muchos indicios que apuntan a que después de Navidad la situación puede haber empeorado mucho.

¡Habemus Presupuestos!

Hace un poquito más de un mes, días después de que se presentara en las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se lanzaba en este espacio una pregunta: ¿Es suficiente el presupuesto de Sanidad para el año 2022? No es una cuestión de fácil respuesta, pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad y con los datos en la mano es que los Presupuestos han superado el trámite de su aprobación en el Congreso, donde anteriormente se habían rechazado un total de siete enmiendas a la totalidad. Se puede afirmar también que el Ejecutivo central dedicará un total de 5.434 millones de euros a la Sanidad, lo que se traduce en un aumento de un 10 por ciento en esta partida. 176 millones de euros es el presupuesto para la Atención Primera; de ellos, 172 (el 98%) serán gestionados directamente por las Comunidades Autónomas.

El presupuesto sanitario sigue aún, evidentemente, con un ojo puesto en la pandemia de coronavirus. A la cantidad mencionada habría que añadir otra partida más, dotada con 1.172 millones de euros, exclusivamente para la compra de vacunas frente a la Covid-19. Además, se va a crear la Agencia estatal de Salud Pública, y se va a potenciar la Red de Vigilancia de Salud Pública. Sin duda se quiere estar mejor preparados ante la posibilidad plausible de que en el futuro se vuelva a presentar.

En algunos medios se puede leer que el presupuesto para Sanidad disminuye en un 10%, lo contrario que se acaba de comentar aquí. Nadie miente, depende de cómo se den los datos. La partida que ha disminuido mucho es la destinada a las vacunas, como también ha bajado la dotación de los fondos europeos de recuperación. Si se suman las dos partidas el montante global, 6.606 millones de euros, disminuye respecto al año anterior. Si no tenemos en cuenta la parte destinada a vacunas la partida sanitaria aumenta.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, obviamente, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que finalmente se han aprobado, aunque ahora tienen que remitirse al Senado, afirmando que “tienen como objetivo blindar la sanidad española, uno de los pilares del Estado de Bienestar". La ministra también ha hecho hincapié en el dinero destinado a Salud Mental y Bucodental

¿Y qué pasa en Madrid y en las otras Comunidades Autónomas?

No es necesario explicar a día de hoy que, con la actual estructura del Estado español, es responsabilidad de cada Comunidad Autónoma gestionar el dinero dedicado a la Sanidad, muy especialmente en su faceta asistencial. Y que cada gobierno regional presenta el presupuesto de su Departamento de Sanidad. A principios de mes eran al menos 10 las comunidades que habían hecho públicas sus partidas presupuestarias. Todas ellas con aumentos significativos en sus cuentas, con miras a reforzar sus sistemas sanitarios, tan maltratados por la lucha contra la pandemia. En todos los presupuestos juegan un papel las ayudas que llegan desde la Unión Europea. En este artículo de Diario Farma podéis consultar los detalles más importantes de las cuentas de algunas de estas comunidades, como Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura, Andalucía o, entre otras, también Madrid.

Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, lo más práctico es acudir a la fuente original, la web de la Comunidad, donde cuentan que para 2022 se maneja el presupuesto sanitario más alto de la historia, ya que se destinarán un total de 8.783 millones de euros a Sanidad. Esta cifra es más del 38% del presupuesto total de la región y supone un aumento de 693 millones respecto a la cantidad de 2019. Para conocer la cantidad presupuestada para las diversas partidas lo mejor es visitar el enlace propuesto, aunque se puede adelantar aquí alguna de las cifras. Por ejemplo, los 2.000 millones se dedicarán a Atención Primaria o la partida de más de 65 millones de euros para la reducción de las listas de espera. También se aumentará en 460 millones de euros el gasto en personal, de los que 220 se destinarán a nuevas contrataciones post-COVID.

