La libre elección de hospital en el alero

Esta semana se pueden leer en prensa dos noticias cuya lectura conjunta no es precisamente complementaria, sino que resulta muy paradójica. Por un lado tenemos una cifra ciertamente de peso: son ya más de 115.000 los madrileños que han decidido cambiar de hospital para evitar las listas de espera que actualmente sufren. La importancia de este cambio estriba en que han decidido abandonar el que era su centro de referencia, “el que les corresponde”, (normalmente el más cercano a su domicilio), para empezar a acudir a uno de los cinco hospitales que a día de hoy son de gestión indirecta en la comunidad de Madrid.

Recordemos que actualmente un madrileño puede optar por elegir libremente en qué hospital quiere ser atendido, según lo estipulado en la la ley actual. Esta ley regula la libre elección tanto de médico de familia, pediatra y enfermero en la atención primaria, como como la del médico y hospital en la atención especializada, estando excluidas únicamente la atención domiciliaria y las urgencias.

Y no solo se pide el cambio de hospital debido a las listas de espera. Aunque sin duda sea la causa principal también hay otras, como el equipamiento tecnológico del nuevo centro elegido, el trato recibido o la efectividad de los tratamientos. Cabe destacar que el listado de menores listas de espera está encabezado por dos centros de gestión indirecta, como son el Hospital Universitario Infanta Elena y la Fundación Jiménez Díaz, con cifras muy inferiores a la media de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Como contraposición a todo lo relatado también podemos leer en prensa la noticia sobre la proposición no de ley presentada por el grupo Más Madrid, para su debate en la Asamblea de Madrid, que apostaba por poner punto y final al convenio que el Servicio Madrileño de Salud tiene a día de hoy suscrito con la Fundación Jiménez Díaz. La proposición también ponía en entredicho todo el funcionamiento actual del sistema de salud madrileño. Por suerte para los pacientes madrileños finalmente dicha proposición ha sido desestimada.

No está de más recordar que la situación actual, en la que conviven de forma satisfactoria cinco centros de gestión indirecta con el resto de los hospitales, de gestión pública, es la que ha propiciado la reducción de las listas de espera. Las cifras son mejores en los centros gestionados de firma indirecta y por eso los madrileños, ejerciendo su derecho a la elección de centro de atención especializada están optando por ellos para sucesivas consultas, tratamientos y operaciones.

El texto de la proposición no de ley ponía en solfa los convenios suscritos y la elección de centro por parte de los pacientes. Es muy curioso percatarse de que la propia proposición presentada por el grupo Más Madrid reconocía, dentro de los puntos de su argumentario, que la principal causa por la que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid piden el cambio de Hospital, trasladándose en la mayoría de los casos a uno de los centros de gestión indirecta, es que en ellos las listas de espera son menores, sin entrar a profundizar en por qué, sin ver que la gestión es más racional y efectiva en dichos centros.

No acaban aquí las paradojas ya que la proposición también asumía que los hospitales de gestión indirecta son más recomendados por los pacientes, muestran unos mayores índices de satisfacción, lo que conlleva en una mayor fidelización de los usuarios. Por contra, algunos de los argumentos que ponían en contra de los convenios actuales son fácilmente rebatibles, como cuando señalaban que las carteras de los servicios de los hospitales de gestión indirectos son inferiores. Solamente hay que mirar las especialidades que ofrecen, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Rey Juan Carlos, para comprobar que esto no es cierto.

Soluciones para las listas de espera

Esta semana, los medios destacaron una noticia cuanto menos reveladora para nuestra Sanidad. La espera quirúrgica media en la sanidad privada es de 30 días, un dato que contrasta tristemente con los más de 90 días que los pacientes aguardan para una operación en la sanidad pública. Los datos han sido extraídos del Estudio RESA 2019, impulsado por la Fundación IDIS y que, un año más, ha analizado los resultados de 325 centros privados y más de 200 centros de reproducción asistida. 

