Para quien no sepa qué significa reversión, en el contexto de la sanidad y la colaboración público-privada, una sucinta explicación. En el caso de algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, y también aquí en Madrid, se trabaja con un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales. Se trata de una colaboración público-privada que está ofreciendo buenos resultados en cuanto a la reducción de las listas de espera, y además pone al alcance de toda la ciudadanía los recursos de algunos centros privados. No tiene nada que ver con la privatización, aunque a veces se juega al despiste con estos conceptos.
En el caso de la Comunidad Valencia, y debido exclusivamente a un planteamiento político, se está revirtiendo por completo lo que allí se denominó “modelo Alzira”, porque nació en esa localidad. En este blog ya se comentó en su momento que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales había costado dinero a los contribuyentes valencianos. Por ejemplo, el informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión del Hospital de Manises y su área de Atención Primaria hablaba de un ahorro del 25% para el contribuyente valenciano que obviamente se perdería.
Siguiendo esta historia de forma cronológica, en octubre de 2020 se recogía en prensa que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, así lo reconocían desde fuentes oficiales, iba a rescindir la gestión privada en el Hospital de Torrevieja sin haber hecho ningún tipo de informe o análisis sobre la eficiencia que justificara el cambio. En aquel momento la decisión de la reversión ya estaba tomada y estaban a la espera de trazar una hoja de ruta con los pasos a dar.
Aunque no tuvieran un informe propio, sí que contaban sobre la mesa con un informe sobre la eficiencia, hasta aquel momento, del Departamento de Salud de Torrevieja (que incluye el hospital). Fue elaborado, de nuevo, por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, y concluyó que “se trata de una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. El informe hablaba de un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat, que se perderían al cambiar a la gestión directa.
Así mismo, ya se conocía el sobrecoste que estaba suponiendo una de las reversiones ya llevadas a cabo, la del Hospital de Alzira. Este sobrecoste se estima en 76 millones de euros en el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalitat Valenciana.
Finalmente, en octubre del año pasado, se produjo la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja. Y desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) siguen mencionando los estudios ya citados como prueba, a su juicio, de que la gestión directa “es más cara e ineficiente que el mantenimiento de la colaboración público-privada”.
Sería necesario contar con nuevos informes sobre la nueva fase de gestión, pero sí que empiezan a llegar algunas noticias poco halagüeñas sobre ella. Por ejemplo, en diciembre se hizo público que los representantes de los trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja pedían la dimisión de los nuevos gestores, incluyendo a la nueva gerente: el comité de empresa califica la situación de "insostenible".
Cabría esperar que en Madrid y en otras comunidades se tome nota de los riesgos innecesarios de cambiar lo que está funcionando bien, por razones meramente ideológicas. Lo mínimo que se puede exigir es que se haga en base a estudios e informes de eficacia.
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