Cualquier ciudadano madrileño que siga atentamente la actualidad sanitaria es muy posible que haya leído estos días una noticia referida al informe ‘La Privatización Sanitaria de las CCAA 2023’ que ha publicado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
En la rueda de prensa de presentación de dicho informe se hizo hincapié, como viene siendo habitual, en los datos de Madrid, cuando la llamada de forma genérica “privatización sanitaria” ha aumentado en todas las comunidades autónomas
Para hablar de este tema de forma honesta hay que hacer al menos dos puntualizaciones. La primera es que habitualmente, con la política por medio, se juega mucho al despiste con el término privatización. Se enmarca casi cualquier situación dentro de este término, que en sentido estricto significa vender algo público a manos privadas. Sin embargo, hay diferentes tipos de colaboración público-privada que poco tienen que ver con eso.
Hablamos de convenios, de conciertos o de concesiones de la gestión. Podemos encontrar, por ejemplo, un hospital de gestión indirecta o privada que da servicio en la sanidad pública junto a hospitales de gestión directa, íntegramente pública.
Otra puntualización interesante es, más allá de centrarse en los porcentajes de privatizaciones, una vez aclarado que el término se usa de forma indiscriminada, poner el foco en los resultados obtenidos con las concesiones o con los convenios. Centrarse, en definitiva, en poner todos los medios posibles al alcance de los pacientes del sistema público de Salud, con el fin de reducir problemas concretos como las listas de espera.
Sin duda, esto se puede hacer de dos formas, integrando en el sistema infraestructuras y personal que puedan dar servicio a los ciudadanos todo el año. O derivando de forma improvisada pruebas u operaciones quirúrgicas cuando las cifras, y la realidad, aprietan. No hace falta decir cuál es la manera idónea.
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