¿Quiénes son los dueños de las historias clínicas?

Cuando se habla de colaboración público-privada a veces no queda claro si todo el mundo se refiere a lo mismo o si, por contra, cada cuál interpreta este concepto un poco como le conviene para apuntalar ideas preconcebidas. Una parte de la clase política juega un poco a la confusión mezclándolo con el término privatización, cuando son ideas que no tienen nada qué ver. Y en todo caso, lo normal es quedarse en la vertiente asistencial del asunto, (atender a pacientes en un centro u otro). Aunque es obviamente el fin último de la sanidad, hay que tener en cuenta, aunque sea en ocasiones, otro tipo de posibilidades. Gracias a un tuit de Borja Adsuara, experto en Derecho y en comunicación digital, que habla de datos de salud y de su reutilización en investigación, se llega a una entrevista en El Confidencial en la que Marta Villanueva, directora de la Fundación IDIS, habla sobre este tema, siempre en el marco de la mentada colaboración público-privada.

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (@idisalud ). Interesante proyecto de colaboración público-privada, que puede ayudar a la #disociación de datos de salud, para su reutilización en #investigación https://t.co/upcIGIhsAW
Por M. Corisco en @elconfidencial

— Borja Adsuara Varela ⚖️ (@adsuara) December 12, 2021

Villanueva defiende un debate en profundidad sobre el sistema sanitario para acometer su transformación. Uno de los retos que ve necesario para mejorar el sistema es la digitalización, y que esto ha de hacerse de forma armonizada entre todas las administraciones con competencias en Sanidad. 

El objetivo final ha de ser, siempre según la Fundación IDIS, un ecosistema en el que el paciente sea el centro. Uno de los retos para lograrlo es lo que ellos llaman interoperabilidad de la historia clínica. Después, Villanueva explica esto de forma mucho más coloquial: “Si tenemos una historia clínica única, compatible entre los distintos centros -con independencia de que sean de titularidad pública o privada-, podremos evitar duplicidades, redundancias e ineficiencias”.

O dicho de otra forma: la idea es conseguir la trazabilidad de toda la historia y los datos clínicos de un paciente. Así, por ejemplo, un especialista de la sanidad pública podría acceder a unos análisis que el paciente se ha hecho en un centro privado. O viceversa. Y aquí está la respuesta a la pregunta del título: el historial clínico pertenece al paciente y decide compartirlo con los profesionales que elija en cada momento.

Villanueva piensa que se cuenta con los métodos necesarios y ya están trabajando en la interoperabilidad dentro de la sanidad privada. Después se podrían añadir los datos de la sanidad pública. Parece una fórmula de colaboración muy interesante. Queda por saber si cuando llegue el momento existirá la voluntad real de que se haga por todas las partes implicadas.

La variante Ómicron ya está en Madrid, ¿y ahora qué?

La experiencia con otras variantes de alta transmisibilidad dictaba que era tan solo cuestión de tiempo que esta nueva variante del SARS-CoV-2 llegara a España y a Madrid, como así se ha confirmado. Se puede leer en prensa o acudir a fuentes oficiales, como la web de la Comunidad de Madrid, donde el día 2 de diciembre confirmaban la detección de un tercer caso de la variante Ómicron, el primero por transmisión comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que este tercer afectado se contagió ya aquí, de otra persona que también portaba esta variante del virus, a diferencia de los anteriores, que llegaron a España portando la infección. Un día después se confirmó un cuarto caso por Ómicron en Madrid: una paciente joven que ya había estado infectada con anterioridad de otra variante; se trata, por tanto, de una reinfección.

La incidencia que va a tener esta variante aún no es clara. Desde Sudáfrica llegan algunas noticias, en principio positivas, que hablan de menos gravedad en las hospitalizaciones, pero es pronto para echar las campanas al vuelo. En principio, una variante con alta transmisibilidad es un hecho preocupante, que podría no serlo tanto si la infección generada es menos grave. De momento, solo queda esperar, mientras las autoridades se preocupan de un problema más palpable: tardó más en llegar que a otros países europeos, pero la sexta ola de coronavirus ya está aquí.

El último informe de situación en la Comunidad de Madrid (de ayer día 9 de diciembre, se puede consultar en PDF) nos habla de 507 pacientes hospitalizados y 144 ingresados en UCI. Respecto a la vacunación, el 90,7% de la población diana de Madrid tiene la pauta vacunal completa, lo que se traduce en un 78,9% de la población total. Más de 750.000 madrileños ya han recibido la tercera dosis.

Sobre la campaña de vacunación la novedad más reciente ha sido la mencionada tercera dosis que está recibiendo ya los mayores de 60 años. Por otro lado, va a comenzar la vacunación de los niños menores de 12 años. A partir de la próxima semana se abrirá el sistema de autocita para ellos. En Madrid esta inmunización se hará en los hospitales de la red pública con servicio de pediatría. 