Además de los datos, que deberían hacernos reflexionar sobre los puntos débiles del sistema público y su constante necesidad de mejora, llama la atención el apunte que el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, hizo durante la presentación del informe: «Sanidad pública y privada no son antagónicas, son complementarias». La colaboración, dijo el político, resulta imprescindible para el mantenimiento del sistema. 

Si bien es cierto que nuestra sanidad pública ha sido siempre uno de nuestros grandes motores también lo es que, en los últimos años, la escasez de inversiones ha lastrado a un sistema que, tristemente, está dejando de ser envidiable. Si a esto añadimos que, para determinados sectores, combatir las sombras de la sanidad pública mediante la colaboración público-privada es una opción totalmente descartada, concluiremos que, con el paso de los años, nuestra sanidad corre el riesgo de degradarse todavía más. 

Especial relevancia tienen también las recientes declaraciones del presidente del IDIS, Juan Abarca, haciendo hincapié en la necesidad de transparencia e información pública para medir los resultados sanitarios y mejorar el sistema de salud. Aunque podría parecer lógico que los responsables sanitarios deben llevar por bandera la transparencia, en los últimos meses venimos leyendo mucho sobre falta de rigor en las listas de espera y pacientes que afloran, de repente, en las cuentas de los ejecutivos autonómicos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de Andalucía, donde el Ejecutivo entrante tuvo que meter mano a las listas «falseadas» y recurrir a colaboraciones público-privadas para solucionar el problema. 

Sin duda, informes como el Estudio RESA son realmente necesarios para que el ciudadano comprenda el alcance del problema. Una lista de espera de más de 90 días para una intervención quirúrgica es una absoluta barbaridad. Más lo es cuando nuestros responsables tienen en su mano la solución a través de colaboraciones con el sistema privado, que ha demostrado ser eficiente. No perdamos más el tiempo. 

Inversión para el tratamiento de pacientes con problemas mentales

Los datos conocidos esta semana sobre el suicidio en España son desalentadores. Según datos de 2017, es la principal causa de muerte externa, con 3569 fallecimientos. Ante esta cifra, el Gobierno busca desesperadamente una estrategia para frenar el incremento de suicidios en España aunque lo cierto es que, en el año que Luisa Carcedo lleva al frente de Sanidad no ha habido ninguna propuesta clara al respecto. Cabe recordar que nuestro sistema sanitario ha quedado anticuado en cuanto a protocolos y tratamiento psicológico y psiquiátrico de pacientes en riesgo. El constante freno a la inversión no ha hecho más que paralizar las políticas en este sentido y, por ello, nuestro país va a la zaga en cuanto a tratamiento de pacientes.

Está bien que, como dice esta información, el Ejecutivo quiera ahora ponerse las pilas buscando una estrategia para paliar la situación. Sin embargo, hay varias barreras a la hora de buscar soluciones efectivas. La primera es la de la inversión. Nuestra Sanidad Pública lleva ya mucho tiempo siendo la última de la lista en los Presupuestos Generales del Estado y, con los problemas actuales en cuanto a listas de espera, saturación de médicos y hospitales deficientes, no sabemos cuánto dinero destinará el previsible Gobierno de Pedro Sánchez a una estrategia contra el suicidio. Parece que, ahora que vamos de camino a unas nuevas elecciones, el Ejecutivo prefiere lanzar proclamas sobre todo lo que pretende arreglar aunque luego todo quede en el tintero.