La Fundación IDIS y el Foro Español de pacientes opinan sobre la futura Ley de Equidad

Recientemente se ha relatado en este espacio el comienzo de los pasos para que la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias, promovida por el actual Gobierno central, llegue a buen puerto: la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley. La primera opinión vertida, y recogida, al respecto fue la de su propio socio de gobierno, Unidas Podemos, que ya ha manifestado que van a presentar enmiendas durante su tramitación ya que, a su juicio “se mantiene intacta la normativa 15/1997 que permite la "privatización" de la sanidad pública”.

Con el paso de los días van surgiendo nuevas opiniones y algunas, como la de la Fundación IDIS, van en diferente sentido. En su caso valoran de forma positiva que se mantenga abierta la puerta a fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa. Es más, tal y como recogen en este artículo de iSanidad.com desde esta organización consideran que “es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo”.

Desde IDIS arguyen que la “falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia, según múltiples estudios contrastados, del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada” hace necesaria la implantación de otros sistemas más flexibles, eficientes y transparentes. Piensan que es la mejor forma de afrontar la falta de recursos a la que se enfrenta el sistema sanitario, agudizada por la pandemia del coronavirus. (Por desgracia, y habrá que comentarlo en otro momento, España no se va a librar de esta nueva ola que está atacando con virulencia a muchos países europeos).

Respecto a otros aspectos contenidos en el proyecto de Ley, la fundación IDIS ve razonable tanto la búsqueda de la universalidad como la supresión de los copagos. Una vez más, aunque la prensa recoge de forma fiel la opinión de esta organización, aquellos que prefieren acudir a la fuente original de cada estudio, pueden encontrar el comunicado completo en la web FundaciónIdis.com.

Algunos datos que dan como apoyo a su tesis de que el modelo de gestión directa no sea preferente son los medios que el sector sanitario privado aporta a la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, una dotación de 441 hospitales y 50.960 camas de hospitalización en España. También dan datos, aunque son de 2018, de las operaciones quirúrgicas realizadas y las urgencias atendidas en todo el territorio nacional.

No es la única opinión que se ha podido leer estos días sobre el Anteproyecto de Ley. También han hablado desde el Foro Español de Pacientes, opinión que se puede leer por ejemplo en DiarioFarma.com. En su caso también han aportado sus propuestas durante el período de consulta pública del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias.

Aunque el texto recoge una de sus principales demandas: la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, desde el Foro de Pacientes consideren que “la incorporación de asociaciones de pacientes al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS, se hace en términos de desigualdad con respecto a otros colectivos”. El presidente del FEP, Andoni Lorenzo, reclama igualdad frente a otros agentes, como sindicatos y empresarios, ya que en el caso de los pacientes han de compartir sus puestos en el Comité con otras asociaciones de naturaleza indeterminada. Ellos también valoran de forma positiva la universalidad, aunque reclaman financiación y más medios para que sea una realidad

El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva Ley de Equidad sanitaria

Durante el fin de semana se ha podido leer en la prensa que estaba previsto para hoy lunes que el Gobierno central aprobara la  Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, promovida por la ministra de Sanidad Carolina Darias, aunque se sabía de antemano que iban a hacerlo con el veto de la formación política, socia de gobierno, Unidas Podemos.

Siendo precisos, lo que finalmente se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros ha sido el proyecto de ley que ahora tendrá que ser remitido al Congreso de los diputados para ser tramitado. El objetivo de la nueva legislación, según la ministra Darias, es blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario. Desde Unidas Podemos insisten en su rechazo a al menos parte del texto, ya que manifiestan que se mantiene intacta la normativa 15/1997 que permite la "privatización" de la sanidad pública. También han anunciado que durante su tramitación presentarán diversas enmiendas.

Habrá que seguir el día a día de la tramitación de la futura Ley de Equidad con interés, y escuchar los aportes que tengan que hacer todas las fuerzas políticas, pero sin duda los ciudadanos agradecerán un debate en el que unos y otros utilicen los términos adecuados. No tiene nada que ver el concepto “privatización” de un servicio, por ejemplo, para ser usado por un número restringido de personas, con la gestión indirecta de centros hospitalarios para que, al contrario, sean accesibles a toda la ciudadanía de una Comunidad. Sin ir más lejos, este tipo de gestión y el marco legal que permite los acuerdos, hacen que los ciudadanos madrileños puedan hacer uso de la Fundación Jiménez Díaz, hospital que recientemente ha aparecido entre los 20 mejores del mundo en la lista elaborada por Forbes.

