La ley de Equidad sanitaria vista desde Madrid

Tras recoger un buen ramillete de opiniones sobre el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias, que ha sido remitido recientemente a las Cortes para su debate, faltaba una opinión muy importante por comentar: la de los responsables de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Llegado a este punto conviene recordar, como dice el refrán, que las cosas de palacio van despacio, y la hoja de ruta de tramitación va a permitir largos debates al respecto. Se sabe, por ejemplo, tal y como publica el Boletín Oficial de las Cortes Generales, hay establecido un “plazo de enmiendas por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 12 de septiembre de 2022″. Es probable que Podemos, a pesar de ser socio de gobierno, plantee batalla en este terreno, ya que a su juicio la nueva ley no cierra del todo la puerta a la colaboración público-privada, como ellos desean.

La opinión de la Comunidad de Madrid, que expuso su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, es meridianamente clara. Desde la Comunidad se va a recurrir el Proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional. En primer lugar porque, afirman, la gestión de la sanidad madrileña es una competencia regional, que viene recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

El papel del Estado, continuó Enrique López, es velar por la igualdad en la prestación de servicios de todos los españoles. En Madrid se ha apostado por un modelo de colaboración público-privada, y desde la Comunidad defienden que “"el legislador no puede entrometerse en el modo de gestión de las comunidades autónomas en cuanto a la sanidad pública". Al revés que Podemos, que ve demasiadas puertas abiertas a la colaboración, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid ven claro que "esta ley del Gobierno prohíbe los conciertos y la gestión indirecta".

✅ La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el proyecto de Ley de equidad sanitaria, si invade competencias autonómicas.

▶ El consejero @Enrique_L_Lopez ha explicado que "quieren introducir un modelo ideológico en la Sanidad, y no lo vamos a permitir". pic.twitter.com/FneKDAJSQ3

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 21, 2022

Se presenta, pues, un otoño muy caliente, con diversas batallas abiertas en relación a la futura Ley de Equidad, tanto en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso como en los Tribunales. 

La Comunidad de Madrid no está sola en su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Desde la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM) ya han manifestado que comparten su preocupación por las consecuencias que puede tener esta Ley si se aprueba el texto tal y como está redactado. En su opinión “puede llevar al colapso del sistema Nacional de Salud” y que “los afectados serán principalmente los pacientes”. Hablando concretamente de la Comunidad de Madrid, según sus cálculos, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. La colaboración público-privada ha sido importante en muchas Comunidades Autónomas, y renunciar a ella en el caso de Madrid, supondría restar “70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos” que se encargan de “31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas”.

Este debate llega, además, en el peor momento posible. Cuando, según la Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE) el sistema sanitario se enfrenta a listas de espera récord. El año 2021 se cerró con más de 700.000 pacientes pendientes de una operación quirúrgica; esta es la cifra más alta de los últimos 20 años, inadmisible desde todo punto de vista.

Desde ASPE también han calculado que “la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales”, ya que estiman que los conciertos suponen un ahorro mínimo del 25% para las arcas públicas.

Asimismo, comentan en ASPE otro aspecto interesante de la Ley, que no va a afectar a conciertos que estén vigentes, pero sí a determinadas concesiones administrativas. Esto abre un período de incertidumbre sobre las concesiones en vigor. Quizás es el momento de recordar los malos resultados obtenidos por algunas reversiones de colaboración público-privada, como la de Torrevieja, en la Comunidad Valenciana.

Dimes y diretes sobre la nueva Ley de Equidad sanitaria

Antes de comentar algunas opiniones surgidas los últimos días sobre el tema, convendría hacer un pequeño repaso del camino que lleva recorrido esta Ley, que aún no ha visto la luz. El 8 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. Podemos, socio de gobierno, mostraba sus discrepancias desde el principio, mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que el objetivo de la Ley es “blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario”.

Desde Podemos dejaron claro que iban a presentar enmiendas cuando se llegara al trámite parlamentario, ya que están totalmente en contra de la gestión indirecta, es decir, de las fórmulas de colaboración público-privada. Desde la Fundación IDIS, en cambio, valoraron de forma positiva “el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”.

El #BOCG publica hoy el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre otros asuntos.

🗒️BOCG: https://t.co/DmH3XFeclM
👉Proyecto de ley: https://t.co/BgA8PVJHkz pic.twitter.com/Hui7AqUzlE

— Congreso (@Congreso_Es) June 24, 2022

La Ley ahora ha vuelto a primera línea de actualidad ya que un reciente Consejo de Ministros ha acordado, por fin, “remitir a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Darias ha insistido en que la intención del gobierno es blindar la sanidad pública y la gestión directa como el modelo “a seguir”. Dejan una pequeña puerta abierta a que se utilice la gestión indirecta sólo en determinados casos, siempre como un apoyo, y nunca como sustitución de la gestión directa.

