Esta semana, los medios destacaron una noticia cuanto menos reveladora para nuestra Sanidad. La espera quirúrgica media en la sanidad privada es de 30 días, un dato que contrasta tristemente con los más de 90 días que los pacientes aguardan para una operación en la sanidad pública. Los datos han sido extraídos del Estudio RESA 2019, impulsado por la Fundación IDIS y que, un año más, ha analizado los resultados de 325 centros privados y más de 200 centros de reproducción asistida.
Además de los datos, que deberían hacernos reflexionar sobre los puntos débiles del sistema público y su constante necesidad de mejora, llama la atención el apunte que el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, hizo durante la presentación del informe: «Sanidad pública y privada no son antagónicas, son complementarias». La colaboración, dijo el político, resulta imprescindible para el mantenimiento del sistema.
Si bien es cierto que nuestra sanidad pública ha sido siempre uno de nuestros grandes motores también lo es que, en los últimos años, la escasez de inversiones ha lastrado a un sistema que, tristemente, está dejando de ser envidiable. Si a esto añadimos que, para determinados sectores, combatir las sombras de la sanidad pública mediante la colaboración público-privada es una opción totalmente descartada, concluiremos que, con el paso de los años, nuestra sanidad corre el riesgo de degradarse todavía más.
Especial relevancia tienen también las recientes declaraciones del presidente del IDIS, Juan Abarca, haciendo hincapié en la necesidad de transparencia e información pública para medir los resultados sanitarios y mejorar el sistema de salud. Aunque podría parecer lógico que los responsables sanitarios deben llevar por bandera la transparencia, en los últimos meses venimos leyendo mucho sobre falta de rigor en las listas de espera y pacientes que afloran, de repente, en las cuentas de los ejecutivos autonómicos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de Andalucía, donde el Ejecutivo entrante tuvo que meter mano a las listas «falseadas» y recurrir a colaboraciones público-privadas para solucionar el problema.
Sin duda, informes como el Estudio RESA son realmente necesarios para que el ciudadano comprenda el alcance del problema. Una lista de espera de más de 90 días para una intervención quirúrgica es una absoluta barbaridad. Más lo es cuando nuestros responsables tienen en su mano la solución a través de colaboraciones con el sistema privado, que ha demostrado ser eficiente. No perdamos más el tiempo.
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