¿Está en riesgo la colaboración público-privada en Sanidad?

 Esta semana ha aparecido en prensa una noticia, concretamente en Redacción Médica, en la que afirman que el 74 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León encuestados considera necesario impulsar la cooperación entre el sector público y privado. La fuente de este dato es el informe Sanidad en España. Encuesta de percepción, desarrollada por la Fundación IDIS, que probablemente hayamos citado en este espacio alguna vez, ya que fue presentada en mayo de este año.

Es lógico que al hilo de esta cifra, cualquier ciudadano madrileño se pregunte si el dato en la Comunidad de Madrid es similar o no, ya que habiendo aquí en marcha una experiencia de colaboración, con cinco centros hospitalarios de gestión indirecta que conviven con el resto de los centros del sistema público, tiene sin duda gran interés.Tal y como se hizo público en mayo, en el conjunto de España son el 75% los ciudadanos encuestados que apoyan la colaboración público-privada en aras de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a más recursos. Podéis descargaros el informe completo, realizado por SIGMA 2, en la web de la Fundación IDIS, pero no muestran datos segmentados por comunidades autónomas. Cabe dentro de lo lógico pensar que la opinión en Madrid estará en consonancia con la media española.

Sobre el tema de la colaboración público-privada es posible que se hable mucho en los próximos meses. Probablemente más de un lector recuerde que en julio surgió la noticia, aquí comentada, de que desde la formación política Unidas Podemos se proponían intentar lograr la derogación de la ley que permite la gestión indirecta de hospitales (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) que en Madrid ha ayudado a reducir las listas de espera, entre otros efectos positivos.

Las novedades sobre el asunto pasan por la reciente presentación, concretamente el día 4 de octubre, de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que pide, según cuenta en un artículo de opinión Isidro Díaz De Bustamante, la derogación de varios artículos de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y la derogación completa de la Ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud (Ley 15/1997). Esto en la práctica supondría que serían imposibles los acuerdos como el que en este mismo momento está en marcha en Madrid. 

Según explica Bustamente, Presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, la ILP llega presentada por CAS, una asociación de asociaciones con presencia en diversas comunidades autónomas y miembros relacionados con diversas organizaciones políticas. Según cuentan en sus redes sociales desde la propia organización en principio la ILP ha sido rechazada en la Mesa del Congreso, por lo que no se llegará a debatir. Quizás hubiera sido interesante que sí se diera ese debate, pero explicando claramente al ciudadano lo que es la colaboración público privada, ya que como dice Bustamante: Esta ILP presentada el 4 de octubre falta a la verdad en su exposición de motivos, cuando equipara la colaboración público-privada, que se da en otros muchos sectores, con “privatización de la sanidad”. No, colaboración no es privatización, ni mucho menos.

Bustamente termina su exposición dando datos sobre el sector sanitario privado en la Comunidad de Madrid, que actualmente presta asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población. 

Se echa de menos, sin duda, un debate sosegado sobre el tema de la colaboración, que no parta de posturas fijadas a priori por planteamientos meramente ideológicos, y que no hurte datos y experiencias. El ciudadano madrileño merece algo más.

Se empieza a usar la sanidad privada en la lucha contra la segunda ola del coronavirus

 A finales del mes pasado la prensa informaba de algunas derivaciones de pacientes con covid-19 “concretas” hacia centros privados en las comunidades de Madrid, Navarra y Cataluña. El actual estado de alarma no contempla que la sanidad pública haga uso de los recursos de la sanidad privada, como sí estaba establecido en la primera ola. Así que, en este tema, como en otros muchos, cada comunidad autónoma continúa haciendo la guerra por su cuenta, y en cada región española se toman diferentes decisiones.

