Año y medio para recibir un diagnóstico

El pasado fin de semana la edición valenciana de el diario El Mundo daba una noticia cuyo titular era imposible no comentar: «Cita con el neurólogo en la sanidad pública: pásese en año y medio». Tras haber solicitado una consulta el pasado 3 de julio, un paciente de Vinarós ha sido citado el 4 de noviembre de 2020. Las listas de espera son, sin duda, una de las peores enfermedades de cuantas hoy tiene nuestra preciada sanidad pública. A la cabeza unos años atrás, el sistema en otro tiempo puntero no para de llenar titulares debido a su retraso en la citación de pacientes y a las condiciones laborales de los facultativos. Desde que comenzó el verano, sin ir más lejos, se cuentan por decenas los titulares en prensa que hablan de la falta de camas en las urgencias de cada ciudad española. 

El caso que pone de manifiesto El Mundo habla de un paciente que tendrá que esperar un año y cinco meses para conocer el motivo de su dolencia. Definitivamente, no se puede alardear de la Sanidad Pública cuando tenemos pacientes relegados a la última fila y pensando en cuáles son las causas de su malestar hasta que el sistema se decida a tratarles. Como dice la noticia del periódico nacional, el argumento esgrimido por el centro hospitalario de Castellón para semejante lista de espera es la “falta de personal y la saturación de los servicios que, según la dirección, trabajan por encima de sus posibilidades”. 

Las especialidades con mayor lista de espera, reza el artículo, son Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica, Traumatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Vascular, Urología, Otorrinolaringología, Ginecología, Cirugía General y Oftalmología.

Otro de los problemas que quizá pasa desapercibido para el ciudadano es la dificultad de conocer la realidad de las listas de espera. Además de las personas que esperan para ser operadas existen cientos más que todavía no han visto por vez primera al especialista. Estas personas, al no haber recibido el diagnóstico, no entran en las listas de espera publicadas por cada región, por lo que los datos en este sentido no son siempre los que se nos muestran. 

Precisamente en la Comunidad Valenciana la entonces consellera, Carmen Montón, aseguró que acabaría con todos los conciertos público-privados para devolver la sanidad a lo público. La decisión, muy bonita en el discurso, no ha tenido el efecto deseado para ninguna de las partes. La reversión del Hospital de Alzira, que obedeció a una decisión más política que social, ha tenido un efecto del todo negativo para los pacientes que, a fin de cuentas, son los únicos que importan en la Sanidad Pública. 

El centro hospitalario ha aumentado sustancialmente las reclamaciones recibidas y los profesionales han hecho algo nunca visto en el hospital: manifestarse para reivindicar mejores condiciones. La Administración, que se gastó una millonada en despidos improcedentes tras la reversión, no tuvo en cuenta las necesidades reales del ciudadano a quien, a fin de cuentas, tan solo le importa recibir un buen diagnóstico y en un periodo de tiempo aceptable. 

A pesar de las demoras y los malos datos, el caso Alzira sigue siendo vendido como un éxito por aquellos que se empeñan en defenestrar los convenios a toda costa. Convenios que habría que recordar existen con el único objetivo de implementar el SNS y mejorar la calidad de atención al paciente. Puede que, cuando aquellos que defienden este tipo de decisiones se percaten de cómo han contribuido a llevar a la ruina a un modelo puntero, sea ya demasiado tarde.