jueves, 24 de febrero de 2022

La importancia de la colaboración público-privada durante la pandemia

A finales de la semana pasada se publicaron en prensa dos artículos muy diferentes, pero en los que dos profesionales de la sanidad, en Comunidades Autónomas diferentes y con responsabilidades muy diferentes, pusieron en valor la colaboración público-privada en el ámbito de los sistemas de salud.

En ambos casos se cita el contexto de la pandemia. Es cierto que hemos atravesado, forzados por la diseminación del coronavirus, una situación con fases de muchísima tensión en los sistemas sanitarios españoles, que ha hecho que las fórmulas de colaboración no hayan sido una opción, sino una obligación propiciada por la necesidad. La Atención Hospitalaria ha estado contra las cuerdas durante varias de las olas atravesadas, y en la más reciente, de la que ahora estamos saliendo, también se ha visto comprometida la Atención Primaria. La afección provocada por el SARS-Cov-2 ha sido más leve, ya sea por la variante predominante, la ómicron, o por la protección que nos otorga la vacuna. Pero el aluvión de casos ha sido tan grande que los Centros de Salud, donde en primera instancia acude el ciudadano, se han visto desbordados.



De la
pertinencia de la colaboración se ha hablado mucho en estos dos años, pero quizás ahora, que se va retomando el pulso de la normalidad, sería un buen momento para abordar este debate desde una perspectiva práctica y no politizada. Examinando los hechos, las cifras y la oportunidad que supone poner al alcance de los ciudadanos cuantos más recursos sanitarios, mejor. Teniendo en cuenta que hablamos de recursos, tanto humanos como materiales, que ya existen.

Sara Jaurrieta es profesora asociada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y secretaria de salud del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). En la entrevista que la realizan, para el medio especializado en sanidad Planta Doce, habla sobre todo de otro tema, no exento de interés: la hipotética integración de los servicios sociales en el modelo sanitario.


Jaurrieta opina que la sanidad catalana (y la española) está infrafinanciada, algo que se puede comprobar comparando con la media de los países de la Unión Europea. Esto está haciendo que muchos ciudadanos opten por formalizar un contrato con mutuas privadas. La entrevistada dice que “el Covid-19 ha hecho patente que la colaboración público-privada es muy importante”. El ejemplo que pone no es de asistencia sanitaria, sino de I+D+i, un ámbito del que se habla menos, pero de gran importancia: el desarrollo de la vacuna de Hipra contra el coronavirus. En DiarioFarma hay más detalles sobre esta interesante colaboración; la vacuna de Hipra, por cierto, ya ha entrado en la fase tres de los ensayos.


Por otro lado, en la edición de Sevilla del ABC, se puede leer una interesante entrevista a Luis Luengo, nuevo gerente del Hospital Victoria Eugenia, un centro sanitario de la Cruz Roja de Sevilla, sito en la capital sevillana. Además de detallar sus planes para el centro hospitalario que se va a encargar de dirigir, ha entrado a fondo en el tema de la colaboración público-privada.


Considera que el modelo que se ha tenido que utilizar durante la pandemia es replicable y que la colaboración ha sido un éxito refrendado por los datos. Aboga por compartir los recursos y por que la sanidad andaluza sea una sola. También opina que las listas de espera quirúrgicas se hubieran disparado si los centros privados no hubieran operado a pacientes de la sanidad pública. Por último, cree que el modelo que ha funcionado en la Atención Hospitalaria puede trasladarse a la Atención Primaria. Como ya se hace también, en su caso, con las Urgencias.


viernes, 18 de febrero de 2022

Sobre la Ley de Seguridad Nacional y el uso de los recursos privados

Cabe recordar que, en el contexto de la pandemia, tanto el gobierno central como diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de nuestra comunidad, han tomado medidas de intervención de la sanidad privada para poder afrontar las fases más duras de la lucha contra el coronavirus. Hay que remontarse a mediados del mes de marzo de 2020, coincidiendo con el comienzo del confinamiento, para recordar la medida tomada por el Ejecutivo central en el marco del estado de alarma. Todas las instalaciones de la sanidad privada se pusieron “a las órdenes de los consejeros autonómicos de Sanidad para que dispusieran de ellas como mejor consideraran”. El texto completo del decreto de alarma se puede consultar en el BOE del día 14 de marzo, y algunas medidas complementarias en el del día siguiente.