¿Va a influir la variante Ómicron en las campañas de vacunación? Desde Pfizer insisten en que una tercera dosis es positiva en la lucha contra esta nueva variante, pero los responsables de Salud Pública tienen que valorar muchos más aspectos antes de decidir extender la inoculación de una tercera dosis a la población en general.

Atasco en la sanidad versus colaboración público-privada

Rastreando noticias recientes sobre Sanidad en Internet se puede encontrar actualidad sobre varios temas que, quizás, se puedan valorar de forma totalmente independiente. O, por el contrario, pueden estar íntimamente ligadas.

Por un un lado se puede leer en La Vanguardia que, en estos momentos, más de 11 millones de personas tienen un seguro de salud en España, lo que se traduce en una cifra récord de contratación de seguros y en que uno de cada cuatro ciudadanos españoles, comenta la periodista Mayte Rius, financia dos veces su atención médica. En su artículo da algunas cifras del año 2020, año en el que el número de asegurados creció un 4,4% a pesar de las dificultades económicas que muchas familias han atravesado por culpa de la pandemia. La periodista lo achaca al atasco que, a su juicio, sufre la sanidad pública.

Durante el año 2021 la tendencia se confirma, ya que en los seis primeros meses del año en curso se han contratado 407.390 nuevas pólizas; esta cifra supera al número de nuevas altas habitual en los años previos al coronavirus, según datos proporcionados por el Informe El Seguro de Salud, elaborado por ICE. Ya había desde años una tendencia de crecimiento sostenido entre los que apuestan por los seguros de salud, pero con la pandemia, desde el año pasado, dicha tendencia se ha acelerado. Según apunta Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe), una de las causas por las que los ciudadanos apuestan por los seguros de salud son las listas de espera.

Por otro lado, el periodista encargado de redactar en el diario El Español el artículo sobre la la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias ve claro que el gobierno en ella hace una apuesta por la colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Que la apuesta sea más o menos clara puede ser dudoso, pero al menos el texto legal deja la puerta abierta al decir “la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Habrá que ver si en el texto definitivo se mantiene la intención tal cual, ya que uno de los socios de gobierno, Unidas Podemos, tiene la intención contraria. 

Al final se trata de decidir qué se hace para paliar problemas estructurales del sistema sanitario, como la falta de medios tecnológicos o las siempre preocupantes listas de espera. Invertir en la sanidad pública siempre es necesario y la sociedad lo demanda. Pero el debate es si los ciudadanos españoles,en general, y los madrileños en particular, se pueden permitir el lujo de vetar acuerdos de colaboración con la sanidad privada que reviertan en beneficio de todos. 

O si por el contrario, usando modelos de gestión indirecta, que nada tienen que ver con las privatizaciones, se debe poner al alcance de cualquier ciudadano recursos y personal que ya existen, sin que vaya en detrimento de seguir haciendo cuantas inversiones sean necesarias en la sanidad pública. Mientras tanto los ciudadanos toman las decisiones que están a su alcance, y estas pasan por contratar seguros privados si creen que es la única forma de que se les garantice la asistencia. ¿Estaban relacionadas las noticias?

¡Habemus Presupuestos!

Hace un poquito más de un mes, días después de que se presentara en las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se lanzaba en este espacio una pregunta: ¿Es suficiente el presupuesto de Sanidad para el año 2022? No es una cuestión de fácil respuesta, pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad y con los datos en la mano es que los Presupuestos han superado el trámite de su aprobación en el Congreso, donde anteriormente se habían rechazado un total de siete enmiendas a la totalidad. Se puede afirmar también que el Ejecutivo central dedicará un total de 5.434 millones de euros a la Sanidad, lo que se traduce en un aumento de un 10 por ciento en esta partida. 176 millones de euros es el presupuesto para la Atención Primera; de ellos, 172 (el 98%) serán gestionados directamente por las Comunidades Autónomas.

El presupuesto sanitario sigue aún, evidentemente, con un ojo puesto en la pandemia de coronavirus. A la cantidad mencionada habría que añadir otra partida más, dotada con 1.172 millones de euros, exclusivamente para la compra de vacunas frente a la Covid-19. Además, se va a crear la Agencia estatal de Salud Pública, y se va a potenciar la Red de Vigilancia de Salud Pública. Sin duda se quiere estar mejor preparados ante la posibilidad plausible de que en el futuro se vuelva a presentar.

En algunos medios se puede leer que el presupuesto para Sanidad disminuye en un 10%, lo contrario que se acaba de comentar aquí. Nadie miente, depende de cómo se den los datos. La partida que ha disminuido mucho es la destinada a las vacunas, como también ha bajado la dotación de los fondos europeos de recuperación. Si se suman las dos partidas el montante global, 6.606 millones de euros, disminuye respecto al año anterior. Si no tenemos en cuenta la parte destinada a vacunas la partida sanitaria aumenta.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, obviamente, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que finalmente se han aprobado, aunque ahora tienen que remitirse al Senado, afirmando que “tienen como objetivo blindar la sanidad española, uno de los pilares del Estado de Bienestar". La ministra también ha hecho hincapié en el dinero destinado a Salud Mental y Bucodental

¿Y qué pasa en Madrid y en las otras Comunidades Autónomas?

