La verdad es que es muy difícil no dejarse arrastrar por el tsunami que está suponiendo en nuestras vidas el coronavirus, y se hace harto complicado tocar toda clase de temas relacionados con la sanidad como hacíamos tan solo hace unos meses en estas líneas. Pero hay veces en las que se hace necesario hacer una pequeña pausa, tomar aire y revisar con un poco de calma la actualidad, fijarse en esas noticias que pasan un poco desapercibidas porque al momento quedan sepultadas con una cantidad ingente de datos, número de casos, tasas de incidencia y, por desgracia, cifras de fallecimientos causados por la covid-19.
Uno de los temas de los que se ha hablado, pero no lo suficiente, es la hipotética intención del Gobierno (de momento lo están evaluando) de gravar tanto la sanidad como la educación privadas con un IVA del 21%, en el marco de otros cambios posibles en los que determinados productos pasarían de IVAs reducidos (el 4% o el 10%) al IVA máximo, actualmente del 21%.
En el caso de las actividades educativas y sanitarias hablaríamos de saltar de golpe de estar exentas a un IVA máximo. Esto ya choca de por sí. Además, en el caso de anular la exención es francamente llamativo que se imponga, un IVA máximo a actividades esenciales y de primera necesidad, como si se trataran prácticamente de artículos de lujo o innecesarios.
Según Isidro Díaz de Bustamante, presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada, la propuesta busca desincentivar el uso de la sanidad privada, y es contraria al interés general. No solo señala lo que ya se ha comentado, que hablamos de un servicio de primera necesidad, sino que nos recuerda que la exención del IVA está presente para la sanidad en todos los Estados de la Unión Europea. Pone como ejemplo precisamente la Comunidad de Madrid, donde la sanidad privada presta servicio a 2,6 millones de habitantes. Indudablemente habría un traspaso de pacientes hacia la sanidad pública lo que redundaría en un aumento del gasto público.
Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo opinan que que "gravar con IVA la sanidad privada agravaría la viabilidad de la pública y las listas de espera". También creen que si finalmente se llevara a cabo iría en contra de los principios de la Unión Europea y que, además, perjudicaría a todos los ciudadanos.
Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, considera que "en estos momentos las subidas del IVA no son aconsejables”. Está claro que las subidas de IVA son una decisión aparentemente fácil de tomar cuando se quiere ingresar dinero de impuestos de forma rápida y constante. Ahora bien, cuando se toman decisiones de este tipo casi nunca se piensa en el sector afectado, ni en la repercusión que tendrá un aumento del 21% en el precio de un servicio esencial ni, mucho menos, en los ciudadanos.
Actualización: Recién publicada esta pequeña reflexión sale alguna novedad al respecto. La última hora es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado entrever, según publican en Redacción Médica, que finalmente se descarta aplicar un IVA del 21% a los servicios que da la sanidad privada. Imaginamos que esto también incluye a la educación privada y otro tipo de servicios como, por ejemplo, las autoescuelas. Como veníamos comentando, y como recuerdan los representantes de diversos colegios profesionales, la exención actualmente aplicada emana de una Directiva europea y sería, por lo tanto, de obligado cumplimiento.
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