Dimes y diretes sobre la nueva Ley de Equidad sanitaria

Antes de comentar algunas opiniones surgidas los últimos días sobre el tema, convendría hacer un pequeño repaso del camino que lleva recorrido esta Ley, que aún no ha visto la luz. El 8 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. Podemos, socio de gobierno, mostraba sus discrepancias desde el principio, mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que el objetivo de la Ley es “blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario”.

Desde Podemos dejaron claro que iban a presentar enmiendas cuando se llegara al trámite parlamentario, ya que están totalmente en contra de la gestión indirecta, es decir, de las fórmulas de colaboración público-privada. Desde la Fundación IDIS, en cambio, valoraron de forma positiva “el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”.

El #BOCG publica hoy el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre otros asuntos.

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— Congreso (@Congreso_Es) June 24, 2022

La Ley ahora ha vuelto a primera línea de actualidad ya que un reciente Consejo de Ministros ha acordado, por fin, “remitir a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Darias ha insistido en que la intención del gobierno es blindar la sanidad pública y la gestión directa como el modelo “a seguir”. Dejan una pequeña puerta abierta a que se utilice la gestión indirecta sólo en determinados casos, siempre como un apoyo, y nunca como sustitución de la gestión directa.

Otros temas que recoge la Ley, como explicaba Darias en noviembre, son las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios. También se regula el derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

A día de hoy, Podemos continúa mostrando sus reticencias al texto, ya que la Ley de Equidad no explicita cuáles son las excepciones en las que se permite la colaboración público-privada. De hecho ellos lo que quieren es derogar “en fondo y forma” la Ley 15/1997 en la que se habilitaron nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud como la gestión indirecta. El PSOE, por su parte, sostiene que con la nueva ley esto no es necesario.

Por contra, muchas otras opiniones aparecidas en prensa sobre la Ley de Equidad van en sentido contrario, defendiendo las fórmulas de colaboración.

• Círculo de la Sanidad: Consideran que es necesario "eliminar prejuicios sobre la colaboración público-privada" y piden ayuda a los partidos políticos para que durante la tramitación de la ley "puedan corregir los aspectos más lesivos de la norma". A su juicio, esta ley  responde a “intereses políticos que no están conectados con las verdaderas necesidades sanitarias de la población”.

• Alianza General de Pacientes (AGP): Desde este colectivo piensan que la ley habría requerido una auditoría previa a la tramitación parlamentaria. Están de acuerdo en garantizar la atención sanitaria y sociosanitaria bajo criterios de equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública. Pero piensan que “no se puede penalizar al sistema privado y que se deberían establecer fórmulas de colaboración entre ambos sistemas”.

• Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Consideran que esta ley supone la “limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas”. Por eso, no descartan acudir a la justicia, ya que consideran que se genera un conflicto competencial. Piensan, además, que las Consejerías de Sanidad autonómicas se verán privadas de fórmulas de colaboración que en momentos de gran demanda pueden suponer un gran alivio para el Sistema Nacional de Salud. 

• CEIM-Confederación Empresarial de Madrid: Desde la patronal madrileña opinan que la colaboración público-privada "ahorra costes al sistema público y genera empleo". Es un error, por tanto ponerle trabas. Piensan, por otro lado, que la Ley de Equidad tiene aspectos positivos como la eliminación de los copagos y la clarificación del acceso a la asistencia sanitaria universal.

La población española valora cada vez mejor la sanidad privada

Cada año, por estas fechas, se hace pública la Encuesta de la Sanidad Privada en España: Percepción del sistema sanitario que, elaborada por Sigma Dos, presenta la Fundación IDIS. Por lo visto en los últimos años, la opinión de los ciudadanos ya se puede considerar una tendencia: la valoración de la sanidad privada es positiva y va a mejor.

Quien considere que el breve resumen que va a leer a continuación no es suficiente, puede descargarse la encuesta completa en la web de la Fundación IDIS, para así poder extraer sus propias conclusiones. La encuesta se realizó a un total de 3.000 personas, mayores de 18 años, fueran usuarias o no de la sanidad privada (un 26% de ellas sí lo eran)

Para empezar se les pidió una nota global, de 1 a 10, tanto de la sanidad pública como de la privada. El resultado obtenido ha sido un 7,1 para la sanidad pública y un 7,3 para la sanidad privada. En ambos casos la nota es mejor que la de años anteriores. Lo que ha cambiado es que esta vez la sanidad privada ha superado a la pública.

