La Comunidad Valenciana sigue aumentando su colaboración con la sanidad privada

Hace un par de semanas expertos de diversas empresas del sector hospitalario estuvieron intercambiando ideas sobre la colaboración público-privada y sobre el futuro de la sanidad privada en la provincia de Alicante, en el marco del II Foro Económico organizado por el diario El Español en dicha provincia.

Todos los expertos coincidieron en “la importancia de la colaboración público-privada para mejorar la sanidad en España” y, por supuesto, en la propia provincia de Alicante. Se habló de los cambios de hábitos de muchos pacientes que se acercaron a la sanidad privada a raíz de la pandemia, y del aporte que la colaboración público-privada puede tener para reducir las listas de espera.

Es interesante que dicho encuentro haya tenido lugar en la Comunidad Valencia, región en la que, como ya se ha comentado aquí, está atravesando una curiosa situación. Por un lado se están revirtiendo los acuerdos de colaboración público-privada que existían, mientras por otro se está recurriendo a la sanidad privada, como única salida para aliviar las listas de espera. Es decir, se quiere mantener una decisión política a pesar de que las cifras dicen que ha tenido un coste para las arcas públicas, y a la vez se paga el gasto adicional de hacer derivaciones a la sanidad privada

Desde ayer jueves, en el Diario Levante se puede leer: “Sanidad mandará a la privada otras 15.000 resonancias más al año tras revertir el servicio”. A día de hoy la lista de espera en algunos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana para hacerse una resonancia puede llegar a los 8 meses, de ahí la decisión. La paradoja es que aumentan la dependencia de la sanidad privada dentro de un marco en el que pretenden, teóricamente, reducirla.

Parece que ha sido mala idea continuar con el proceso de reversión de las colaboraciones en un contexto en el que la sanidad valenciana, como todas en España, aún arrastra unas listas de espera “inflamadas” por el efecto de la pandemia. Pero la peor idea de todas es renunciar a acuerdos de colaboración público-privados, con la gestión indirecta de centros hospitalarios, y cambiarlos por un rosario de derivaciones a la sanidad privada. Lo inteligente sería intentar que los valencianos aprovechen todos los recursos sanitarios a su alcance, pero de la forma más racional posible.

La Fundación Jiménez Díaz es el hospital madrileño más eficiente

No es extraño que el Hospital Fundación Jiménez Díaz lidere un ranking o una clasificación a nivel de la Comunidad de Madrid, ya que suele obtener las mejores puntuaciones en diversas categorías, y en general, en rankings a nivel de toda España. Por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz ha liderado durante seis años consecutivos el Índice de Excelencia Hospitalaria, elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Este mes de octubre hemos conocido los primeros datos del Monitor del Sistema Hospitalario de la Comunidad de Madrid, que publica Planta Doce y que analiza, a través de una serie de reportajes, la eficiencia económica y operativa de los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. En el primero de ellos, que han titulado Radiografía de la eficiencia: los hospitales de Madrid, frente a frente, el centro hospitalario que mejor parado sale es, sin ninguna duda, la Fundación Jiménez Díaz.

El artículo repasa, puede ser útil para quien no esté familiarizado con ello, la organización por grado de complejidad de los hospitales madrileños. Actualmente en la Comunidad de Madrid hay ocho centros hospitalarios de baja complejidad, doce de intermedia y otros ocho de alta. Entre los centros de alta complejidad encontramos siete hospitales de titularidad pública: La Paz, Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Puerta de Hierro de Majadahonda y La Princesa. El octavo es la Fundación Jiménez Díaz, concertado con el Servicio Madrileño de Salud desde el año 2006, y un buen ejemplo de gestión indirecta y colaboración público-privada.

Este primer artículo del Monitor del Sistema Hospitalario nos da los siguientes datos de cada uno de los hospitales de alta complejidad: número de pacientes atendidos durante el año 2020, número de pacientes que lo tienen como centro de referencia, la cantidad de recursos económicos que la Comunidad destinó a cada centro y su gasto per cápita. También recoge información sobre la estructura de sus instalaciones (número de plantas, disposición de los edificios) y los recursos materiales y humanos a su disposición (número de camas y número de trabajadores).

En sus conclusiones el artículo destaca que el Hospital Fundación Jiménez Díaz es el centro más eficiente y lo basa en los siguientes datos:

• Atendió a 1,29 millones de pacientes, superado sólo ligeramente por el Hospital La Paz.