Es lamentable que nuestros centros de salud no cuenten con un gabinete psicológico y psiquiátrico a pleno rendimiento. ¿Ha intentado usted ir al psiquiatra en la sanidad pública? ¿Para cuándo le dieron cita? No son pocos los pacientes que acuden a su centro de salud con crisis de ansiedad y reciben una mera receta y su baja médica. No es culpa de los doctores, faltaría más, sino de su falta de medios. Las especialidades importantes brillan por su ausencia en los centros de salud. Está claro que para abordar una estrategia contra el suicidio necesitamos fondos. Fondos para invertir en profesionales, en consultas, en implementar medidas que ayuden a los pacientes a ver la vida con otra perspectiva. Pero los fondos, por el momento, no llegan. Seguimos con las consultas saturadas, con los médicos que dedican 5 minutos por paciente, con instalaciones arcaicas en algunos hospitales… Lo que de verdad hace falta es una buena política inversora que ponga sobre la mesa que la Sanidad es el pilar fundamental de un Estado de Bienestar y que el Gobierno actúe en consecuencia.

Para colmo, la última propuesta del PSOE a Podemos pretende eliminar todos los conciertos público-privados y, con ello, saturar todavía más los centros de salud público por la llegada de nuevos pacientes. Si nuestro presidente en funciones no tiene altura de miras y no es capaz de entender que el sistema flaquea y que, por ello, debe hacer eso de todos los mecanismos a su alcance, como la colaboración público-privada, mal futuro nos espera. Seguirán las huelgas de doctores indignados, las listas de espera para consultas y operaciones y la falta de avances. Esperemos que recapaciten.

Soluciones urgentes para el drama de las listas de espera

Las listas de espera son un problema acuciante en la Sanidad Española. Con frecuencia, la demora en la atención a los pacientes ocupa titulares de prensa y quejas en las redes sociales, y no sin motivo. Acudir a un especialista es una tarea harto compleja en nuestro sistema sanitario y la demora quirúrgica mantiene a muchos ciudadanos hastiados y con la incertidumbre de saber cuándo podrán ser operados de sus dolencias. 

A propósito de su toma de posesión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en varias entrevistas que la Sanidad sería una de sus prioridades. Tomando, quizás, como referencia el modelo andaluz, donde el actual consejero ha reducido significativamente la espera, Ayuso ha prometido que sus únicos recortes en el sector sanitario afectarán a las demoras y serán en beneficio del ciudadano. Si esto se cumple, el modelo madrileño continuará siendo una referencia a tener en cuenta por otras regiones que deben tomar nota de cómo nuestros líderes políticos tienen la responsabilidad de aprovechar todos los mecanismos a su alcance para mejorar la situación.

En lo que se refiere a las listas de espera en Madrid, los últimos datos muestran que, como no podía ser de otra forma, hay margen de mejora en cuanto al tiempo de demora. De sobra es conocido el éxito de hospitales de colaboración público-privada, como la Fundación Jiménez Díaz, que lleva tiempo liderando el ranking de hospitales con menor lista de espera quirúrgica en Madrid. Mientras numerosos hospitales regionales de gestión pública acumulan tiempo de espera, el centro hospitalario de gestión compartida es alabado por reducir sus cifras.

En julio fueron 70.905 pacientes los que engrosaron las listas de espera quirúrgicas, una cifra que se incrementa cada verano en la Comunidad de Madrid. El pasado año, mientras la etapa estival incrementó la espera quirúrgica en la región, hospitales de gestión privada de la red madrileña reducían sus listas mientras la demora para intervenciones seguía aumentando en la sanidad pública.

También ha aumentado este verano, a tenor de los datos, la lista de espera para pruebas diagnósticas así como los que esperan para consultas externas.

De entre los hospitales de alta complejidad, la Fundación Jiménez Díaz es uno de los más eficientes tal y como demuestran las últimas clasificaciones. Si hacemos una rápida búsqueda en el centro hospitalario veremos, por especialidades, como la demora para operar no llega a los 30 días en ninguno de los casos:

En nuestra región, según los datos mostrados en la primera tabla que hace referencia a los hospitales públicos, más de 7.000 personas esperan entre 90 y 180 días para ser operadas; más de 58.000 aguardan más de 90 días para pruebas diagnósticas y hay más de 147.000 pacientes a la espera de una primera consulta durante más de tres meses. ¿Es esto un sistema envidiable?