Otros temas que recoge la Ley, como explicaba Darias en noviembre, son las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios. También se regula el derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

A día de hoy, Podemos continúa mostrando sus reticencias al texto, ya que la Ley de Equidad no explicita cuáles son las excepciones en las que se permite la colaboración público-privada. De hecho ellos lo que quieren es derogar “en fondo y forma” la Ley 15/1997 en la que se habilitaron nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud como la gestión indirecta. El PSOE, por su parte, sostiene que con la nueva ley esto no es necesario.

Por contra, muchas otras opiniones aparecidas en prensa sobre la Ley de Equidad van en sentido contrario, defendiendo las fórmulas de colaboración.

• Círculo de la Sanidad: Consideran que es necesario "eliminar prejuicios sobre la colaboración público-privada" y piden ayuda a los partidos políticos para que durante la tramitación de la ley "puedan corregir los aspectos más lesivos de la norma". A su juicio, esta ley  responde a “intereses políticos que no están conectados con las verdaderas necesidades sanitarias de la población”.

• Alianza General de Pacientes (AGP): Desde este colectivo piensan que la ley habría requerido una auditoría previa a la tramitación parlamentaria. Están de acuerdo en garantizar la atención sanitaria y sociosanitaria bajo criterios de equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública. Pero piensan que “no se puede penalizar al sistema privado y que se deberían establecer fórmulas de colaboración entre ambos sistemas”.

• Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Consideran que esta ley supone la “limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas”. Por eso, no descartan acudir a la justicia, ya que consideran que se genera un conflicto competencial. Piensan, además, que las Consejerías de Sanidad autonómicas se verán privadas de fórmulas de colaboración que en momentos de gran demanda pueden suponer un gran alivio para el Sistema Nacional de Salud. 

• CEIM-Confederación Empresarial de Madrid: Desde la patronal madrileña opinan que la colaboración público-privada "ahorra costes al sistema público y genera empleo". Es un error, por tanto ponerle trabas. Piensan, por otro lado, que la Ley de Equidad tiene aspectos positivos como la eliminación de los copagos y la clarificación del acceso a la asistencia sanitaria universal.

La población española valora cada vez mejor la sanidad privada

Cada año, por estas fechas, se hace pública la Encuesta de la Sanidad Privada en España: Percepción del sistema sanitario que, elaborada por Sigma Dos, presenta la Fundación IDIS. Por lo visto en los últimos años, la opinión de los ciudadanos ya se puede considerar una tendencia: la valoración de la sanidad privada es positiva y va a mejor.

Quien considere que el breve resumen que va a leer a continuación no es suficiente, puede descargarse la encuesta completa en la web de la Fundación IDIS, para así poder extraer sus propias conclusiones. La encuesta se realizó a un total de 3.000 personas, mayores de 18 años, fueran usuarias o no de la sanidad privada (un 26% de ellas sí lo eran)

Para empezar se les pidió una nota global, de 1 a 10, tanto de la sanidad pública como de la privada. El resultado obtenido ha sido un 7,1 para la sanidad pública y un 7,3 para la sanidad privada. En ambos casos la nota es mejor que la de años anteriores. Lo que ha cambiado es que esta vez la sanidad privada ha superado a la pública.

Una parte de la encuesta se dedica a la valoración de los servicios propios de la sanidad privada. En general la satisfacción de los usuarios se acerca al 83%. Si se desglosa el resultado, en casi todos los capítulos la satisfacción ronda la media (atención en consultas y centros especializados, pruebas diagnósticas, consecución de citas…). Quizás el aspecto a mejorar podría ser el servicio de urgencias, donde la satisfacción de los usuarios se queda en un 63%.

Otro tema de mucho interés es la interoperabilidad, es decir, la capacidad de poder intercambiar datos entre los profesionales de diferentes hospitales y centros de salud. En este caso los ciudadanos opinan con una claridad meridiana, ya que el 95,6% de los encuestados lo ven necesario, bastante necesario o muy necesario. Este tema ya se ha tocado aquí, pero merece la pena recordar que precisamente la Fundación IDIS tiene en marcha el “Proyecto de Interoperabilidad de la historia clínica digital” en la sanidad privada. Lo interesante, para garantizar la continuidad asistencial, sería que los sistemas sanitarios públicos también se sumaran al proyecto. Esto posibilitaría, por ejemplo, que puedas cambiar de un centro a otro sin tener que repetir una prueba diagnóstica.

Resultados casi idénticos se obtuvieron como respuesta a otras preguntas. La cifra sale, de nuevo, de sumar las respuestas necesario, bastante necesario y muy necesario. El consenso es superior al 95% al preguntar sobre la necesidad de que:

• El gobierno incremente los recursos de todo tipo destinados a salud y sanidad.

• Todos dispongamos de la misma capacidad de acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y pruebas novedosas.

• Se impulse el desarrollo e implantación de las innovaciones que la ciencia nos ofrece para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, los tiempos de espera y la atención a los pacientes.