Una parte de la encuesta se dedica a la valoración de los servicios propios de la sanidad privada. En general la satisfacción de los usuarios se acerca al 83%. Si se desglosa el resultado, en casi todos los capítulos la satisfacción ronda la media (atención en consultas y centros especializados, pruebas diagnósticas, consecución de citas…). Quizás el aspecto a mejorar podría ser el servicio de urgencias, donde la satisfacción de los usuarios se queda en un 63%.

Otro tema de mucho interés es la interoperabilidad, es decir, la capacidad de poder intercambiar datos entre los profesionales de diferentes hospitales y centros de salud. En este caso los ciudadanos opinan con una claridad meridiana, ya que el 95,6% de los encuestados lo ven necesario, bastante necesario o muy necesario. Este tema ya se ha tocado aquí, pero merece la pena recordar que precisamente la Fundación IDIS tiene en marcha el “Proyecto de Interoperabilidad de la historia clínica digital” en la sanidad privada. Lo interesante, para garantizar la continuidad asistencial, sería que los sistemas sanitarios públicos también se sumaran al proyecto. Esto posibilitaría, por ejemplo, que puedas cambiar de un centro a otro sin tener que repetir una prueba diagnóstica.

Resultados casi idénticos se obtuvieron como respuesta a otras preguntas. La cifra sale, de nuevo, de sumar las respuestas necesario, bastante necesario y muy necesario. El consenso es superior al 95% al preguntar sobre la necesidad de que:

• El gobierno incremente los recursos de todo tipo destinados a salud y sanidad.

• Todos dispongamos de la misma capacidad de acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y pruebas novedosas.

• Se impulse el desarrollo e implantación de las innovaciones que la ciencia nos ofrece para mejorar el acceso a la asistencia sanitaria, los tiempos de espera y la atención a los pacientes.

La opinión de los ciudadanos es bastante clara. Ahora la pregunta es cómo se puede conseguir todo esto. Está claro que, en parte, aumentando los presupuestos que las 17 comunidades autónomas dedican a la asistencia sanitaria. Pero, sobre todo, utilizando todos los recursos que ya tenemos, para que puedan ser usados por todos los ciudadanos, a través de la colaboración público-privada. No se trata de privatizar, como algunos insisten en decir, sino de profundizar en acuerdos de gestión indirecta como los que hay ahora mismo en marcha en Madrid. Eso facilita que centros privados que existen en la Comunidad puedan ser usados por todos los madrileños.

La Fundación Jiménez Díaz lidera en eficiencia a los hospitales madrileños

Al menos, según podemos leer en la prensa, el Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria de la UNED coloca a la Fundación Jiménez Díaz como el líder en eficiencia entre los hospitales madrileños. Este análisis, que va por su segunda edición, ha sido elaborado por Pedro Cortiñas, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED.

Se han analizado ocho hospitales madrileños, aquellos que están encuadrados dentro del grupo de alta complejidad. Por si alguien no está familiarizado con estos términos, aclarar que los hospitales de la Comunidad de Madrid se dividen en tres grupos: de alta, de media y de baja complejidad. El análisis se ha hecho en base a dos indicadores: “el Indicador de Gestión, que mide la eficiencia económica y el Indicador de Eficiencia Asistencial, que analiza la eficiencia en términos asistenciales”.

Por segunda vez la Fundación Jiménez Díaz lidera ambos indicadores. Además, es tanta la diferencia con el resto que es el único centro que queda por encima de la media, obteniendo así valores positivos. En el cómputo global, el segundo lugar lo ocupa el Hospital Puerta de Hierro, seguido por el Clínico San Carlos y el Ramón y Cajal. Todos ellos con valores negativos por lo ya comentado: la Fundación Jiménez Díaz “tira mucho” hacia arriba de la media.

Para la realización del Indicador de Gestión se utilizan cuatro ratios relacionados con la eficiencia del gasto, así como con la eficiencia y el reconocimiento de la plantilla. Mientras que para obtener el Indicador de Eficiencia Asistencial se utilizan seis variables proporcionadas por el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), entre ellas las listas de espera quirúrgicas y la satisfacción de los pacientes.

Una de las conclusiones prácticas que se puede sacar de todo esto, más allá de colocar a los ocho hospitales formando un ranking, es que si el resto de hospitales de referencia madrileño alcanzaran el nivel de eficiencia de la Fundación Jiménez Díaz, el ahorro medio que lograrían sería del 28%. Y como se puede comprobar, sin comprometer en ningún momento la eficiencia asistencial; todo lo contrario.