Colapso en La Paz

El Hospital Universitario La Paz es uno de los centros de referencia en la Sanidad española y, precisamente por ello, sorprende y entristece a partes iguales la noticia publicada hace unos días por El País sobre el colapso de sus urgencias. Tal y como denunciaron los trabajadores, el centro llegó a tener un total de 53 pacientes para 18 camas. «Estamos muy por encima de nuestra capacidad», aseguraron desde el centro. Tras la alarma, la Consejería Sanidad afirmó que lo ocurrido en La Paz se debió a «un pico puntual» e intentó restar  importancia a un asunto que, sin duda alguna, es más grave de lo que nos quieren hacer ver.

A veces, si nos dejamos guiar por el discurso político o las excusas de los responsables de determinados centros, pareciera que las listas de espera y los colapsos de los servicios de urgencias —desgraciadamente, bastante habituales— tan solo acarrean como única consecuencia el que los pacientes se tiren varias horas esperando en una sala de espera a ser atendidos. ¡Ojalá esa fuera la única consecuencia! Atentos, sin embargo, a lo que explicó uno de los enfermeros de La Paz tras lo sucedido en su Hospital: «Si por el colapso y la aglomeración de pacientes un profesional se equivoca y pone un antibiótico al enfermo de la cama de al lado y resulta ser alérgico, podría tener consecuencias fatales».

Aunque nos cansamos de repetirlo, parece que los responsables de que la Sanidad Pública sea eficiente no tienen en cuenta la seguridad de los pacientes pues, si así fuera, ¿dejarían que un doctor trabajara por encima de sus capacidades? Estamos seguros de que la respuesta es negativa. Los datos hablan solos. Desde el año 2012 en la Comunidad de Madrid se han perdido un 20% de las camas mientras los pacientes de urgencias no han parado de aumentar. En lugar de proponer soluciones al respecto, la Comunidad tan solo ha puesto parches que, si bien han aligerado la presión de médicos y enfermeros, no han sido más que un arreglo provisional de un problema que requiere de medidas reposadas y efectivas.

Hace unos días el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba ante los medios que no le constaba que hubiera ningún conflicto en la Atención Primaria gallega. Precisamente allí, donde los profesionales llevan meses de movilizaciones, casi todos los jefes de servicio de un área sanitaria han presentado su dimisión y varios colectivos han clamado contra la precariedad, el presidente autonómico asegura que todo está en calma. ¿También son las reivindicaciones de los profesionales gallegos un problema puntual, señor Feijóo?

El Ministerio de Sanidad ya ha comenzado a trazar las líneas maestras en las que trabajará si el Partido Socialista gana los comicios del próximo 28 de abril. Entre las medidas propuestas destaca la promesa de que, para el año 2025, todos los médicos tengan cupos de pacientes adaptados a las características de la población. La cifra proporcionada por María Luisa Carcedo es de 1.500 personas por médico, 1.000 niños en el caso de los pediatras. ¿Y qué pasará hasta 2025? ¿Qué medidas tiene la señora Carcedo para aliviar las listas de espera ya existentes en las CCAA o para solucionar situaciones como la anteriormente mencionada en el Hospital de La Paz? Seguiremos esperando hechos, no promesas.

La utilización partidista de la Sanidad

Ya comentábamos en el anterior post cómo los partidos políticos, en su afán de ganar la carrera electoral del próximo 28 de abril, no dudan en hacer promesas sobre nuestra Sanidad que, a la vista de lo ocurrido en los últimos años, no tienen visos de cumplirse. Hablábamos también de cómo determinadas formaciones han decidido demonizar la palabra “privado” y condenar todo lo que de ello deriva, aunque esto sea positivo para el ciudadano. En Andalucía hemos tenido un caso claro en las últimas semanas. El fraude en las listas de espera andaluzas ha sacada a la luz la manipulación política de la Sanidad en esa Comunidad Autónoma, minimizando las cifras de pacientes a la espera de ser tratados con el único fin de continuar aferrados a un cargo en la Administración Pública. Que no se nos olvide que bajo esas cifras, maquilladas en beneficio de la manipulación, hay seres humanos, personas que esperan con ansia una operación que no llega por razones nada que ver con la medicina.