• El gasto real total para la Comunidad de Madrid en 2020 ascendió a 343,7 millones de euros.

• El gasto per cápita fue de  767,80 euros, lo que le sitúa como el hospital más eficiente en términos económicos.

• Tiene la menor ratio de reclamaciones de todos los hospitales de alta complejidad: 4,98 reclamaciones por cada 10.000 actos asistenciales. Es menos que la mitad que el siguiente en este ranking, La Paz.

• Es el centro hospitalario de Madrid que menos lista de espera quirúrgica tiene. La demora media es de 12,28 días.

• Tiene una plantilla de 3.924 trabajadores y 651 camas instaladas.

Los números son meridianamente claros, pero cualquier interesado puede consultar y confrontar los datos de los otros siete centros hospitalarios en la web de Planta Doce, para así sacar sus propias conclusiones.

El primer trasplante de intestino en asistolia del mundo ha sido en Madrid

A veces toca señalar las carencias y los problemas del sistema sanitario, pero lo justo es también resaltar los logros, cuando tienen lugar, y realmente este es uno como para sentirse orgullosos.

El trasplante se ha realizado en el Hospital público La Paz, y la paciente ha sido una niña de 13 meses que presentaba un fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida. Que la donación sea en asistolia quiere decir que la persona donante, declarada fallecida, ya no tiene latido cardíaco. Es una técnica que presenta más dificultades pero que se está llevando a cabo cada vez más frecuentemente en España, hasta representar ya (en adultos) un tercio de las donaciones. Pero, por las peculiaridades de este órgano, no se había hecho hasta ahora con un intestino.

En este caso hablamos de una donación en asistolia controlada pediátrica. Además, el trasplante ha sido multivisceral. Esto quiere decir que junto al intestino se trasplantan otros órganos. Lo que suele hacerse es implantar lo que se denomina el bloque digestivo, que está formado por hígado, intestino, estómago, bazo y páncreas. La mejor noticia que se puede dar, además del enorme avance médico, es que la niña ya ha sido dada de alta y está en su casa. Para poder llevar todo esto a cabo ha sido imprescindible la colaboración de un equipo multidisciplinar formado por profesionales de varios servicios del hospital.

Añadir que este éxito no se puede considerar algo repentino o sobrevenido, ya que a la gran dificultad de la propia operación, hay que sumarle un proyecto previo de tres años de investigación por parte de profesionales de La Paz pertenecientes al Grupo de Malformaciones Congénitas y Trasplante de IdiPAZ. Su finalidad: saber qué realmente un intestino donado en asistolia iba a ser válido.

Dicho proyecto ha podido ser posible gracias tanto al apoyo institucional como a la financiación de una fundación de una empresa privada. Es otra prueba más de la importancia de la colaboración público-privada para la consecución de objetivos ambiciosos.

¿Qué pasa con las listas de espera si se elimina la colaboración privada-pública?

Cuando se trata este tema, habitualmente se hace desde posiciones políticas fijadas previamente, y pocas veces se examinan los datos con minuciosidad. La colaboración público-privada, que no hay que confundir con las privatizaciones, está dando frutos, sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid. Unos hablan de mantenerla, otros de eliminarla o restringirla, pero ¿qué pasaría en España si se eliminara dicha colaboración?

A esta y otras preguntas ha respondido la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) en su último informe: “Aportación del sector privado al sistema sanitario”, que cualquier interesado puede consultar, o descargar, en su página web.

En Gaceta Médica han entresacado las conclusiones más interesantes respecto al tema de las listas de espera. Por ejemplo, el fin de las diferentes fórmulas de colaboración público-privada podría suponer un aumento de un 102 por ciento de las listas de espera para las cirugías; esto se traduce en un incremento de la espera media en 75 días. En el caso de las primeras consultas a especialistas, el tiempo de espera se podría incrementar en un 153 por ciento, lo que se traduciría, a su vez, en 58 días más aguardando la cita.

El informe, siempre según los cálculos de IDIS, calcula en 1.200 millones de euros el sobrecoste que pagaría la sanidad pública en el caso de eliminar la colaboración público-privada. Esta cifra podría llegar hasta los 2.700 millones si el sistema público asumiera absolutamente toda la actividad concertada.

