Sobre la Ley de Seguridad Nacional y el uso de los recursos privados

Cabe recordar que, en el contexto de la pandemia, tanto el gobierno central como diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el de nuestra comunidad, han tomado medidas de intervención de la sanidad privada para poder afrontar las fases más duras de la lucha contra el coronavirus. Hay que remontarse a mediados del mes de marzo de 2020, coincidiendo con el comienzo del confinamiento, para recordar la medida tomada por el Ejecutivo central en el marco del estado de alarma. Todas las instalaciones de la sanidad privada se pusieron “a las órdenes de los consejeros autonómicos de Sanidad para que dispusieran de ellas como mejor consideraran”. El texto completo del decreto de alarma se puede consultar en el BOE del día 14 de marzo, y algunas medidas complementarias en el del día siguiente.

Todo esto fue al principio de la pandemia. El gobierno de la Comunidad de Madrid hizo uso de esta posibilidad al principio de la primera ola. Pero también lo volvió a hacer a finales de enero de 2021. Concretamente el día 27 de enero se emitió una orden por la cual la Consejería de Sanidad de Madrid ponía a disposición del sistema sanitario público 40 centros privados para “asegurar una adecuada atención sanitaria a su población a través de todos los recursos disponibles”. El contexto era el de una tercera ola en la que subían con gran velocidad tanto los casos detectados como los ingresos hospitalarios, en planta y en UCI, y en la que aún solo se llevaba un mes inoculando vacunas, que llegaban poco a poco arrastrando graves problemas de suministro.

Esta semana se puede leer en los medios, por ejemplo en Redacción Médica, que el Consejo de Ministros ha dado “luz verde a una modificación parcial y concreta de la Ley de Seguridad Nacional”. Lo que se pretende es tener claro con qué medios cuenta el Estado en caso de una situación que “altere la seguridad nacional”. Obviamente un texto legislativo como la Ley de Seguridad Nacional está concebido para dar respuesta a crisis de diversos tipos, aunque quien más, quien menos, tiene ahora mismo las crisis sanitarias en mente, dada la pandemia que aún está sufriendo la sociedad.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de explicar que, gracias a este cambio en el texto (la ley de Seguridad Nacional fue promulgada en 2015) el Estado podrá “conocer con exactitud los medios sanitarios públicos y privados” con los que se cuentan para hacer un uso más eficiente de los recursos. Se regula, de este modo, un catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, que incorpora recursos de las Comunidades Autónomas e incluso de las entidades locales. Este catálogo no solo incluye instalaciones, también los medios medios humanos y materiales. Se regula también de forma específica la contribución de los recursos del sector privado.

La reflexión casi surge sola. Si puede haber situaciones, se han vivido varias estos dos años, en los que sumar recursos ha sido la solución, la colaboración público-privada se podría extender a circunstancias más cotidianas. El aunar esfuerzos en el día a día, el poder sumar todos los recursos que el sistema sanitario tiene a su alcance, también puede servir para combatir problemas estructurales de los que ahora se está hablando menos, como las listas de espera, y para aprovechar la tecnología sanitaria de la que disponen algunos centros.

Medidas de Recursos Humanos del nuevo Plan de Atención Primaria

Según se puede leer en la prensa el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles las medidas relativas a recursos humanos, dentro del Plan Integral de Mejora de Atención Primaria 2022/23.

Entre estas medidas, quizás lo más llamativo es que habrá mejoras salariales, en forma de complementos retributivos, para los trabajadores de Atención Primaria (no solo para los médicos como dice el titular de la noticia). Concretamente, se trataría de un complemento por el volumen de población atendida en un centro de salud. Y según la información difundida por Europa Press se podrían beneficiar del mismo un 88% de los profesionales de los centros de salud de la región; unos 11.200 trabajadores. Se empezarían a cobrar a partir de la nómina de marzo, pero tendrían carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año.

También está prevista la creación de 1.200 plazas en los próximos dos años que se repartirán de la siguiente forma: 264 serían de medicina de Familia, 264 de Enfermería, 84 de Pediatría y 312 de auxiliar administrativo.

Desde los sindicatos consideran estas medidas insuficientes, porque creen que llegan tarde y que, además, las inversiones deberían ser mucho mayores en Atención Primaria para alcanzar los niveles que tienen otras comunidades y que recomiendan los organismos internacionales. Concretamente, sobre el aumento de plazas, desde CCOO piensan que deberían ser muchas más porque "el 25% de la plantilla de Atención Primaria se jubilará de aquí a cinco años".