Una de las soluciones aportadas por el actual partido en el gobierno andaluz ha sido la de derivar pacientes a la sanidad privada para aligerar las listas de espera. La medida ha sido criticada hasta la saciedad por PSOE y Podemos, aludiendo a los supuestos intereses económicos del Partido Popular a la hora de mandar pacientes hacia hospitales privados. Estos partidos, empeñados en seguir demonizando la que a todas luces es la mejor solución posible al drama andaluz, evitan mencionar en sus discursos el fraude del PSOE y de los miles de pacientes afectados para arremeter únicamente contra la derivación de los mismos hacia la sanidad privada, algo del todo incomprensible.

Otro caso de escándalo ha sido lo ocurrido en los últimos días con el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Los responsables de Eldiario.es accedieron a un informe previo plagado de inexactitudes y que estaba pendiente de revisión. Una vez que la Cámara de Cuentas publicó los datos correctos, este medio de comunicación no dudó en aferrarse a la versión del texto que más satisfacía sus intereses, esto es, un anteproyecto plagado de alegaciones, y en el que se informa erróneamente de un sobrecoste para las arcas públicas de determinados servicios de la Fundación Jiménez Díaz. ¿Para qué publicar el texto correcto, examinado y corregido por un organismo oficial, cuando este diario tenía en su mano difundir una versión interesada?

En las facultades de periodismo suele alertarse a los alumnos del peligro de publicar informaciones provenientes de una fuente interesada. Parece que en el medio de comunicación no han tenido en cuenta esta enseñanza y han decidido propagar una información errónea para denunciar un presunto sobrecoste que, a juzgar por los datos oficiales, no existe. Es necesario destacar que el informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid disparó todas las alarmas entre los gestores de los hospitales de la red pública debido a su elevado número de inexactitudes. De hecho, los propios redactores del documento señalaron antes de su publicación que no se daban las condiciones oportunas para conocer el gasto real incurrido por los hospitales del SERMAS en ese periodo y que, además, era imposible dar con una cifra aproximada puesto que el sistema de contabilidad analítica empleado en los centros está anticuado y no es fiable.

El documento previo, además, se empeña en comparar cifras entre hospitales sin tener en cuenta sus diferencias, algo que clama al cielo puesto que las características de la población y los diferentes modelos de gestión imposibilitan una comparación de este tipo. Lo peor de todo es que, si estas comparaciones erróneas se hubieran tenido en cuenta, el flujo de recursos a determinados centros estaría en completo peligro solo por el hecho de haber homogeneizado prácticas y modelos de gestión que hay tratar de manera individualizada.

Como sucede con la publicación de cualquier documento oficial, la elaboración de los datos suele pasar varios filtros antes de ser transmitida públicamente. De esta manera, el ciudadano conoce la verdad de cuanto sucede a su alrededor sin que haya lugar a confusiones derivadas de fallos de cálculo o definiciones mal planteadas, como es el caso expuesto anteriormente. ¿Imaginan que el informe sobre un medicamento llegara al ciudadano con errores en cuanto a sus efectos? Sería un escándalo y plantearía un auténtico caos. Aunque el ejemplo es, quizás, exagerado, sí nos sirve para comprender la necesidad de que, en un organismo público, varios responsables filtren y analicen los datos proporcionados en un informe de envergadura y que determina el flujo de recursos a nuestros centros hospitalarios. Esto es, precisamente, lo que hizo la Cámara de Cuentas al estudiar las alegaciones que los gestores de los centros plantearon sobre el informe inicial.

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas que valida las alegaciones de la Fundación Jiménez Díaz que, además, es el centro hospitalario del grupo III (alta complejidad) que presenta un gasto más bajo, no ha sido tenido en cuenta por Eldiario.es, que ha decidido publicar la versión errónea con el único objetivo de confundir al ciudadano y efectuar denuncias infundadas. Lo peor no es, sin embargo, que un medio de comunicación publique informaciones interesadas. Lo verdaderamente lamentable es que Podemos y PSOE, partidos que aspiran el próximo 28 de abril a representar a todos los ciudadanos, se hagan eco de informaciones que un organismo oficial ha certificado que son falsas. ¿En qué manos estamos? En las mismas que maquillan cifras en listas de espera, esas a las que no le importa el bienestar del paciente y que prefiere manipularlo por un claro beneficio propio. Así nos va.