Siendo de mucho interés las proyecciones y los informes, aún lo es más aprender de las experiencias y de los hechos. Por ejemplo, está muy reciente el anuncio que han hecho en la Comunidad Valenciana. Tras haber rescindido acuerdos de colaboración público-privada en varios hospitales, y tener proyectado seguir haciéndolo, se han visto abocados a decidir “derivar a la sanidad privada si el paciente tiene que esperar más de 60 días para ser intervenido quirúrgicamente en el sistema público”. La realidad es tozuda, y derivaciones ya hacían. Esto solo viene a constatar que la solución no puede ser ideológica, sino práctica y eficiente.

La Comunidad Valenciana recurre a la sanidad privada para aliviar las listas de espera

En este espacio se ha hablado en más de una ocasión de la sanidad valenciana. Si bien es el seguimiento de la sanidad madrileña lo que aquí interesa, se han establecido a veces paralelismos interesantes, ya que en ambas comunidades, con sus particularidades, han funcionado diversos acuerdos de colaboración público-privada. Habría que decir que con éxito, pero eso a veces depende de quién cuente la historia. Así que lo mejor es remitirnos a los hechos.

En la Comunidad Valenciana esta colaboración, un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales, siempre se ha conocido como “modelo Alzira”, ya que el Hospital Universitario de la Ribera, en esta localidad, fue el primer centro público de España gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa.

En la Comunidad Valenciana todo esto se ha intentado revertir por motivos políticos, sin que hubiera una justificación clara basada en hechos y cifras, y sin buscar el beneficio de los ciudadanos, al fin y a la postre los usuarios del sistema público de salud.

Se puede hacer una pequeña cronología de los hechos.

Desde abril de 2018, el mencionado Hospital Universitario de La Ribera dejó de ser gestionado de forma indirecta, pasando a estar bajo el único control de la Generalitat. El movimiento supuso un sobrecoste estimado en unos 76 millones de euros, según el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la propia Generalitat Valenciana. 

En octubre de 2020, y pese a los precedentes negativos, se decidió también rescindir la gestión indirecta en el Hospital de Torrevieja. Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana reconocieron que dicha decisión se tomaba sin que existiera ningún informe que avalara su conveniencia. Se trató, entonces, de una decisión meramente política. 

Aunque en realidad sí había un informe: el elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana que afirmaba que el Departamento de Salud de Torrevieja era “una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. Esto se traducía en un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat. Es decir, para los ciudadanos valencianos. 

#CValenciana | @generalitat propone derivar al paciente a la sanidad privada para aliviar las listas de espera del sistema público https://t.co/DePqMBo1vh

— ConSalud.es (@Consalud_es) September 27, 2022

Lo que ha resultado paradójico ha sido que el nuevo curso político de comienzo con el presidente de la Generalitat reconociendo ahora que “es evidente que tenemos muchísimas deficiencias" y añadiendo: "Tenemos un motivo de preocupación: las listas de espera, situada entorno a 100 días para operarse” y  atribuyendo los retrasos a la pandemia. Que sí, es cierto que ha influido a todos los sistemas sanitarios españoles, pero a tenor de las medidas que ahora toma parece que no ha sido la única causa.

Dentro del anuncio de más de 70 acciones políticas, muchas de ellas relacionadas con la sanidad, Ximo Puig ha anunciado en comparecencia pública que uno de los planes que tiene su Ejecutivo para reducir las listas de espera consiste “en derivar a la sanidad privada si el paciente tiene que esperar más de 60 días para ser intervenido quirúrgicamente en el sistema público”.

La noticia sorprende por lo que tiene de rectificación en el discurso habitual, pero no deja de ser la asunción de la realidad, ya que en la Comunidad Valenciana se hacen miles de derivaciones a hospitales y clínicas privadas. En concreto, según cuentan en ConSalud, durante los 4 primeros meses de 2022 se han derivado más de 9.200 pacientes, lo que se puede traducir en un gasto de más de 7 millones de euros. 

Parece ser que a pesar de estos números y de la medida que han anunciado mantienen la hoja de ruta, y que para el futuro hay previstas nuevas reversiones en Denia y Manises. En lugar de aferrarse a un sistema que estaba funcionando con eficiencia, se van abocados a un sistema de derivaciones que acaba siendo mucho más caro. Todo por mantener una decisión política.