Esta semana ha aparecido en prensa una noticia, concretamente en Redacción Médica, en la que afirman que el 74 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León encuestados considera necesario impulsar la cooperación entre el sector público y privado. La fuente de este dato es el informe Sanidad en España. Encuesta de percepción, desarrollada por la Fundación IDIS, que probablemente hayamos citado en este espacio alguna vez, ya que fue presentada en mayo de este año.
Es lógico que al hilo de esta cifra, cualquier ciudadano madrileño se pregunte si el dato en la Comunidad de Madrid es similar o no, ya que habiendo aquí en marcha una experiencia de colaboración, con cinco centros hospitalarios de gestión indirecta que conviven con el resto de los centros del sistema público, tiene sin duda gran interés.Tal y como se hizo público en mayo, en el conjunto de España son el 75% los ciudadanos encuestados que apoyan la colaboración público-privada en aras de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a más recursos. Podéis descargaros el informe completo, realizado por SIGMA 2, en la web de la Fundación IDIS, pero no muestran datos segmentados por comunidades autónomas. Cabe dentro de lo lógico pensar que la opinión en Madrid estará en consonancia con la media española.
Sobre el tema de la colaboración público-privada es posible que se hable mucho en los próximos meses. Probablemente más de un lector recuerde que en julio surgió la noticia, aquí comentada, de que desde la formación política Unidas Podemos se proponían intentar lograr la derogación de la ley que permite la gestión indirecta de hospitales (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) que en Madrid ha ayudado a reducir las listas de espera, entre otros efectos positivos.
Las novedades sobre el asunto pasan por la reciente presentación, concretamente el día 4 de octubre, de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que pide, según cuenta en un artículo de opinión Isidro Díaz De Bustamante, la derogación de varios artículos de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y la derogación completa de la Ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud (Ley 15/1997). Esto en la práctica supondría que serían imposibles los acuerdos como el que en este mismo momento está en marcha en Madrid.
Según explica Bustamente, Presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, la ILP llega presentada por CAS, una asociación de asociaciones con presencia en diversas comunidades autónomas y miembros relacionados con diversas organizaciones políticas. Según cuentan en sus redes sociales desde la propia organización en principio la ILP ha sido rechazada en la Mesa del Congreso, por lo que no se llegará a debatir. Quizás hubiera sido interesante que sí se diera ese debate, pero explicando claramente al ciudadano lo que es la colaboración público privada, ya que como dice Bustamante: Esta ILP presentada el 4 de octubre falta a la verdad en su exposición de motivos, cuando equipara la colaboración público-privada, que se da en otros muchos sectores, con “privatización de la sanidad”. No, colaboración no es privatización, ni mucho menos.
Bustamente termina su exposición dando datos sobre el sector sanitario privado en la Comunidad de Madrid, que actualmente presta asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población.
Se echa de menos, sin duda, un debate sosegado sobre el tema de la colaboración, que no parta de posturas fijadas a priori por planteamientos meramente ideológicos, y que no hurte datos y experiencias. El ciudadano madrileño merece algo más.