La semana pasada comentábamos aquí las recientes declaraciones que hacían desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) proponiendo fórmulas de colaboración. Posteriormente hemos leído el llamamiento que hacen desde CCOO y UGT en Aragón, animando a aprovechar los recursos de la sanidad privada, ya que consideran que la situación de los hospitales públicos (en la comunidad aragonesa) es preocupante por el aumento de ingresos de pacientes covid y que si se hace antes uso de los recursos la sanidad privada tendrá un papel fundamental para evitar que la pandemia se extienda.

Por otro lado en el caso de Cataluña sí que, desde el pasado viernes, se han dado pasos más claros para integrar tanto las mutuas de accidentes de trabajo como los centros de sanidad privados en el global del sistema publico de salud de manera temporal para anticiparse al aumento de presión asistencial derivado del coronavirus. El coordinador de la comisión de seguimiento de la lucha contra el covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, dio un dato espeluznante que justifica sobradamente la decisión: la red de unidades de cuidados intensivos del sistema está al 87% de su capacidad. Al integrar las camas para críticos que aportan la sanidad privada la cifra desciende hasta el 57% del total de ingresados en las UCI catalanas. Una vez más vemos que este tipo de decisiones, para trabajar juntos, se toman casi siempre en España cuando los sistemas ya están contra las cuerdas. Cuando puede ser tarde.

En la comunidad de Madrid, según datos de ayer mismo, la situación mejora lentamente y baja la presión hospitalaria tanto a nivel de camas en planta como de camas UCI. Recordemos que en la sanidad madrileña hay integrados en el sistema público sanitario varios hospitales de gestión indirecta. A todos los efectos son parte de nuestra sanidad así que, por descontado, están participando en primera línea en la lucha contra el covid-19, igual que lo están haciendo en el tratamiento de todas las demás enfermedades con excelentes índices de eficiencia. Este hecho, siendo positivo para afrontar la situación actual, no debería impedir que se unan a la lucha contra el SARS-CoV-2 aún más recursos privados y que lo hagan cuanto antes. De momento, crucemos los dedos para que los datos mantengan lo que parece ser una tendencia positiva, pero preparémonos para cualquier escenario, ya sea de esta tercera ola o de hipotéticas nuevas embestidas del coronavirus.

Es hora de usar todos los medios contra el coronavirus

 Una de las frases que más se ha repetido en los últimos meses ha sido que, aunque haya más casos, como se detecta más y se rastrea más, la situación no es tan complicada como la vivida en los meses de marzo y abril. El hecho es que la frase se empieza a desgastar de tanto usarla y empieza a ser ya, por culpa del paso de las semanas, tan solo una verdad a medias. Comunidades que sufrieron la primera oleada en menor medida que el resto de España, como Asturias y Andalucía ya están peor que en aquellos momentos. Por ejemplo, los hospitales andaluces ya tienen más ingresados por coronavirus actualmente que en el pico de marzo.

Pero la presión hospitalaria aumenta en toda España, lo que va a empezar a comprometer la asistencia sanitaria al resto de las enfermedades, ya que el tratamiento de la covid-19 nos canibaliza todos los medios de los que dispone la sanidad pública. Ya hay nueve comunidades autónomas cuyas UCI entran en riesgo, llegando los niveles de ocupación al 40% en las regiones más afectadas. En unos sitios más, en otros un poco menos, pero la situación es ya preocupante en toda España. Y en casi toda Europa.

Siempre decimos que hay que usar todos los recursos existentes para luchar contra esta pandemia. En otras ocasiones hemos hablado de usar las camas de los hospitales privados y concertados en la lucha directa contra el SARS-CoV-2. Ahora desde la sanidad privada sugieren otra posibilidad que podría ser interesante: crear un circuito no-covid para usar en caso de emergencia.