El SNS debe reforzar sus colaboraciones y acudir a mecanismos que ya han demostrado ser exitosos para ayudar a aquellos pacientes que aguardan con ansia una operación o una primera consulta. Habrá que estar pendiente a las medidas de Ayuso y comprobar si, como dice, realmente comienza atajando esta lacra en nuestro sistema sanitario que los pacientes no deben soportar un minuto más.

Año y medio para recibir un diagnóstico

El pasado fin de semana la edición valenciana de el diario El Mundo daba una noticia cuyo titular era imposible no comentar: «Cita con el neurólogo en la sanidad pública: pásese en año y medio». Tras haber solicitado una consulta el pasado 3 de julio, un paciente de Vinarós ha sido citado el 4 de noviembre de 2020. Las listas de espera son, sin duda, una de las peores enfermedades de cuantas hoy tiene nuestra preciada sanidad pública. A la cabeza unos años atrás, el sistema en otro tiempo puntero no para de llenar titulares debido a su retraso en la citación de pacientes y a las condiciones laborales de los facultativos. Desde que comenzó el verano, sin ir más lejos, se cuentan por decenas los titulares en prensa que hablan de la falta de camas en las urgencias de cada ciudad española. 

El caso que pone de manifiesto El Mundo habla de un paciente que tendrá que esperar un año y cinco meses para conocer el motivo de su dolencia. Definitivamente, no se puede alardear de la Sanidad Pública cuando tenemos pacientes relegados a la última fila y pensando en cuáles son las causas de su malestar hasta que el sistema se decida a tratarles. Como dice la noticia del periódico nacional, el argumento esgrimido por el centro hospitalario de Castellón para semejante lista de espera es la “falta de personal y la saturación de los servicios que, según la dirección, trabajan por encima de sus posibilidades”. 

Las especialidades con mayor lista de espera, reza el artículo, son Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica, Traumatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Vascular, Urología, Otorrinolaringología, Ginecología, Cirugía General y Oftalmología.

Otro de los problemas que quizá pasa desapercibido para el ciudadano es la dificultad de conocer la realidad de las listas de espera. Además de las personas que esperan para ser operadas existen cientos más que todavía no han visto por vez primera al especialista. Estas personas, al no haber recibido el diagnóstico, no entran en las listas de espera publicadas por cada región, por lo que los datos en este sentido no son siempre los que se nos muestran. 

Precisamente en la Comunidad Valenciana la entonces consellera, Carmen Montón, aseguró que acabaría con todos los conciertos público-privados para devolver la sanidad a lo público. La decisión, muy bonita en el discurso, no ha tenido el efecto deseado para ninguna de las partes. La reversión del Hospital de Alzira, que obedeció a una decisión más política que social, ha tenido un efecto del todo negativo para los pacientes que, a fin de cuentas, son los únicos que importan en la Sanidad Pública. 

El centro hospitalario ha aumentado sustancialmente las reclamaciones recibidas y los profesionales han hecho algo nunca visto en el hospital: manifestarse para reivindicar mejores condiciones. La Administración, que se gastó una millonada en despidos improcedentes tras la reversión, no tuvo en cuenta las necesidades reales del ciudadano a quien, a fin de cuentas, tan solo le importa recibir un buen diagnóstico y en un periodo de tiempo aceptable. 

A pesar de las demoras y los malos datos, el caso Alzira sigue siendo vendido como un éxito por aquellos que se empeñan en defenestrar los convenios a toda costa. Convenios que habría que recordar existen con el único objetivo de implementar el SNS y mejorar la calidad de atención al paciente. Puede que, cuando aquellos que defienden este tipo de decisiones se percaten de cómo han contribuido a llevar a la ruina a un modelo puntero, sea ya demasiado tarde.