Ejemplos de uso de tecnologías disruptivas en hospitales madrileños

Es comprensible que en el imaginario de muchas personas el uso de la tecnología haga pensar en un mundo más frío, despersonalizado y con menos contacto humano. Comprensible, pero es un error. La tecnología debe servir para que los trabajadores, de cualquier ámbito, no tengan que invertir tanto tiempo en tareas accesorias y repetitivas, y puedan centrarse en la parte realmente importante de su actividad. Eso es lo que cabría esperar del proceso de digitalización en el que están inmersos, a día de hoy, tanto las empresas como las administraciones públicas.

En prensa leemos a diario noticias relacionadas tanto con las transformación digital en general, como con tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas o la Realidad Virtual. Todo es susceptible de ser aplicado para la mejora tanto de la sanidad pública como de la sanidad privada.

El año pasado, en los hospitales madrileños Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital Infanta Elena (Valdemoro) y Hospital General de Villalba (Collado Villalba) se pusó en marcha el proyecto C-Salud utilizando la tecnología big data. El objetivo de este proyecto es crear una red de salud poblacional que se base en tres pilares: prevención, detección precoz y tratamiento personalizado. ¿Y para qué sirve el big data? Permite procesar cantidades enormes de datos para extraer de ellos conclusiones. Se puede, por ejemplo, evaluar la posibilidad de padecer diabetes mellitus tipo 2. En función de esa probabilidad se pueden promover medidas de prevención.

Hay más ejemplos del uso de tecnologías disruptivas en hospitales públicos de gestión indirecta en la Comunidad de Madrid. Durante la pandemia de COVID-19 se ha utilizado un algoritmo predictivo para anticipar la progresión de muchos pacientes afectados por la infección. El uso conjunto de las tecnologías big data y machine learning sirvió para identificar patrones en más de 15.000 personas ingresadas. En función de esos patrones el algoritmo predice cuál puede ser la evolución de un nuevo paciente.

La importancia de la colaboración público-privada en la investigación

Se podría decir que nuestro sistema sanitario debe abordar dos tipos de retos. Por un lado, afrontar los problemas estructurales que siempre han estado ahí, y que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Problemas tan graves como las listas de espera, tanto quirúrgicas como para las citas diagnósticas y las consultas con especialistas. Por otro lado, el sistema sanitario tiene que afrontar un amplio abanico de retos relacionados con la tecnología. Desde la digitalización de todo el sistema hasta la adquisición de tecnología de uso sanitario, por ejemplo, robots de uso quirúrgico o aparatos de diagnóstico. Todo ello sin olvidar la importancia de la investigación y la innovación.

El pasado mes de junio se celebró, tal y como se puede leer en la prensa, la XV Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica. Desafíos y oportunidades en investigación biomédica. De lo hablado en este evento se pueden extraer diversas conclusiones. Una de ellas es que la transformación digital en la que está embarcado el Sistema Nacional de Salud (SNS) va a ser muy importante en el impulso de la innovación. Hasta el punto de colocar a España en vanguardia del conocimiento. Esto tendrá su reflejo en el día a día de los pacientes, ya que se colocarán en el centro de un sistema sanitario moderno, con mejor calidad asistencial.

También se habló que, para afrontar con garantías los retos de la investigación biomédica, va a ser imprescindible la colaboración público-privada, así como la cooperación entre sectores y diferentes países. Los nuevos conocimientos en el ámbito médico abren la puerta a una medicina más precisa e individualizada.

Previamente a la celebración del citado evento, y con conclusiones en la misma línea, se había hecho público el informe Aplicación de las lecciones aprendidas del Covid-19, elaborado por la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (Ifpma), tal y como se puede leer en Redacción Médica. Este documento considera que la innovación biomédica y la colaboración público-privada han sido claves en su sector, responsable de la elaboración de vacunas y tratamientos en un tiempo récord. Sin colaboración, lo conseguido hubiera sido impensable.

La ley de Equidad sanitaria vista desde Madrid

Tras recoger un buen ramillete de opiniones sobre el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que ha sido remitido recientemente a las Cortes para su debate, faltaba una opinión muy importante por comentar: la de los responsables de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Llegado a este punto conviene recordar, como dice el refrán, que las cosas de palacio van despacio, y la hoja de ruta de tramitación va a permitir largos debates al respecto. Se sabe, por ejemplo, tal y como publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales, hay establecido un “plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 12 de septiembre de 2022″. Es probable que Podemos, a pesar de ser socio de gobierno, plantee batalla en este terreno, ya que a su juicio la nueva ley no cierra del todo la puerta a la colaboración público-privada, como ellos desean.

La opinión de la Comunidad de Madrid, que expuso su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es meridianamente clara. Desde la Comunidad se va a recurrir el Proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar porque, afirman, la gestión de la sanidad madrileña es una competencia regional, que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

El papel del Estado, continuó Enrique López, es velar por la igualdad en la prestación de servicios de todos los españoles. En Madrid se ha apostado por un modelo de colaboración público-privada, y desde la Comunidad defienden que “"el legislador no puede entrometerse en el modo de gestión de las comunidades autónomas en cuanto a la sanidad pública". Al revés que Podemos, que ve demasiadas puertas abiertas a la colaboración, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid ven claro que "esta ley del Gobierno prohíbe los conciertos y la gestión indirecta".

✅ La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de equidad sanitaria, si invade competencias autonómicas.

▶ El consejero @Enrique_L_Lopez ha explicado que "quieren introducir un modelo ideológico en la Sanidad, y no lo vamos a permitir". pic.twitter.com/FneKDAJSQ3

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 21, 2022

Se presenta, pues, un otoño muy caliente, con diversas batallas abiertas en relación a la futura Ley de Equidad, tanto en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso como en los Tribunales. 

La Comunidad de Madrid no está sola en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ya han manifestado que comparten su preocupación por las consecuencias que puede tener esta Ley si se aprueba el texto tal y como está redactado. En su opinión “puede llevar al colapso del sistema Nacional de Salud” y que “los afectados serán principalmente los pacientes”. Hablando concretamente de la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. La colaboración público-privada ha sido importante en muchas Comunidades Autónomas, y renunciar a ella en el caso de Madrid, supondría restar “70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos” que se encargan de “31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas”.

Este debate llega, además, en el peor momento posible. Cuando, según la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE) el sistema sanitario se enfrenta a listas de espera récord. El año 2021 se cerró con más de 700.000 pacientes pendientes de una operación quirúrgica; esta es la cifra más alta de los últimos 20 años, inadmisible desde todo punto de vista.

Desde ASPE también han calculado que “la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales”, ya que estiman que los conciertos suponen un ahorro mínimo del 25% para las arcas públicas.

Asimismo, comentan en ASPE otro aspecto interesante de la Ley, que no va a afectar a conciertos que estén vigentes, pero sí a determinadas concesiones administrativas. Esto abre un período de incertidumbre sobre las concesiones en vigor. Quizás es el momento de recordar los malos resultados obtenidos por algunas reversiones de colaboración público-privada, como la de Torrevieja, en la Comunidad Valenciana.