En este espacio se ha hablado en más de una ocasión de la sanidad valenciana. Si bien es el seguimiento de la sanidad madrileña lo que aquí interesa, se han establecido a veces paralelismos interesantes, ya que en ambas comunidades, con sus particularidades, han funcionado diversos acuerdos de colaboración público-privada. Habría que decir que con éxito, pero eso a veces depende de quién cuente la historia. Así que lo mejor es remitirnos a los hechos.
En la Comunidad Valenciana esta colaboración, un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales, siempre se ha conocido como “modelo Alzira”, ya que el Hospital Universitario de la Ribera, en esta localidad, fue el primer centro público de España gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa.
En la Comunidad Valenciana todo esto se ha intentado revertir por motivos políticos, sin que hubiera una justificación clara basada en hechos y cifras, y sin buscar el beneficio de los ciudadanos, al fin y a la postre los usuarios del sistema público de salud.
Se puede hacer una pequeña cronología de los hechos.
Desde abril de 2018, el mencionado Hospital Universitario de La Ribera dejó de ser gestionado de forma indirecta, pasando a estar bajo el único control de la Generalitat. El movimiento supuso un sobrecoste estimado en unos 76 millones de euros, según el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la propia Generalitat Valenciana.
En octubre de 2020, y pese a los precedentes negativos, se decidió también rescindir la gestión indirecta en el Hospital de Torrevieja. Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana reconocieron que dicha decisión se tomaba sin que existiera ningún informe que avalara su conveniencia. Se trató, entonces, de una decisión meramente política.
Aunque en realidad sí había un informe: el elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana que afirmaba que el Departamento de Salud de Torrevieja era “una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. Esto se traducía en un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat. Es decir, para los ciudadanos valencianos.
#CValenciana | @generalitat propone derivar al paciente a la sanidad privada para aliviar las listas de espera del sistema público https://t.co/DePqMBo1vh
— ConSalud.es (@Consalud_es) September 27, 2022
Lo que ha resultado paradójico ha sido que el nuevo curso político de comienzo con el presidente de la Generalitat reconociendo ahora que “es evidente que tenemos muchísimas deficiencias" y añadiendo: "Tenemos un motivo de preocupación: las listas de espera, situada entorno a 100 días para operarse” y atribuyendo los retrasos a la pandemia. Que sí, es cierto que ha influido a todos los sistemas sanitarios españoles, pero a tenor de las medidas que ahora toma parece que no ha sido la única causa.
Dentro del anuncio de más de 70 acciones políticas, muchas de ellas relacionadas con la sanidad, Ximo Puig ha anunciado en comparecencia pública que uno de los planes que tiene su Ejecutivo para reducir las listas de espera consiste “en derivar a la sanidad privada si el paciente tiene que esperar más de 60 días para ser intervenido quirúrgicamente en el sistema público”.
La noticia sorprende por lo que tiene de rectificación en el discurso habitual, pero no deja de ser la asunción de la realidad, ya que en la Comunidad Valenciana se hacen miles de derivaciones a hospitales y clínicas privadas. En concreto, según cuentan en ConSalud, durante los 4 primeros meses de 2022 se han derivado más de 9.200 pacientes, lo que se puede traducir en un gasto de más de 7 millones de euros.
Parece ser que a pesar de estos números y de la medida que han anunciado mantienen la hoja de ruta, y que para el futuro hay previstas nuevas reversiones en Denia y Manises. En lugar de aferrarse a un sistema que estaba funcionando con eficiencia, se van abocados a un sistema de derivaciones que acaba siendo mucho más caro. Todo por mantener una decisión política.