Desperdiciar el tiempo y los recursos, cuando la situación se empieza a parecer demasiado a la de finales de marzo y abril, sería demencial. Hay que actuar mejor y de forma más coordinada. Hay diversas formas de hacerlo pero lo importante sería tenerlo claro desde ya, porque la situación no deja demasiado margen de tiempo. Una podría ser la que se refleja en esta última propuesta de ASPE, creando corredores seguros para pacientes no-covid en la sanidad privada. La otra puede ser compartir el peso, como se venía proponiendo hasta ahora, de los tratamientos de los pacientes con covid-19 en todos los hospitales, sea cual sea su tipo de gestión. 

Puede haber infinidad de fórmulas intermedias. Cualquiera de ellas puede funcionar, siempre que se haga de forma organizada, coordinada, y bajo criterios que garanticen el mejor aprovechamiento de todos los medios disponibles. Lo que no podemos hacer es caer en la improvisación y tomar las medidas oportunas cuando ya estemos con el agua al cuello.

¿Es necesaria una auditoría de la gestión de la lucha contra coronavirus?

La verdad es que empiezan a ser muchas las voces cualificadas que dicen que sí, que no solo es necesaria, sino que es imprescindible y urgente. Una auditoría, por supuesto, científica y técnica, no política, llevada a cabo por expertos independientes, y realizada con el afán de saber qué se ha hecho bien, qué se ha podido hacer mal y, muy especialmente, qué se podría mejorar a partir de ahora. Porque, lamentablemente, esto no se ha acabado. Ni mucho menos.

Peticiones de este tipo ha habido varias a lo largo de los últimos meses. Una de la más reciente viene firmada por los médicos, concretamente por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). Aunque reconocen que el plan de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19, actualmente un documento aún en borrador, está más elaborado que planes anteriores, consideran que debería haber sistemas de auditoría externa que analicen las medidas tomadas y aporten mejoras hacia el futuro. Vamos, lo lógico.

Recordemos que este documento (intentaremos hablar más despacio sobre él cuando se presente la versión oficial) presenta cuatro niveles de riesgo diferentes (más un quinto escenario en el cual las cosas van razonablemente bien). Desde Facme piensan que las autoridades autonómicas y/o municipales deberían ser las encargadas de adaptar a sus territorios las medidas propuestas.

Paradójicamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ante la que ha sido la petición de auditoría que más eco ha recibido, ha mostrado su “buena predisposición” a realizarla. Estamos hablando de la carta publicada en la revista The Lancet donde expertos españoles y de otros países, a los que se sumaron numerosas sociedades científicas, pedían una "evaluación independiente e imparcial" de la labor realizada tanto por el gobierno central como por los 17 gobiernos autonómicos. Uno de los firmantes de la carta, Joan Carles March, ha dicho que sería muy importante no solo para afrontar la situación actual, también para prepararse contra futuras pandemias.

Se quieren evaluar muchos aspectos, no solo sanitarios; también las circunstancias sociales y económicas que han podido influir. Por desgracia, encabezamos muchos rankings negativos: somos el peor país en aprovechar la colaboración de la sanidad privada, en julio un informe de la Universidad de Cambridge calificó nuestra gestión de la primera ola como la peor de la OCDE y actualmente estamos presentando cifras críticas en la segunda ola. No es demasiado consuelo ver que muchos otros países europeos también van a peor. Hay mucho, demasiado por evaluar.

¿Por qué sería malo para todos subir el IVA a la sanidad privada?

La verdad es que es muy difícil no dejarse arrastrar por el tsunami que está suponiendo en nuestras vidas el coronavirus, y se hace harto complicado tocar toda clase de temas relacionados con la sanidad como hacíamos tan solo hace unos meses en estas líneas. Pero hay veces en las que se hace necesario hacer una pequeña pausa, tomar aire y revisar con un poco de calma la actualidad, fijarse en esas noticias que pasan un poco desapercibidas porque al momento quedan sepultadas con una cantidad ingente de datos, número de casos, tasas de incidencia y, por desgracia, cifras de fallecimientos causados por la covid-19.

