Los hospitales madrileños destacan por su buena reputación sanitaria

A principios de este mes de agosto se pudo leer, por ejemplo en iSanidad.com, que la Fundación Jiménez Díaz, La Paz y Gregorio Marañón, los hospitales con mejores equipos de gestión, dirección y comunicación. Los datos de la noticia están extraídos del informe Los hospitales y servicios clínicos con mejor reputación en 2020 del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). Se trata de una evaluación independiente elaborada con encuestas que realizan institutos de investigación de mercados de referencia. Para el informe de 2020 se realizaron 10 evaluaciones y 6.671 encuestas a profesionales y se evaluaron 2853 indicadores objetivos. En el informe recalcan de forma especial que ningún hospital paga por ser evaluado sino que se evalúan los que reciben más menciones por parte de los médicos encuestados.

Como recalca la información de prensa los hospitales madrileños han salido muy bien parados en esta evaluación, algo que se puede comprobar in situ yendo a la fuente original, en la web de Merco (Monitor empresarial de reputación corporativa) y descargando el informe completo:

• El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz es considerado el centro hospitalario con mejor equipo de gestión, y en ese mismo ranking el Hospital Universitario La Paz es el tercero.
• El Hospital Universitario La Paz lidera también el ranking de hospitales con mejor dirección enfermera, donde el Gregorio Marañón es tercero y el Hospital 12 de Octubre quinto.
• El ranking de mejor gestión de comunicación lo lidera el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, pero es que en este listado también figuran el Hospital La Paz en segundo lugar y el Hospital Fundación Jiménez Díaz en cuarta posición.

Pero el informe tiene mucha más información que se puede consultar acudiendo a la fuente propuesta. Por ejemplo, evaluaciones por especialidades. Y en todas ellas, en unos rankings que llegan hasta el puesto 15, aparecen diversos hospitales madrileños, no solo los que hemos citado hasta ahora. Sirva como ejemplo de lo dicho el ranking de la especialidad de alergología:

Del año 2020 también se realizó un ranking de la gestión clínica del COVID. Y también en este caso es para estar orgullosos de los centros hospitalarios madrileños que copan 7 puestos en un ranking de 10 hospitales. Una vez más Gregorio Marañón, La Paz y Jiménez Díaz se reparten las tres primeras plazas.

¿Es factible el uso de un “pasaporte COVID”?

Lo primero que habría que explicar es que pasaporte COVID no es quizás el mejor nombre, pero es el que se está usando, estos días y anteriormente, en la prensa. Al menos en la prensa generalidad. El término se referiría a un documento, ya sea físico o digital (podría ser un código QR) que acredite que un ciudadano está vacunado con la pauta completa (en este momento una o dos dosis según su situación personal y el tipo de vacuna utilizada) contra el SARS-CoV-2, o en su defecto que ha pasado la enfermedad o que se le ha realizado una prueba diagnóstica reciente (PCR o prueba de antígenos) con resultado negativo. No se refiere a un documento que permita moverse entre países, aunque pudiera en un momento determinado exigirse para ello.

Desde algunas comunidades autónomas (una vez más existe el problema de la falta de uniformidad en propuestas y medidas) se está solicitando que se implante su uso. Por ejemplo, desde Andalucía han hecho en 24 horas un anuncio y un contraanuncio. En principio iban a pedir su utilización en el ocio nocturno (discotecas) pero ante la renuencia de alguna forma política ahora han decidido pedir primero autorización judicial.

En nuestra Comunidad, Madrid, lo último que se ha transmitido a la ciudadanía, en boca del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ha sido que solo se plantea la implantación del pasaporte Covid para el ocio, hostelería y comercios, cuando todos los españoles hayan tenido su acceso a la vacunación y cuenten con la pauta completa. Faltaría matizar que se quiere decir por “todos”. También se ha pedido al gobierno central que marque las pautas para su uso, algo que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó claro que no tenían intención de hacer.

