El próximo 26 de mayo nuestra Sanidad juega su partido más importante. De los resultados electorales dependerá, en grandísima medida, la marcha del SNS durante los próximos cuatro años. De cara a la celebración de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), ha expuesto a los partidos sus principales necesidades de cara a blindar el sistema sanitario y proteger al paciente.
Entre otras cosas, la Fadsp solicita que se haga efectiva la Carta del Derecho a la Salud que se acordó en Bruselas en 2010 y que, entre otras cosas, reclama una atención sanitaria universal, integral, equitativa, accesible y sostenible. Esto implica, dice el documento, «estructuras sanitarias públicas dotadas de los recursos financieros materiales y humanos necesarios y suficientes para ofertar unas prestaciones sanitarias homogéneas a los ciudadanos de todos los países». También pide el documento «destinar a salud un volumen de recursos económicos suficiente», algo que actualmente no ocurre. Aunque el presidente del Gobierno dijera en el debate de Atresmedia que el Ejecutivo invierte en Sanidad un 6,5% del PIB, el dato es incorrecto, ya que España destina al SNS un 5,9 del Producto Interior Bruto, o al menos eso dicen los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.
Entre las propuestas de Fadsp para recuperar la sanidad pública destacan la eliminación de los copagos, recuperación de dotaciones de personal e infraestructuras que existía antes de los recortes, la reversión de los centros privatizados y asegurar una financiación suficiente del SNS. Siendo realistas, lo cierto es que las peticiones de Fadsp están, todavía, lejos de cumplirse. La nefasta experiencia tras la reversión del Hospital de la Ribera ha demostrado que esta decisión no ha sido más que un paso atrás para un centro que era puntero y que hoy, lamentablemente, llena titulares debido a su mala gestión y sus largas listas de espera. Por supuesto, es imprescindible trabajar por un SNS competitivo, puntero y que proporcione a los pacientes la atención que merecen. Pero también es imprescindible mirar de frente a la realidad actual y ser realistas, ya que solo así los políticos podrán proporcionar soluciones efectivas a problemas como los colapsos en urgencias o los retrasos en pruebas diagnósticas.
El pasado fin de semana, el diario El País publicó un reportaje realmente interesante en este sentido. Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, asegura en el texto que «lo más barato es tener una sanidad pública eficiente» pero que, a día de hoy, el dinero invertido por particulares en sistemas privados «tapa los agujeros que la caída de los presupuestos dejó al descubierto». La inversión, dice el experto, «tiene que crecer lo suficiente para cubrir las necesidades de una población cada vez más vieja».
No olvidemos, además, la necesaria inversión en tecnología para avanzar en el tratamiento de enfermedades. Hoy, que no podemos minimizar las listas de espera o aligerar la carga de nuestros médicos, ¿cómo pensar en implementar nuevas técnicas para la cura de determinadas enfermedades? Es imposible empezar la casa por el tejado, me temo. El modelo de colaboración público-privada es, de momento, la mejor de las alternativas posibles ante un escenario en el que la inversión en sanidad es cada vez más bajo. Ya veremos qué pasa mañana y si, tras las elecciones, los políticos se ponen las pilas con uno de sus temas pendientes.
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