Generalmente, cuando se habla sobre Sanidad, se tiende a centrar el foco en la parte que quizás más preocupa al ciudadano en general y a los pacientes en particular: la parte asistencial, que es con la que se va a tener un contacto directo cuando se está enfermo. La pandemia de SARS-CoV-2, el coronavirus, ha conseguido que se hable de un tema no menos importante: la Salud Pública, y además ha puesto sobre la mesa lo importante que es la coordinación cuando en un país se tienen, como es el caso de España, 17 sistemas sanitarios diferentes.
A veces se olvida que las oficinas de farmacia también son establecimientos sanitarios y, aunque todos ellos privados, son de interés público; por ello, su funcionamiento está regulado de forma estricta para que estén al servicio de los ciudadanos. Pueden ser, además, un buen ejemplo de colaboración público-privada como se ha visto durante la crisis sanitaria que aún se está viviendo. Las organizaciones que representan a los farmacéuticos en todo momento se han puesto a disposición de la Sanidad pública para realizar tests de antígenos, no solo para venderlos, e incluso para administrar vacunas. No se puede obviar que hablamos de una red de más de 22.100 establecimientos en toda España, que pueden realizar una labor sanitaria de interés por su gran accesibilidad al ciudadano, siendo en muchas ocasiones el primer lugar al que se acude en busca de orientación o consejo.
Durante la pasada campaña de elecciones a la Comunidad de Madrid, el partido actualmente en el gobierno tenía entre sus propuestas la “modernización de la farmacia madrileña”, algo que en la práctica suponía aprobar una nueva Ley de Farmacia para la Comunidad. Aunque la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos estaba ahí de todas formas, la pandemia puso sobre la mesa algunas cuestiones que no estaban contempladas por la ley, como la entrega de medicamentos a domicilio.
La situación ahora mismo es que con el Anteproyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica ya redactado, los responsables de la Consejería de Sanidad piensan que existe la “necesidad urgente de regulación” y por lo tanto quieren que se tramite por la vía urgente. Entre los objetivos de la norma, uno a priori interesante es “fortalecer el papel asistencial de dichos establecimientos farmacéuticos y de los profesionales”. Parece ir en la línea de los ofrecimientos que hacen los propios profesionales de la farmacia, en aras de aprovechar la existencia de una red tan grande, y tan próxima al ciudadano, de establecimientos. Obviamente el anteproyecto de ley también se centra en regular el acceso de la población en general a los medicamentos, promoviendo que sea eficaz, pero a la vez racional. Por ejemplo, se regula la dosificación de los tratamientos de pacientes crónicos, polimedicados o en situación de dependencia.
Sobre el nuevo anteproyecto de ley ya han dado su opinión diversos colectivos de profesionales, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Asociación de Farmacéuticos de Madrid (Adefarma) y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Previamente se reunieron para consensuar sus alegaciones. En esencia coinciden en que es una ley oportuna, aunque piden que se clarifiquen algunos aspectos. Pero confían en que si se tienen en cuenta sus alegaciones el resultado será un texto muy ajustado o a la realidad, y a las necesidades, de la farmacia madrileña.
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