Vuelve el debate sobre el IVA en la sanidad

Vuelve a estar sobre la mesa lo que podríamos considerar uno de esos debates recurrentes: la supresión o no de la exención de IVA a la sanidad privada. Es un tema que ha planteado la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como una de las medidas dentro de los Presupuestos del Estado para el año que viene. Es de suponer que la propuesta cuenta con el aval de la Ministra de Sanidad, de la misma formación política.

Como recuerdan en este artículo, este debate no es nuevo, y la última vez que se planteó fue en 2020, aunque en aquella ocasión fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que dio carpetazo a la idea. No en vano, como recuerdan desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la normativa europea “establece un marco común relativo al sistema del IVA”, en el cual se indica que "entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas se sitúan las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria”, entre otros.

Más allá de este debate, siempre interesante, en este espacio siempre se ha abogado por la colaboración público-privada. Por ver las cosas desde un prisma que no se queda encajonado en la batalla política, sino que busca colocar al paciente en el centro de la sanidad. Y no hay mejor forma para ello que poner al alcance de toda la ciudadanía cuantos más recursos mejor, sean de naturaleza totalmente pública, o mediante diversas fórmulas de gestión indirecta, en las que una entidad privada de servicio a todos los ciudadanos, en este caso a los madrileños. Una gestión indirecta que no tiene nada que ver con privatizaciones.

De hecho, en Madrid, los hospitales de gestión indirecta han influido de forma muy positiva, por ejemplo, en las listas de espera de la Comunidad, aún mejorables, pero muy bien situadas respecto a la media española.

¿Por qué sería malo para todos subir el IVA a la sanidad privada?

La verdad es que es muy difícil no dejarse arrastrar por el tsunami que está suponiendo en nuestras vidas el coronavirus, y se hace harto complicado tocar toda clase de temas relacionados con la sanidad como hacíamos tan solo hace unos meses en estas líneas. Pero hay veces en las que se hace necesario hacer una pequeña pausa, tomar aire y revisar con un poco de calma la actualidad, fijarse en esas noticias que pasan un poco desapercibidas porque al momento quedan sepultadas con una cantidad ingente de datos, número de casos, tasas de incidencia y, por desgracia, cifras de fallecimientos causados por la covid-19.

Uno de los temas de los que se ha hablado, pero no lo suficiente, es la hipotética intención del Gobierno (de momento lo están evaluando) de gravar tanto la sanidad como la educación privadas con un IVA del 21%, en el marco de otros cambios posibles en los que determinados productos pasarían de IVAs reducidos (el 4% o el 10%) al IVA máximo, actualmente del 21%. 

En el caso de las actividades educativas y sanitarias hablaríamos de saltar de golpe de estar exentas a un IVA máximo. Esto ya choca de por sí. Además, en el caso de anular la exención es francamente llamativo que se imponga, un IVA máximo a actividades esenciales y de primera necesidad, como si se trataran prácticamente de artículos de lujo o innecesarios.

Según Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada, la propuesta busca desincentivar el uso de la sanidad privada, y es contraria al interés general. No solo señala lo que ya se ha comentado, que hablamos de un servicio de primera necesidad, sino que nos recuerda que la exención del IVA está presente para la sanidad en todos los Estados de la Unión Europea. Pone como ejemplo precisamente la Comunidad de Madrid, donde la sanidad privada presta servicio a 2,6 millones de habitantes. Indudablemente habría un traspaso de pacientes hacia la sanidad pública lo que redundaría en un aumento del gasto público.

Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo opinan que que "gravar con IVA la sanidad privada agravaría la viabilidad de la pública y las listas de espera". También creen que si finalmente se llevara a cabo iría en contra de los principios de la Unión Europea y que, además, perjudicaría a todos los ciudadanos.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, considera que "en estos momentos las subidas del IVA no son aconsejables”. Está claro que las subidas de IVA son una decisión aparentemente fácil de tomar cuando se quiere ingresar dinero de impuestos de forma rápida y constante. Ahora bien, cuando se toman decisiones de este tipo casi nunca se piensa en el sector afectado, ni en la repercusión que tendrá un aumento del 21% en el precio de un servicio esencial ni, mucho menos, en los ciudadanos. 

Actualización: Recién publicada esta pequeña reflexión sale alguna novedad al respecto. La última hora es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado entrever, según publican en Redacción Médica, que finalmente se descarta aplicar un IVA del 21% a los servicios que da la sanidad privada. Imaginamos que esto también incluye a la educación privada y otro tipo de servicios como, por ejemplo, las autoescuelas. Como veníamos comentando, y como recuerdan los representantes de diversos colegios profesionales, la exención actualmente aplicada emana de una Directiva europea y sería, por lo tanto, de obligado cumplimiento.