La opinión de los ciudadanos es bastante clara. Ahora la pregunta es cómo se puede conseguir todo esto. Está claro que, en parte, aumentando los presupuestos que las 17 comunidades autónomas dedican a la asistencia sanitaria. Pero, sobre todo, utilizando todos los recursos que ya tenemos, para que puedan ser usados por todos los ciudadanos, a través de la colaboración público-privada. No se trata de privatizar, como algunos insisten en decir, sino de profundizar en acuerdos de gestión indirecta como los que hay ahora mismo en marcha en Madrid. Eso facilita que centros privados que existen en la Comunidad puedan ser usados por todos los madrileños.

La Fundación Jiménez Díaz lidera en eficiencia a los hospitales madrileños

Al menos, según podemos leer en la prensa, el Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria de la UNED coloca a la Fundación Jiménez Díaz como el líder en eficiencia entre los hospitales madrileños. Este análisis, que va por su segunda edición, ha sido elaborado por Pedro Cortiñas, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED.

Se han analizado ocho hospitales madrileños, aquellos que están encuadrados dentro del grupo de alta complejidad. Por si alguien no está familiarizado con estos términos, aclarar que los hospitales de la Comunidad de Madrid se dividen en tres grupos: de alta, de media y de baja complejidad. El análisis se ha hecho en base a dos indicadores: “el Indicador de Gestión, que mide la eficiencia económica y el Indicador de Eficiencia Asistencial, que analiza la eficiencia en términos asistenciales”.

Por segunda vez la Fundación Jiménez Díaz lidera ambos indicadores. Además, es tanta la diferencia con el resto que es el único centro que queda por encima de la media, obteniendo así valores positivos. En el cómputo global, el segundo lugar lo ocupa el Hospital Puerta de Hierro, seguido por el Clínico San Carlos y el Ramón y Cajal. Todos ellos con valores negativos por lo ya comentado: la Fundación Jiménez Díaz “tira mucho” hacia arriba de la media.

Para la realización del Indicador de Gestión se utilizan cuatro ratios relacionados con la eficiencia del gasto, así como con la eficiencia y el reconocimiento de la plantilla. Mientras que para obtener el Indicador de Eficiencia Asistencial se utilizan seis variables proporcionadas por el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), entre ellas las listas de espera quirúrgicas y la satisfacción de los pacientes.

Una de las conclusiones prácticas que se puede sacar de todo esto, más allá de colocar a los ocho hospitales formando un ranking, es que si el resto de hospitales de referencia madrileño alcanzaran el nivel de eficiencia de la Fundación Jiménez Díaz, el ahorro medio que lograrían sería del 28%. Y como se puede comprobar, sin comprometer en ningún momento la eficiencia asistencial; todo lo contrario.

OPE de estabilización del SERMAS y novedades en la prescripción enfermera

Se cierra el mes de mayo con lo que en principio son dos buenas noticias para la sanidad madrileña. Importantes, e interesantes, pero de un cariz diferente.

Por un lado, la Comunidad de Madrid ha convocado una OPE de estabilización del Sermas con un total de 9.604 plazas. Se le llama “de estabilización” porque su objetivo es que los trabajadores interinos, que ocupan una plaza de forma temporal, logren una plaza fija, dotando a su empleo de una mayor estabilidad.

Entre las plazas convocadas hay 274 puestos de médico de familia, 1.359 plazas de facultativo especialista, 2.782 plazas de enfermería y 789 plazas de auxiliares de enfermería.

Habría que recordar que el pasado día 20 de mayo, Sanidad y los médicos de Madrid firmaron un acuerdo por el que los médicos desconvocaron la huelga que mantenían en protesta por la elevada temporalidad de la plantilla que, según sus representantes, supera el 50%. La Consejería de Sanidad pactó la oferta de entre 2.500 y 3.120 plazas para facultativos de larga duración y 410 plazas para Urgencias. Cabe suponer que ambas noticias están conectadas. 

📍 #Madrid extiende la prescripción enfermera a la #sanidadprivada

➡️ Podrán beneficiarse más de 20.000 enfermeras que no estaban adscritas o vinculadas al Servicio Madrileño de #Salud

✍️ Por @J_Mediavilla https://t.co/cSpUpsIS4Y

— Redacción Médica (@redaccionmedica) May 31, 2022

Por otro lado, se ha solventado una carencia que tenía la orden de prescripción enfermera que hace más de un año aprobó la Comunidad de Madrid. Esta orden regula la acreditación del colectivo de enfermería para poder dispensar medicamentos, siempre bajo unos criterios preestablecidos. En principio, la orden solo contemplaba la acreditación de enfermeras y enfermeros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Tras el recurso del Colegio de Enfermería de Madrid (Codem), ya está en marcha el proyecto para una nueva orden que incluya también a las profesionales que trabajan en la sanidad privada u otros ámbitos, como el sociosanitario y el escolar. Esto extenderá la acreditación a 20.000 enfermeras más. Sin duda, es lo justo, siempre que se atengan a los mismos protocolos y criterios. Y obviamente, en el Codem, ahora sí, han mostrado su satisfacción.