Uno de los temas de los que se ha hablado, pero no lo suficiente, es la hipotética intención del Gobierno (de momento lo están evaluando) de gravar tanto la sanidad como la educación privadas con un IVA del 21%, en el marco de otros cambios posibles en los que determinados productos pasarían de IVAs reducidos (el 4% o el 10%) al IVA máximo, actualmente del 21%. 

En el caso de las actividades educativas y sanitarias hablaríamos de saltar de golpe de estar exentas a un IVA máximo. Esto ya choca de por sí. Además, en el caso de anular la exención es francamente llamativo que se imponga, un IVA máximo a actividades esenciales y de primera necesidad, como si se trataran prácticamente de artículos de lujo o innecesarios.

Según Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada, la propuesta busca desincentivar el uso de la sanidad privada, y es contraria al interés general. No solo señala lo que ya se ha comentado, que hablamos de un servicio de primera necesidad, sino que nos recuerda que la exención del IVA está presente para la sanidad en todos los Estados de la Unión Europea. Pone como ejemplo precisamente la Comunidad de Madrid, donde la sanidad privada presta servicio a 2,6 millones de habitantes. Indudablemente habría un traspaso de pacientes hacia la sanidad pública lo que redundaría en un aumento del gasto público.

Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo opinan que que "gravar con IVA la sanidad privada agravaría la viabilidad de la pública y las listas de espera". También creen que si finalmente se llevara a cabo iría en contra de los principios de la Unión Europea y que, además, perjudicaría a todos los ciudadanos.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, considera que "en estos momentos las subidas del IVA no son aconsejables”. Está claro que las subidas de IVA son una decisión aparentemente fácil de tomar cuando se quiere ingresar dinero de impuestos de forma rápida y constante. Ahora bien, cuando se toman decisiones de este tipo casi nunca se piensa en el sector afectado, ni en la repercusión que tendrá un aumento del 21% en el precio de un servicio esencial ni, mucho menos, en los ciudadanos. 

Actualización: Recién publicada esta pequeña reflexión sale alguna novedad al respecto. La última hora es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado entrever, según publican en Redacción Médica, que finalmente se descarta aplicar un IVA del 21% a los servicios que da la sanidad privada. Imaginamos que esto también incluye a la educación privada y otro tipo de servicios como, por ejemplo, las autoescuelas. Como veníamos comentando, y como recuerdan los representantes de diversos colegios profesionales, la exención actualmente aplicada emana de una Directiva europea y sería, por lo tanto, de obligado cumplimiento.

Coronavirus en Madrid: el culebrón que no cesa nos lleva al estado de alarma

Es una pena constatar que ahora mismo, en lugar de hablar de cómo afrontar mejor entre todos la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2, de cómo orientar todos los recursos disponibles, públicos y privados, en pos de un objetivo común, y de la evolución de la enfermedad en nuestra Comunidad, estamos a otra cosa. Los ciudadanos asistimos a discusiones entre los responsables políticos de las diferentes administraciones, con la guinda de la incertidumbre de no saber si las decisiones tomadas van a ser refrendadas o, por el contrario, anuladas o modificadas por el poder judicial.

Entre las últimas novedades tenemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando que afectaban a derechos y libertades fundamentales, anuló las medidas tomadas por el ministro Illa para confinar, especialmente, la ciudad de Madrid. Recordemos que en primera instancia la Comunidad puso en marcha confinamientos perimetrales que afectaban a unos barrios de Madrid capital y a otros no. Posteriormente el gobierno central ha optado porque toda España se someta a unas restricciones que, en función de tres baremos, marquen en qué momento se tiene que confinar una ciudad por completo.