En lo que está de acuerdo casi todo el mundo es en que, ya sea por causas estructurales, ya por la situación que ha generado la pandemia de coronavirus, la atención primaria madrileña tiene que reforzarse. Los recursos humanos es tan solo, aunque muy importante, uno de los puntos que se tratan en el mencionado Plan Integral, donde hay otros temas de calado como los cambios en los procesos de citación.

Última hora sobre el coronavirus en Madrid

Nos acercamos a finales de enero y es un momento tan bueno como cualquiera para echar un vistazo a la situación de la pandemia de SARS-CoV-2 en nuestra Comunidad, repasando sucintamente las últimas noticias al respecto. Ahora mismo hay unos cuantos temas de actualidad.

Apareció la variante silenciosa de la ómicron. Sobre este tema aclarar que no se trata de una variante, sino de una subvariante. Es decir, que si ahora hemos estado lidiando con la subvariante BA.1, ahora vamos a tener que hacerlo también con la subvariante BA.2 de ómicron, ya que se han detectado los primeros casos en Madrid. Su origen es incierto, China o India, quizás, aunque en Europa donde ha crecido mucho su presencia en los últimos días ha sido en Dinamarca. Es una subvariante con más mutaciones que la primera y algunos expertos dicen que puede ser aún más transmisible. Además parece que escapa a algunos métodos de detección, de ahí lo de silenciosa. Pero es pronto para afirmar nada y lo mejor es tener prudencia y esperar, tal y como piden las autoridades sanitarias.

El pasaporte covid. Ahora mismo, con la incidencia empezando a bajar en casi todas las comunidades españolas, las decisiones que se están tomando sobre el certificado que demuestra la vacunación son diferentes en cada región. En algunas nunca estuvo en vigor, en otras han dejado de usarlo ya (caso de Cantabria) o están a punto de hacerlo (Cataluña), mientras que el otro tercer grupo quieren prorrogarlo unas semanas más, si cuentan con el visto bueno de la justicia (como en Andalucía, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana). Aquí en Madrid en ningún momento se ha usado, y ya a principios de diciembre del año pasado la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo desestimó. Eso sí, siempre ha estado disponible para quien lo pudiera necesitar lo descargara.

Vacunación infantil. En lo que sí han insistido las autoridades sanitarias madrileñas es en la importancia de la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Ha sido durante la visita del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, al Hospital La Paz, donde hay un punto de inmunización para este grupo de edad. El consejero ha querido animar a las familias a que inmunicen a sus hijos, haciendo especial hincapié en la recomendación en los casos en los que los pequeños  tienen algún factor de riesgo. Así, anunció que se van a enviar 40.000 SMS con la cita para la segunda dosis, para niños en los que se ha cumplido el plazo de 8 semanas desde la administración de la primera vacuna. Actualmente ha recibido la vacuna el 46,1% de la población entre los 5 y los 11 años de la Comunidad de Madrid, y se dispone de 115.000 huecos en las agendas para que aquellas familias que lo deseen puedan reservar día y hora con el fin de que se administre la primera dosis.

Foto fija de la pandemia en Madrid. Se puede echar un vistazo a los datos que se ofrecieron ayer, por ejemplo, en la web de TeleMadrid. Se notificaron 9.773 positivos  de Covid-19, 585 menos que el día anterior. De ellos 7.674 correspondientes al último período de 24 horas. También se notificaron 42 fallecimientos. Estas cifras se traducen en una bajada de la  incidencia de 98,8 puntos en un día.

El número de pacientes hospitalizados bajó ayer de 2.854 a  2.760, mientras que el número de enfermos en UCI disminuyó en 12, hasta los 293 ingresados. Ayer se produjeron 358 altas.

Los madrileños podrán consultar algunas patologías por videollamada

Hace unos días la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la encargada de anunciar un nuevo formato de videoconsultas para las patologías que permitan ser atendidos por el médico por esa vía. Quizás, una vez más, la comunicación a la hora de anunciarlo no ha sido la mejor, con frases rimbombantes por medio, pero se trata de una medida positiva. 

La sanidad pública madrileña da un gran paso con el nuevo servicio de videollamada, complementaria a la asistencia presencial.