La pregunta de si su uso es factible, tiene varias respuestas. Técnicamente es totalmente factible. En la Unión Europea el certificado está plenamente operativo desde el pasado día 1 de julio. En España, si bien con diferentes grados de complejidad, son las comunidades autónomas las que lo ponen a disposición de los 13 millones de españoles que ya están vacunados en España. Más dudas presenta la cobertura legal de su uso, ya que es probable que en muchos casos sean los diversos tribunales de justicia españoles los que tengan que ratificar o prohibir su uso. La experiencia a lo largo de esta pandemia es que pueden decidir en un sentido o en otro y de forma diferente en una región española u otra. Incertidumbre total.

Cuando da miedo ir al médico

Es inevitable seguir hablando de la pandemia por muchos motivos. El primero, porque seguimos inmersos en la quinta ola con niveles de incidencia altísimos. El último dato recabado a la hora de escribir estas líneas nos habla de una incidencia a 14 días de 702 casos por cada 100.000 habitantes, tras una ligera subida. El ministerio de Sanidad ha notificado el martes, 27 de julio, 26.399 nuevos contagios por coronavirus y 55 fallecidos. Valga como ejemplo de la situación.

Está la preocupación y las consecuencias directas que causa la pandemia, suficientemente graves, pero están también sus consecuencias indirectas, que corremos el riesgo de arrastrar durante años, incluso cuando la pandemia de coronavirus remita. Hace una semana se comentaba en este espacio que la pandemia está agudizando el drama de las listas de espera en nuestro país, un problema estructural del sistema sanitario que no ha hecho sino empeorar. Pero no es el único: como cuentan en Redacción Médica, según un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de cada cuatro ha renunciado a recibir asistencia sanitaria durante la pandemia.

Al parecer se trata de un problema generalizado en la Unión Europea y en otros países de la OCDE, con una media de un 22% de pacientes que no acudieron al médico, aunque en España esta cifra alcanza el 24,2%. Esto solo puede traer consecuencias negativas, en forma, por ejemplo, de enfermedades no diagnosticadas o diagnosticadas más tarde, lo que redundará en dolencias más graves y tratamientos más largos, cuando no en fallecimientos inevitables.

Sin lugar a dudas, todos estos problemas que venimos acumulando, sumándolos a las carencias estructurales ya existentes, tendrán que ser contempladas por los responsables de los 17 sistemas sanitarios españoles, el madrileño entre ellos, y tratados en jornadas como la que se celebró recientemente, organizada por el diario Información, con el título «El sistema sanitario en España en la era post covid-19».

En este evento, Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, dio su receta para el futuro de un sistema sanitario español más equitativo, de calidad y eficiente, basada en cuatro puntos: Más inversión. Más digitalización. Más innovación. Y más colaboración público-privada. Muy probablemente todos los actores relacionados con la Sanidad, incluidos los responsables políticos, estén totalmente de acuerdo con los tres primeros de ellos. Por contra, cabe recordar que hay una formación política, Unidas Podemos, que quiere derogar la legislación que permite una fórmula de colaboración que, los datos lo indican, está funcionando muy bien: la gestión indirecta de hospitales de titularidad pública.

La opinión de Abarca es que la pandemia ha puesto en valor a la sanidad privada como complemento del sistema público. Han sido necesarios todos los recursos para dar una respuesta adecuada. A los problemas comentados en estas líneas hay que sumar el envejecimiento de la población o la cronificación de procesos, que van a hacer necesarios más recursos asistenciales. Abarca también recuerda que la sanidad privada tiene técnicas que no están en la pública, y que la colaboración público-privada permite ponerlas al alcance de todos los ciudadanos. Cualquier reflexión pausada que se haga al respecto, sin centrarse exclusivamente en motivaciones ideológicas, lleva indefectiblemente a la conclusión de que es el momento de sumar esfuerzos.

El drama de las listas de espera se agudiza con la pandemia

Conviene insistir de vez en cuando. El día a día sigue embargado por la prioridad que supone la pandemia, y por el consiguiente goteo de datos sobre su repercusión hospitalaria, tanto en planta, como en camas de UCI. Es inevitable estar de acuerdo con la importancia de estas cifras, pero no se puede permitir que oculten uno de los principales problemas de nuestro sistema sanitario, que ahí continúa, de forma larvada: las listas de espera.