El Gobierno decreta el 'Estado de Alarma' en la Comunidad de Madrid https://t.co/1MEeYHS9Oi

— Fuenlabrada Noticias (@Fn_noticias) October 9, 2020

Tras el varapalo judicial la situación cambió de nuevo, y el presidente Sánchez sugirió que iba optar por el estado de alarma en Madrid, pero ateniéndose a sus compromisos iba a abrir un nuevo proceso de negociación con la presidenta Ayuso. Mientras tanto, los ciudadanos madrileños hemos estado durante unas horas (y estaremos hasta que lo diga el BOE) sin unas restricciones claras que cumplir y escuchando peticiones, no respaldadas por normas, de que restrinjamos la movilidad. Pues bien, el culebrón en los últimos instantes acaba de dar un paso más, y finalmente desde el gobierno central ha decidido de forma unilateral decretar el estado de alarma para poder confinar Madrid y otras localidades de forma perimetral. Alegan que la Comunidad no ha aceptado ninguno de los escenarios propuestos por el gobierno. Esta decisión, motivada por la falta de acuerdo, junto a la guerra de cifras que se traen ambos gobiernos entre manos, cada uno de ellos respaldado por diversos medios de comunicación, va a traer cola. Ahora mismo los madrileños estamos confusos y a la expectativa, sin saber a ciencia cierta qué es lo que podemos hacer, y lo que no, y desde cuándo.

Y es inevitable pensar que, mientras todo el lío tiene que ver con un tipo muy concreto de medidas, no se habla de nada más. No se habla de los recursos del sistema sanitario que no se refuerzan, no se habla de la atención primaria, no se habla de que sería conveniente tener más rastreadores y no se habla de los últimos consejos de la comunidad científica, que advierten de la importancia ya demostrada del contagio por aerosoles, lo que multiplica la importancia del uso adecuado de las mascarillas y de la ventilación. No se habla de muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos si llegó a buen puerto el acuerdo de colaboración con la sanidad privada para que se de oxígeno al sistema de salud madrileño con el uso de esos recursos que ya están ahí, a nuestra disposición. Y lo mismo con la puesta en marcha de los hoteles medicalizados. Por favor, que las discusiones entre administraciones y las guerras de cifras no nos hagan olvidar todo esto. Lo más importante El coronavirus sigue ahí.

Y estas son las medidas específicas de Madrid contra el coronavirus

Finalmente el viernes pasado, mediante comparecencia pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, desgranaron una serie de medidas, alguna de ellas no exenta de cierta polémica.

Las medidas tomadas las podríamos dividir en medidas generales para toda la Comunidad de Madrid y en los confinamientos. Algunas de las medidas genéricas son:

Se quiere hacer cerca de 900.000 tests rápidos en las zonas más afectadas, para evaluar la situación en cada una de ellas.

Límite de seis personas en cualquier reunión.

Vigilancia del cumplimiento de las cuarentenas de los enfermos o sospechosos de infección.

Por otro lado tenemos los confinamientos selectivos, que afectan a casi 900.000 ciudadanos, de las 37 zonas básicas de salud más afectadas por el coronavirus (las que tengan una incidencia mayor a 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes) . Estos confinamientos son más bien un conjunto de restricciones del movimiento, cierre de parques y jardines y limitación de aforo al 50% en comercios, hostelería y otros lugares cerrados. En la web de la comunidad de Madrid (ojo, es un PDF), tenéis el listado de zonas afectadas, su ubicación y los criterios de selección que han empleado.

ℹ️ La Comunidad de Madrid ha dictado una nueva orden de Sanidad, con el objetivo de continuar conteniendo el coronavirus.

Las medidas se aplican en la siguientes zonas básicas de salud, que puedes consultar en:

👉 https://t.co/h4RvqTZT0U

👉 https://t.co/LTdzTZBGXq pic.twitter.com/jHFHjO5zGj

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 18, 2020

Un problema que generan este tipo de medidas es la confusión (y también muestras de rechazo) con ciudadanos madrileños, especialmente de la capital, segmentada en diversas zonas de salud, que pudieran en un momento dado no saber exactamente si los confinamientos selectivos les afectan o no. Algunos medios de comunicación han intentado paliar esto con buscadores de calles confinadas, para poder comprobarlo de forma cómoda.

El último capítulo de esta historia es la reunión que han tenido Ayuso y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuya única conclusión clara es que han creado un grupo conjunto de trabajo y poco más. Nadie va a decir, por supuesto, que la intención de trabajar de forma coordinada sea mala, todo lo contrario, pero queda la duda de en qué va a consistir exactamente esta colaboración.

