Vuelve a estar sobre la mesa lo que podríamos considerar uno de esos debates recurrentes: la supresión o no de la exención de IVA a la sanidad privada. Es un tema que ha planteado la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como una de las medidas dentro de los Presupuestos del Estado para el año que viene. Es de suponer que la propuesta cuenta con el aval de la Ministra de Sanidad, de la misma formación política.
Como recuerdan en este artículo, este debate no es nuevo, y la última vez que se planteó fue en 2020, aunque en aquella ocasión fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que dio carpetazo a la idea. No en vano, como recuerdan desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la normativa europea “establece un marco común relativo al sistema del IVA”, en el cual se indica que "entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas se sitúan las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria”, entre otros.
Más allá de este debate, siempre interesante, en este espacio siempre se ha abogado por la colaboración público-privada. Por ver las cosas desde un prisma que no se queda encajonado en la batalla política, sino que busca colocar al paciente en el centro de la sanidad. Y no hay mejor forma para ello que poner al alcance de toda la ciudadanía cuantos más recursos mejor, sean de naturaleza totalmente pública, o mediante diversas fórmulas de gestión indirecta, en las que una entidad privada de servicio a todos los ciudadanos, en este caso a los madrileños. Una gestión indirecta que no tiene nada que ver con privatizaciones.
De hecho, en Madrid, los hospitales de gestión indirecta han influido de forma muy positiva, por ejemplo, en las listas de espera de la Comunidad, aún mejorables, pero muy bien situadas respecto a la media española.
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