Hace tan solo unos días se podía leer en el periódico asturiano La Nueva España que la demanda de sanidad privada en Asturias se ha disparado por las listas de espera en la red pública. La conclusión que se puede extraer de esta noticia es que hay pacientes que se están viendo abocados a elegir entre un sistema u otro cuando, como se ha insistido en varias ocasiones desde estas líneas, lo idóneo sería que todos los recursos disponibles estuvieran al alcance del ciudadano a través del sistema público de sanidad, gracias a la colaboración público-privada.

Sanitarios de toda España están empezando a advertir que se disparan las listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas como para operaciones quirúrgicas. La llegada del verano, en la que una buena parte del personal se toma sus más que merecidas vacaciones, nos ha “pillado” en pleno avance de un importante incremento de casos que, en primera instancia, está saturando los centros de Atención primaria y que poco a poco, a pesar de afectar a una parte más joven de la ciudadanía, empieza a repercutir en los hospitales. En algunas comunidades autónomas ya están empezando a cerrar quirófanos.

Incluso nuestra comunidad, Madrid, que siempre ha tenido datos de lista de espera mejores que otras comunidades autónomas, ha sufrido un incremento en el número de pacientes en las listas, aunque siga siendo una de las comunidades mejor posicionadas en los rankings de la mayoría de las especialidades. Es el momento, no solo de seguir poniendo sobre la mesa el asunto de la colaboración público privada, sino de ir pensando en recuperar la normalidad en nuestros hospitales y centros de salud, a medida que salgamos de esta quinta ola de coronavirus, que todos esperamos que sea la última.

Sumar recursos durante y después de la pandemia

Por desgracia parece que las peores expectativas se van cumpliendo y España entra de nuevo en un escenario negativo, al menos en cuanto al aumento de los contagios. Ya no se puede hablar de una o dos comunidades autónomas tan sólo, sino de un aumento global de la incidencia, aunque preocupen especialmente situaciones como las de Cataluña y Cantabria. Pero, sobre todo, lo que más intranquiliza es la incidencia en menores de 30 años, ya que mientras en toda España se ha situado por encima de 200 (IA a 15 días) tras el fin de semana entre los más jóvenes las cifras se triplican. Posiblemente se debe también a su forma de relacionarse, son los que más han cambiado su forma de vida con la pandemia, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que lo más importante es que es un colectivo sin vacunar. Sea por una causa u otra preocupan, y mucho, brotes como los de Mallorca y Salou. Por eso, esta misma semana puede que veamos decisiones en torno a la vacunación de este colectivo.

El camino se hace largo, el riesgo de que los sistemas sanitarios se tensionen de nuevo no desaparece, y diversas voces recuerdan que llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin la colaboración entre la sanidad pública y privada. Alberto de Rosa, director para Europa de la aseguradora Centene, defiende la colaboración, no solo en el contexto de la pandemia, y esgrime como argumento que cuando la Comunidad Valenciana abandonó el modelo Alzira las listas de espera se triplicaron. En este blog ya se comentó que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales costó dinero a los contribuyentes valencianos.

Precisamente desde la Comunidad Valenciana llega la noticia de que la otra fórmula de colaboración permanente que quedaba, el departamento de Salud de Torrevieja, que incluye un hospital, también va a revertirse, como en el caso de Alzira. La decisión se tomó en octubre sin tener en cuenta las cifras positivas de la gestión indirecta que ofrecía un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana. Los responsables de la gestión que ahora mismo está en el aire opinan que se trata de una decisión meramente política que no tiene en cuenta los derechos de los ciudadanos a tener la mejor sanidad. Insisten en que con la pandemia deberíamos haber aprendido “que tanto el modelo público como el privado son imprescindibles para dar la mejor asistencia”.

Llegados a este punto merece la pena recordar que aquí, en la Comunidad de Madrid, la gestión indirecta (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) ha demostrado en numerosas ocasiones que puede servir para reducir las listas de espera a la vez que supone un ahorro estimable para las arcas públicas. Dicho modelo podría estar en peligro si prosperara la derogación de la ley que permite la gestión indirecta, tal y como han propuesto desde la formación Unidas Podemos. Estiman que así blindarían la sanidad pública ya que consideran a la gestión indirecta una privatización, cuando no lo es. Se echa de menos además un análisis serio, y con datos, de lo que gracias a la colaboración público-privada se puede lograr, poniendo todos los recursos posibles al alcance del ciudadano.