Los mayores, pacientes con movilidad reducida, etc. podrán estar en contacto directo con su médico sin tener que desplazarse obligatoriamente. pic.twitter.com/laTp9pM91y

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 18, 2022

La aplicación de la tecnología siempre es positiva, y en este caso hablamos de una herramienta, las videollamadas, de la que ya hacen uso los seguros privados, y que ahora llegará a todos los madrileños. Ahora bien, en un momento en el que lo que muchos ciudadanos lo que quieren es recuperar la normalidad, y eso incluye las consultas presenciales, es vital contar las cosas con menos grandilocuencia y más sencillez.

Se puede saber más sobre este tema en los medios de comunicación, pero lo mejor es acudir a la fuente: la web de la Comunidad de Madrid.

Así, la Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva funcionalidad pionera en España dentro de la Tarjeta Sanitaria Virtual que permitirá la realización de videoconsultas de los profesionales sanitarios -médicos, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, psiquiatría o trabajadores sociales-, con los pacientes, tanto en Atención Primaria como en hospitalaria.

El programa piloto da comienzo en los hospitales públicos de El Escorial y del Henares, en Coslada, aunque aseguran que estará disponible en toda la red antes de que finalice este año 2022. Actualmente están trabajando con los profesionales, tanto de Atención Primaria como de hospitales, para clarificar en qué tipo de casos estará indicada este tipo de atención médica y en cuáles no. En la web de la Comunidad detallan en qué servicios hospitalarios se ha puesto en marcha la prueba piloto, cuáles se van a sumar en breve, y cuáles van a ser los primeros centros de salud en incorporarse a la iniciativa.

En definitiva, un nuevo tipo de atención que se suma a la telefónica y a la presencial. Algo positivo siempre que no se olvide que los pacientes ahora mismo necesitan también, más que nunca, la presencia cercana de sus sanitarios.

Hospital de Torrevieja: la reversión de un sistema que funcionaba

Para quien no sepa qué significa reversión, en el contexto de la sanidad y la colaboración público-privada, una sucinta explicación. En el caso de algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, y también aquí en Madrid, se trabaja con un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales. Se trata de una colaboración público-privada que está ofreciendo buenos resultados en cuanto a la reducción de las listas de espera, y además pone al alcance de toda la ciudadanía los recursos de algunos centros privados. No tiene nada que ver con la privatización, aunque a veces se juega al despiste con estos conceptos.

En el caso de la Comunidad Valencia, y debido exclusivamente a un planteamiento político, se está revirtiendo por completo lo que allí se denominó “modelo Alzira”, porque nació en esa localidad. En este blog ya se comentó en su momento que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales había costado dinero a los contribuyentes valencianos. Por ejemplo, el informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión del Hospital de Manises  y su área de Atención Primaria hablaba de un ahorro del 25% para el contribuyente valenciano que obviamente se perdería.

Siguiendo esta historia de forma cronológica, en octubre de 2020 se recogía en prensa que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, así lo reconocían desde fuentes oficiales, iba a rescindir la gestión privada en el Hospital de Torrevieja sin haber hecho ningún tipo de informe o análisis sobre la eficiencia que justificara el cambio. En aquel momento la decisión de la reversión ya estaba tomada y estaban a la espera de trazar una hoja de ruta con los pasos a dar.

Aunque no tuvieran un informe propio, sí que contaban sobre la mesa con un informe sobre la eficiencia, hasta aquel momento,  del Departamento de Salud de Torrevieja (que incluye el hospital). Fue elaborado, de nuevo, por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, y concluyó que “se trata de una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. El informe hablaba de un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat, que se perderían al cambiar a la gestión directa. 

Así mismo, ya se conocía el sobrecoste que estaba suponiendo una de las reversiones ya llevadas a cabo, la del Hospital de Alzira. Este sobrecoste se estima en 76 millones de euros en el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalitat Valenciana.

Finalmente, en octubre del año pasado, se produjo la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja. Y desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) siguen mencionando los estudios ya citados como prueba, a su juicio, de que la gestión directa “es más cara e ineficiente que el mantenimiento de la colaboración público-privada”. 

Sería necesario contar con nuevos informes sobre la nueva fase de gestión, pero sí que empiezan a llegar algunas noticias poco halagüeñas sobre ella. Por ejemplo, en diciembre se hizo público que los representantes de los trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja pedían la dimisión de los nuevos gestores, incluyendo a la nueva gerente: el comité de empresa califica la situación de "insostenible".

Cabría esperar que en Madrid y en otras comunidades se tome nota de los riesgos innecesarios de cambiar lo que está funcionando bien, por razones meramente ideológicas. Lo mínimo que se puede exigir es que se haga en base a estudios e informes de eficacia.