Todo esto fue al principio de la pandemia. El gobierno de la Comunidad de Madrid hizo uso de esta posibilidad al principio de la primera ola. Pero también lo volvió a hacer a finales de enero de 2021. Concretamente el día 27 de enero se emitió una orden por la cual la Consejería de Sanidad de Madrid ponía a disposición del sistema sanitario público 40 centros privados para “asegurar una adecuada atención sanitaria a su población a través de todos los recursos disponibles”. El contexto era el de una tercera ola en la que subían con gran velocidad tanto los casos detectados como los ingresos hospitalarios, en planta y en UCI, y en la que aún solo se llevaba un mes inoculando vacunas, que llegaban poco a poco arrastrando graves problemas de suministro.

Esta semana se puede leer en los medios, por ejemplo en Redacción Médica, que el Consejo de Ministros ha dado “luz verde a una modificación parcial y concreta de la Ley de Seguridad Nacional”. Lo que se pretende es tener claro con qué medios cuenta el Estado en caso de una situación que “altere la seguridad nacional”. Obviamente un texto legislativo como la Ley de Seguridad Nacional está concebido para dar respuesta a crisis de diversos tipos, aunque quien más, quien menos, tiene ahora mismo las crisis sanitarias en mente, dada la pandemia que aún está sufriendo la sociedad.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de explicar que, gracias a este cambio en el texto (la ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 2015) el Estado podrá “conocer con exactitud los medios sanitarios públicos y privados” con los que se cuentan para hacer un uso más eficiente de los recursos. Se regula, de este modo, un catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, que incorpora recursos de las Comunidades Autónomas e incluso de las entidades locales. Este catálogo no solo incluye instalaciones, también los medios medios humanos y materiales. Se regula también de forma específica la contribución de los recursos del sector privado.

La reflexión casi surge sola. Si puede haber situaciones, se han vivido varias estos dos años, en los que sumar recursos ha sido la solución, la colaboración público-privada se podría extender a circunstancias más cotidianas. El aunar esfuerzos en el día a día, el poder sumar todos los recursos que el sistema sanitario tiene a su alcance, también puede servir para combatir problemas estructurales de los que ahora se está hablando menos, como las listas de espera, y para aprovechar la tecnología sanitaria de la que disponen algunos centros.

jueves, 10 de febrero de 2022

Medidas de Recursos Humanos del nuevo Plan de Atención Primaria

Según se puede leer en la prensa el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles las medidas relativas a recursos humanos, dentro del Plan Integral de Mejora de Atención Primaria 2022/23.

Entre estas medidas, quizás lo más llamativo es que habrá mejoras salariales, en forma de complementos retributivos, para los trabajadores de Atención Primaria (no solo para los médicos como dice el titular de la noticia). Concretamente, se trataría de un complemento por el volumen de población atendida en un centro de salud. Y según la información difundida por Europa Press se podrían beneficiar del mismo un 88% de los profesionales de los centros de salud de la región; unos 11.200 trabajadores. Se empezarían a cobrar a partir de la nómina de marzo, pero tendrían carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año.


También está prevista la creación de 1.200 plazas en los próximos dos años que se repartirán de la siguiente forma: 264 serían de medicina de Familia, 264 de Enfermería, 84 de Pediatría y 312 de auxiliar administrativo.


Desde los sindicatos consideran estas medidas insuficientes, porque creen que llegan tarde y que, además, las inversiones deberían ser mucho mayores en Atención Primaria para alcanzar los niveles que tienen otras comunidades y que recomiendan los organismos internacionales. Concretamente, sobre el aumento de plazas, desde CCOO piensan que deberían ser muchas más porque "el 25% de la plantilla de Atención Primaria se jubilará de aquí a cinco años".


En lo que está de acuerdo casi todo el mundo es en que, ya sea por causas estructurales, ya por la situación que ha generado la pandemia de coronavirus, la atención primaria madrileña tiene que reforzarse. Los recursos humanos es tan solo, aunque muy importante, uno de los puntos que se tratan en el mencionado Plan Integral, donde hay otros temas de calado como los cambios en los procesos de citación.