Por desgracia parece que las peores expectativas se van cumpliendo y España entra de nuevo en un escenario negativo, al menos en cuanto al aumento de los contagios. Ya no se puede hablar de una o dos comunidades autónomas tan sólo, sino de un aumento global de la incidencia, aunque preocupen especialmente situaciones como las de Cataluña y Cantabria. Pero, sobre todo, lo que más intranquiliza es la incidencia en menores de 30 años, ya que mientras en toda España se ha situado por encima de 200 (IA a 15 días) tras el fin de semana entre los más jóvenes las cifras se triplican. Posiblemente se debe también a su forma de relacionarse, son los que más han cambiado su forma de vida con la pandemia, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que lo más importante es que es un colectivo sin vacunar. Sea por una causa u otra preocupan, y mucho, brotes como los de Mallorca y Salou. Por eso, esta misma semana puede que veamos decisiones en torno a la vacunación de este colectivo.
El camino se hace largo, el riesgo de que los sistemas sanitarios se tensionen de nuevo no desaparece, y diversas voces recuerdan que llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin la colaboración entre la sanidad pública y privada. Alberto de Rosa, director para Europa de la aseguradora Centene, defiende la colaboración, no solo en el contexto de la pandemia, y esgrime como argumento que cuando la Comunidad Valenciana abandonó el modelo Alzira las listas de espera se triplicaron. En este blog ya se comentó que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales costó dinero a los contribuyentes valencianos.
Precisamente desde la Comunidad Valenciana llega la noticia de que la otra fórmula de colaboración permanente que quedaba, el departamento de Salud de Torrevieja, que incluye un hospital, también va a revertirse, como en el caso de Alzira. La decisión se tomó en octubre sin tener en cuenta las cifras positivas de la gestión indirecta que ofrecía un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana. Los responsables de la gestión que ahora mismo está en el aire opinan que se trata de una decisión meramente política que no tiene en cuenta los derechos de los ciudadanos a tener la mejor sanidad. Insisten en que con la pandemia deberíamos haber aprendido “que tanto el modelo público como el privado son imprescindibles para dar la mejor asistencia”.
Llegados a este punto merece la pena recordar que aquí, en la Comunidad de Madrid, la gestión indirecta (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) ha demostrado en numerosas ocasiones que puede servir para reducir las listas de espera a la vez que supone un ahorro estimable para las arcas públicas. Dicho modelo podría estar en peligro si prosperara la derogación de la ley que permite la gestión indirecta, tal y como han propuesto desde la formación Unidas Podemos. Estiman que así blindarían la sanidad pública ya que consideran a la gestión indirecta una privatización, cuando no lo es. Se echa de menos además un análisis serio, y con datos, de lo que gracias a la colaboración público-privada se puede lograr, poniendo todos los recursos posibles al alcance del ciudadano.
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