Lo que tenemos que tener todos claro es que hay que bajar la incidencia del SARS-CoV-2 YA, que hay poner todos los recursos a nuestro alcance, públicos y privados, a pelear contra el virus, ya que no podemos permitirnos que la pandemia absorba toda nuestra capacidad de respuesta sanitaria. Las cirugías urgentes no pueden posponerse, las urgencias no pueden volver a saturarse y la presión sobre los hospitales no puede ir a más. Ese es el reto.

Sobre mutualismo administrativo, coronavirus y listas de espera

Llama la atención que en el momento en el que todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en reforzar nuestra sanidad, contra la más que previsible segunda ola del coronavirus surja, cual serpiente de verano, un debate diferente. La duda con la siguiente oleada del SARS-CoV-2 es si llegará en otoño, si la estamos viviendo ya con los rebrotes que vemos a diario y la situación en Aragón y Cataluña… O, hay un tercer escenario: que no llegue nunca como tal, pero permanezcamos en la coyuntura actual, detectando rebrotes y apagando fuegos muchísimo tiempo, pero sin que se nos vaya de las manos.

Por eso sorprende que justo en estos momentos, desde el Ministerio de Sanidad, tal y como se plasma en un documento denominado "Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID 19", se ponga en entredicho el modelo que representan MUFACE y las otras mutualidades. Prescindir de ellas se traduciría en que, de un día para otro, la sanidad pública tendría que atender a cinco millones de personas más, con el consiguiente impacto en su funcionamiento y, especialmente, en las listas de espera, ya especialmente trastocadas.

Desde el ámbito de la sanidad privada la Fundación ISIS apuesta por sumar esfuerzos. A día de hoy afirman que ya hay 8,7 millones de personas aseguradas, y eso sin contar los mutualistas, con el consiguiente ahorro para el sector público. Sobre el mutualismo administrativo nos recuerdan que es la opción elegida, con libertad, por el 84% de los funcionarios, su eficiencia y que "favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado”.

Por su parte, desde el CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, han remitido una carta a Salvador Illa, transmitiéndole la inquietud que el mencionado documento de trabajo ha generado en los trabajadores públicos, y trasladándole que opinan que el mutualismo administrativo reduce además la presión asistencial en el sistema público de Sanidad.

Pero, ¿qué opinan los ciudadanos? Pues a tenor de los resultados de la encuesta elaborada por SIGMA Dos para la Fundación IDIS, alrededor del 70% de los interpelados piensan que el aporte de la sanidad privada es importante para reducir las listas de espera en operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, en particular, y para evitar que el sistema sanitario público se sature, en general. Un 77% de los encuestados afirman, también, que  los recursos tecnológicos de la sanidad privada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades son buenos o muy buenos.

Es especialmente valorado como un punto fuerte de la sanidad privada sus menores tiempos de espera. También se ha preguntado, era lo procedente, sobre la labor que ha hecho la sanidad privada durante la crisis del coronavirus. Un 61,4% lo han considerado positivo.

A tenor de todo lo leído surgen varias reflexiones. Por un lado, si nos centramos en el tema de las mutuas, cuestionar el oportunismo de "sacar el tema" ahora, aunque sea un documento de trabajo. Y por otro, insistir en que lo más racional es siempre utilizar, es decir, poner al servicio de todos los ciudadanos, todos los medios, centros y personal cualificado que tenemos a nuestro alcance. Son mayoría los españoles que piensan que la sanidad pública y la privada tienen que colaborar para prestar una correcta asistencia a los ciudadanos. Pero es que ahora, para afrontar la crisis del coronavirus, que dista mucho de haber acabado, es más importante que nunca. Ejemplos de lo importante que es dicha colaboración los vemos a diario, y las trincheras son muchas, ya que hay que empezar a dar más peso a la prevención y a la Salud Pública, para detectar los probables casos cuanto antes, además de cuidar el frente asistencial.