No es necesario explicar a día de hoy que, con la actual estructura del Estado español, es responsabilidad de cada Comunidad Autónoma gestionar el dinero dedicado a la Sanidad, muy especialmente en su faceta asistencial. Y que cada gobierno regional presenta el presupuesto de su Departamento de Sanidad. A principios de mes eran al menos 10 las comunidades que habían hecho públicas sus partidas presupuestarias. Todas ellas con aumentos significativos en sus cuentas, con miras a reforzar sus sistemas sanitarios, tan maltratados por la lucha contra la pandemia. En todos los presupuestos juegan un papel las ayudas que llegan desde la Unión Europea. En este artículo de Diario Farma podéis consultar los detalles más importantes de las cuentas de algunas de estas comunidades, como Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura, Andalucía o, entre otras, también Madrid.

Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, lo más práctico es acudir a la fuente original, la web de la Comunidad, donde cuentan que para 2022 se maneja el presupuesto sanitario más alto de la historia, ya que se destinarán un total de 8.783 millones de euros a Sanidad. Esta cifra es más del 38% del presupuesto total de la región y supone un aumento de 693 millones respecto a la cantidad de 2019. Para conocer la cantidad presupuestada para las diversas partidas lo mejor es visitar el enlace propuesto, aunque se puede adelantar aquí alguna de las cifras. Por ejemplo, los 2.000 millones se dedicarán a Atención Primaria o la partida de más de 65 millones de euros para la reducción de las listas de espera. También se aumentará en 460 millones de euros el gasto en personal, de los que 220 se destinarán a nuevas contrataciones post-COVID.

La Fundación IDIS y el Foro Español de pacientes opinan sobre la futura Ley de Equidad

Recientemente se ha relatado en este espacio el comienzo de los pasos para que la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión Sanitarias, promovida por el actual Gobierno central, llegue a buen puerto: la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley. La primera opinión vertida, y recogida, al respecto fue la de su propio socio de gobierno, Unidas Podemos, que ya ha manifestado que van a presentar enmiendas durante su tramitación ya que, a su juicio “se mantiene intacta la normativa 15/1997 que permite la "privatización" de la sanidad pública”.

Con el paso de los días van surgiendo nuevas opiniones y algunas, como la de la Fundación IDIS, van en diferente sentido. En su caso valoran de forma positiva que se mantenga abierta la puerta a fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa. Es más, tal y como recogen en este artículo de iSanidad.com desde esta organización consideran que “es imprescindible una reforma legislativa que asegure una gestión eficiente de los recursos públicos, garantizando el acceso, la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario, contando con todos los recursos públicos y privados disponibles en el mismo”.

Desde IDIS arguyen que la “falta de flexibilidad y demostrada ineficiencia, según múltiples estudios contrastados, del modelo de gestión directa (administrativa) frente otras fórmulas de gestión pública de la sanidad o a los modelos de gestión privada” hace necesaria la implantación de otros sistemas más flexibles, eficientes y transparentes. Piensan que es la mejor forma de afrontar la falta de recursos a la que se enfrenta el sistema sanitario, agudizada por la pandemia del coronavirus. (Por desgracia, y habrá que comentarlo en otro momento, España no se va a librar de esta nueva ola que está atacando con virulencia a muchos países europeos).

Respecto a otros aspectos contenidos en el proyecto de Ley, la fundación IDIS ve razonable tanto la búsqueda de la universalidad como la supresión de los copagos. Una vez más, aunque la prensa recoge de forma fiel la opinión de esta organización, aquellos que prefieren acudir a la fuente original de cada estudio, pueden encontrar el comunicado completo en la web FundaciónIdis.com.

Algunos datos que dan como apoyo a su tesis de que el modelo de gestión directa no sea preferente son los medios que el sector sanitario privado aporta a la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, una dotación de 441 hospitales y 50.960 camas de hospitalización en España. También dan datos, aunque son de 2018, de las operaciones quirúrgicas realizadas y las urgencias atendidas en todo el territorio nacional.

No es la única opinión que se ha podido leer estos días sobre el Anteproyecto de Ley. También han hablado desde el Foro Español de Pacientes, opinión que se puede leer por ejemplo en DiarioFarma.com. En su caso también han aportado sus propuestas durante el período de consulta pública del proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias.

Aunque el texto recoge una de sus principales demandas: la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, desde el Foro de Pacientes consideren que “la incorporación de asociaciones de pacientes al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS, se hace en términos de desigualdad con respecto a otros colectivos”. El presidente del FEP, Andoni Lorenzo, reclama igualdad frente a otros agentes, como sindicatos y empresarios, ya que en el caso de los pacientes han de compartir sus puestos en el Comité con otras asociaciones de naturaleza indeterminada. Ellos también valoran de forma positiva la universalidad, aunque reclaman financiación y más medios para que sea una realidad