La utilización partidista de la Sanidad

Ya comentábamos en el anterior post cómo los partidos políticos, en su afán de ganar la carrera electoral del próximo 28 de abril, no dudan en hacer promesas sobre nuestra Sanidad que, a la vista de lo ocurrido en los últimos años, no tienen visos de cumplirse. Hablábamos también de cómo determinadas formaciones han decidido demonizar la palabra “privado” y condenar todo lo que de ello deriva, aunque esto sea positivo para el ciudadano. En Andalucía hemos tenido un caso claro en las últimas semanas. El fraude en las listas de espera andaluzas ha sacada a la luz la manipulación política de la Sanidad en esa Comunidad Autónoma, minimizando las cifras de pacientes a la espera de ser tratados con el único fin de continuar aferrados a un cargo en la Administración Pública. Que no se nos olvide que bajo esas cifras, maquilladas en beneficio de la manipulación, hay seres humanos, personas que esperan con ansia una operación que no llega por razones nada que ver con la medicina.

Una de las soluciones aportadas por el actual partido en el gobierno andaluz ha sido la de derivar pacientes a la sanidad privada para aligerar las listas de espera. La medida ha sido criticada hasta la saciedad por PSOE y Podemos, aludiendo a los supuestos intereses económicos del Partido Popular a la hora de mandar pacientes hacia hospitales privados. Estos partidos, empeñados en seguir demonizando la que a todas luces es la mejor solución posible al drama andaluz, evitan mencionar en sus discursos el fraude del PSOE y de los miles de pacientes afectados para arremeter únicamente contra la derivación de los mismos hacia la sanidad privada, algo del todo incomprensible.

Otro caso de escándalo ha sido lo ocurrido en los últimos días con el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Los responsables de Eldiario.es accedieron a un informe previo plagado de inexactitudes y que estaba pendiente de revisión. Una vez que la Cámara de Cuentas publicó los datos correctos, este medio de comunicación no dudó en aferrarse a la versión del texto que más satisfacía sus intereses, esto es, un anteproyecto plagado de alegaciones, y en el que se informa erróneamente de un sobrecoste para las arcas públicas de determinados servicios de la Fundación Jiménez Díaz. ¿Para qué publicar el texto correcto, examinado y corregido por un organismo oficial, cuando este diario tenía en su mano difundir una versión interesada?

En las facultades de periodismo suele alertarse a los alumnos del peligro de publicar informaciones provenientes de una fuente interesada. Parece que en el medio de comunicación no han tenido en cuenta esta enseñanza y han decidido propagar una información errónea para denunciar un presunto sobrecoste que, a juzgar por los datos oficiales, no existe. Es necesario destacar que el informe previo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid disparó todas las alarmas entre los gestores de los hospitales de la red pública debido a su elevado número de inexactitudes. De hecho, los propios redactores del documento señalaron antes de su publicación que no se daban las condiciones oportunas para conocer el gasto real incurrido por los hospitales del SERMAS en ese periodo y que, además, era imposible dar con una cifra aproximada puesto que el sistema de contabilidad analítica empleado en los centros está anticuado y no es fiable.

El documento previo, además, se empeña en comparar cifras entre hospitales sin tener en cuenta sus diferencias, algo que clama al cielo puesto que las características de la población y los diferentes modelos de gestión imposibilitan una comparación de este tipo. Lo peor de todo es que, si estas comparaciones erróneas se hubieran tenido en cuenta, el flujo de recursos a determinados centros estaría en completo peligro solo por el hecho de haber homogeneizado prácticas y modelos de gestión que hay tratar de manera individualizada.

Como sucede con la publicación de cualquier documento oficial, la elaboración de los datos suele pasar varios filtros antes de ser transmitida públicamente. De esta manera, el ciudadano conoce la verdad de cuanto sucede a su alrededor sin que haya lugar a confusiones derivadas de fallos de cálculo o definiciones mal planteadas, como es el caso expuesto anteriormente. ¿Imaginan que el informe sobre un medicamento llegara al ciudadano con errores en cuanto a sus efectos? Sería un escándalo y plantearía un auténtico caos. Aunque el ejemplo es, quizás, exagerado, sí nos sirve para comprender la necesidad de que, en un organismo público, varios responsables filtren y analicen los datos proporcionados en un informe de envergadura y que determina el flujo de recursos a nuestros centros hospitalarios. Esto es, precisamente, lo que hizo la Cámara de Cuentas al estudiar las alegaciones que los gestores de los centros plantearon sobre el informe inicial.

El informe definitivo de la Cámara de Cuentas que valida las alegaciones de la Fundación Jiménez Díaz que, además, es el centro hospitalario del grupo III (alta complejidad) que presenta un gasto más bajo, no ha sido tenido en cuenta por Eldiario.es, que ha decidido publicar la versión errónea con el único objetivo de confundir al ciudadano y efectuar denuncias infundadas. Lo peor no es, sin embargo, que un medio de comunicación publique informaciones interesadas. Lo verdaderamente lamentable es que Podemos y PSOE, partidos que aspiran el próximo 28 de abril a representar a todos los ciudadanos, se hagan eco de informaciones que un organismo oficial ha certificado que son falsas. ¿En qué manos estamos? En las mismas que maquillan cifras en listas de espera, esas a las que no le importa el bienestar del paciente y que prefiere manipularlo por un claro beneficio propio. Así nos va.