Cabe recordar que, en el contexto de la pandemia, tanto el gobierno central como diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de nuestra comunidad, han tomado medidas de intervención de la sanidad privada para poder afrontar las fases más duras de la lucha contra el coronavirus. Hay que remontarse a mediados del mes de marzo de 2020, coincidiendo con el comienzo del confinamiento, para recordar la medida tomada por el Ejecutivo central en el marco del estado de alarma. Todas las instalaciones de la sanidad privada se pusieron “a las órdenes de los consejeros autonómicos de Sanidad para que dispusieran de ellas como mejor consideraran”. El texto completo del decreto de alarma se puede consultar en el BOE del día 14 de marzo, y algunas medidas complementarias en el del día siguiente.
Todo esto fue al principio de la pandemia. El gobierno de la Comunidad de Madrid hizo uso de esta posibilidad al principio de la primera ola. Pero también lo volvió a hacer a finales de enero de 2021. Concretamente el día 27 de enero se emitió una orden por la cual la Consejería de Sanidad de Madrid ponía a disposición del sistema sanitario público 40 centros privados para “asegurar una adecuada atención sanitaria a su población a través de todos los recursos disponibles”. El contexto era el de una tercera ola en la que subían con gran velocidad tanto los casos detectados como los ingresos hospitalarios, en planta y en UCI, y en la que aún solo se llevaba un mes inoculando vacunas, que llegaban poco a poco arrastrando graves problemas de suministro.
Esta semana se puede leer en los medios, por ejemplo en Redacción Médica, que el Consejo de Ministros ha dado “luz verde a una modificación parcial y concreta de la Ley de Seguridad Nacional”. Lo que se pretende es tener claro con qué medios cuenta el Estado en caso de una situación que “altere la seguridad nacional”. Obviamente un texto legislativo como la Ley de Seguridad Nacional está concebido para dar respuesta a crisis de diversos tipos, aunque quien más, quien menos, tiene ahora mismo las crisis sanitarias en mente, dada la pandemia que aún está sufriendo la sociedad.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de explicar que, gracias a este cambio en el texto (la ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 2015) el Estado podrá “conocer con exactitud los medios sanitarios públicos y privados” con los que se cuentan para hacer un uso más eficiente de los recursos. Se regula, de este modo, un catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, que incorpora recursos de las Comunidades Autónomas e incluso de las entidades locales. Este catálogo no solo incluye instalaciones, también los medios medios humanos y materiales. Se regula también de forma específica la contribución de los recursos del sector privado.
La reflexión casi surge sola. Si puede haber situaciones, se han vivido varias estos dos años, en los que sumar recursos ha sido la solución, la colaboración público-privada se podría extender a circunstancias más cotidianas. El aunar esfuerzos en el día a día, el poder sumar todos los recursos que el sistema sanitario tiene a su alcance, también puede servir para combatir problemas estructurales de los que ahora se está hablando menos, como las listas de espera, y para aprovechar la tecnología sanitaria de la que disponen algunos centros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario