La libre elección de hospital en el alero

Esta semana se pueden leer en prensa dos noticias cuya lectura conjunta no es precisamente complementaria, sino que resulta muy paradójica. Por un lado tenemos una cifra ciertamente de peso: son ya más de 115.000 los madrileños que han decidido cambiar de hospital para evitar las listas de espera que actualmente sufren. La importancia de este cambio estriba en que han decidido abandonar el que era su centro de referencia, “el que les corresponde”, (normalmente el más cercano a su domicilio), para empezar a acudir a uno de los cinco hospitales que a día de hoy son de gestión indirecta en la comunidad de Madrid.

Recordemos que actualmente un madrileño puede optar por elegir libremente en qué hospital quiere ser atendido, según lo estipulado en la la ley actual. Esta ley regula la libre elección tanto de médico de familia, pediatra y enfermero en la atención primaria, como como la del médico y hospital en la atención especializada, estando excluidas únicamente la atención domiciliaria y las urgencias.

Y no solo se pide el cambio de hospital debido a las listas de espera. Aunque sin duda sea la causa principal también hay otras, como el equipamiento tecnológico del nuevo centro elegido, el trato recibido o la efectividad de los tratamientos. Cabe destacar que el listado de menores listas de espera está encabezado por dos centros de gestión indirecta, como son el Hospital Universitario Infanta Elena y la Fundación Jiménez Díaz, con cifras muy inferiores a la media de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Como contraposición a todo lo relatado también podemos leer en prensa la noticia sobre la proposición no de ley presentada por el grupo Más Madrid, para su debate en la Asamblea de Madrid, que apostaba por poner punto y final al convenio que el Servicio Madrileño de Salud tiene a día de hoy suscrito con la Fundación Jiménez Díaz. La proposición también ponía en entredicho todo el funcionamiento actual del sistema de salud madrileño. Por suerte para los pacientes madrileños finalmente dicha proposición ha sido desestimada.

No está de más recordar que la situación actual, en la que conviven de forma satisfactoria cinco centros de gestión indirecta con el resto de los hospitales, de gestión pública, es la que ha propiciado la reducción de las listas de espera. Las cifras son mejores en los centros gestionados de firma indirecta y por eso los madrileños, ejerciendo su derecho a la elección de centro de atención especializada están optando por ellos para sucesivas consultas, tratamientos y operaciones.

El texto de la proposición no de ley ponía en solfa los convenios suscritos y la elección de centro por parte de los pacientes. Es muy curioso percatarse de que la propia proposición presentada por el grupo Más Madrid reconocía, dentro de los puntos de su argumentario, que la principal causa por la que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid piden el cambio de Hospital, trasladándose en la mayoría de los casos a uno de los centros de gestión indirecta, es que en ellos las listas de espera son menores, sin entrar a profundizar en por qué, sin ver que la gestión es más racional y efectiva en dichos centros.

No acaban aquí las paradojas ya que la proposición también asumía que los hospitales de gestión indirecta son más recomendados por los pacientes, muestran unos mayores índices de satisfacción, lo que conlleva en una mayor fidelización de los usuarios. Por contra, algunos de los argumentos que ponían en contra de los convenios actuales son fácilmente rebatibles, como cuando señalaban que las carteras de los servicios de los hospitales de gestión indirectos son inferiores. Solamente hay que mirar las especialidades que ofrecen, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Rey Juan Carlos, para comprobar que esto no es cierto.

Sumar recursos durante y después de la pandemia

Por desgracia parece que las peores expectativas se van cumpliendo y España entra de nuevo en un escenario negativo, al menos en cuanto al aumento de los contagios. Ya no se puede hablar de una o dos comunidades autónomas tan sólo, sino de un aumento global de la incidencia, aunque preocupen especialmente situaciones como las de Cataluña y Cantabria. Pero, sobre todo, lo que más intranquiliza es la incidencia en menores de 30 años, ya que mientras en toda España se ha situado por encima de 200 (IA a 15 días) tras el fin de semana entre los más jóvenes las cifras se triplican. Posiblemente se debe también a su forma de relacionarse, son los que más han cambiado su forma de vida con la pandemia, pero el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señala que lo más importante es que es un colectivo sin vacunar. Sea por una causa u otra preocupan, y mucho, brotes como los de Mallorca y Salou. Por eso, esta misma semana puede que veamos decisiones en torno a la vacunación de este colectivo.

El camino se hace largo, el riesgo de que los sistemas sanitarios se tensionen de nuevo no desaparece, y diversas voces recuerdan que llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin la colaboración entre la sanidad pública y privada. Alberto de Rosa, director para Europa de la aseguradora Centene, defiende la colaboración, no solo en el contexto de la pandemia, y esgrime como argumento que cuando la Comunidad Valenciana abandonó el modelo Alzira las listas de espera se triplicaron. En este blog ya se comentó que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales costó dinero a los contribuyentes valencianos.

Precisamente desde la Comunidad Valenciana llega la noticia de que la otra fórmula de colaboración permanente que quedaba, el departamento de Salud de Torrevieja, que incluye un hospital, también va a revertirse, como en el caso de Alzira. La decisión se tomó en octubre sin tener en cuenta las cifras positivas de la gestión indirecta que ofrecía un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana. Los responsables de la gestión que ahora mismo está en el aire opinan que se trata de una decisión meramente política que no tiene en cuenta los derechos de los ciudadanos a tener la mejor sanidad. Insisten en que con la pandemia deberíamos haber aprendido “que tanto el modelo público como el privado son imprescindibles para dar la mejor asistencia”.

Llegados a este punto merece la pena recordar que aquí, en la Comunidad de Madrid, la gestión indirecta (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) ha demostrado en numerosas ocasiones que puede servir para reducir las listas de espera a la vez que supone un ahorro estimable para las arcas públicas. Dicho modelo podría estar en peligro si prosperara la derogación de la ley que permite la gestión indirecta, tal y como han propuesto desde la formación Unidas Podemos. Estiman que así blindarían la sanidad pública ya que consideran a la gestión indirecta una privatización, cuando no lo es. Se echa de menos además un análisis serio, y con datos, de lo que gracias a la colaboración público-privada se puede lograr, poniendo todos los recursos posibles al alcance del ciudadano.

Dimes y diretes sobre la nueva Ley de Equidad sanitaria

Antes de comentar algunas opiniones surgidas los últimos días sobre el tema, convendría hacer un pequeño repaso del camino que lleva recorrido esta Ley, que aún no ha visto la luz. El 8 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión sanitarias. Podemos, socio de gobierno, mostraba sus discrepancias desde el principio, mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que el objetivo de la Ley es “blindar el acceso universal a la sanidad pública y eliminar nuevos copagos en el sistema sanitario”.

Desde Podemos dejaron claro que iban a presentar enmiendas cuando se llegara al trámite parlamentario, ya que están totalmente en contra de la gestión indirecta, es decir, de las fórmulas de colaboración público-privada. Desde la Fundación IDIS, en cambio, valoraron de forma positiva “el mantenimiento de las fórmulas diferentes al modelo de gestión sanitaria directa, en beneficio de un sistema sanitario lo mejor posible para todos”.

El #BOCG publica hoy el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre otros asuntos.

🗒️BOCG: https://t.co/DmH3XFeclM
👉Proyecto de ley: https://t.co/BgA8PVJHkz pic.twitter.com/Hui7AqUzlE

— Congreso (@Congreso_Es) June 24, 2022

La Ley ahora ha vuelto a primera línea de actualidad ya que un reciente Consejo de Ministros ha acordado, por fin, “remitir a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud”. Darias ha insistido en que la intención del gobierno es blindar la sanidad pública y la gestión directa como el modelo “a seguir”. Dejan una pequeña puerta abierta a que se utilice la gestión indirecta sólo en determinados casos, siempre como un apoyo, y nunca como sustitución de la gestión directa.

Otros temas que recoge la Ley, como explicaba Darias en noviembre, son las garantías para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios. También se regula el derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria de las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

A día de hoy, Podemos continúa mostrando sus reticencias al texto, ya que la Ley de Equidad no explicita cuáles son las excepciones en las que se permite la colaboración público-privada. De hecho ellos lo que quieren es derogar “en fondo y forma” la Ley 15/1997 en la que se habilitaron nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud como la gestión indirecta. El PSOE, por su parte, sostiene que con la nueva ley esto no es necesario.

Por contra, muchas otras opiniones aparecidas en prensa sobre la Ley de Equidad van en sentido contrario, defendiendo las fórmulas de colaboración.

• Círculo de la Sanidad: Consideran que es necesario "eliminar prejuicios sobre la colaboración público-privada" y piden ayuda a los partidos políticos para que durante la tramitación de la ley "puedan corregir los aspectos más lesivos de la norma". A su juicio, esta ley  responde a “intereses políticos que no están conectados con las verdaderas necesidades sanitarias de la población”.

• Alianza General de Pacientes (AGP): Desde este colectivo piensan que la ley habría requerido una auditoría previa a la tramitación parlamentaria. Están de acuerdo en garantizar la atención sanitaria y sociosanitaria bajo criterios de equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública. Pero piensan que “no se puede penalizar al sistema privado y que se deberían establecer fórmulas de colaboración entre ambos sistemas”.

• Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): Consideran que esta ley supone la “limitación de los modelos públicos de gestión en manos de las comunidades autónomas”. Por eso, no descartan acudir a la justicia, ya que consideran que se genera un conflicto competencial. Piensan, además, que las Consejerías de Sanidad autonómicas se verán privadas de fórmulas de colaboración que en momentos de gran demanda pueden suponer un gran alivio para el Sistema Nacional de Salud. 

• CEIM-Confederación Empresarial de Madrid: Desde la patronal madrileña opinan que la colaboración público-privada "ahorra costes al sistema público y genera empleo". Es un error, por tanto ponerle trabas. Piensan, por otro lado, que la Ley de Equidad tiene aspectos positivos como la eliminación de los copagos y la clarificación del acceso a la asistencia sanitaria universal.

Eficiencia y menores listas de espera gracias a la colaboración público-privada

En más de una ocasión os hemos recordado que algunos de los hospitales que forman parte del sistema público sanitario madrileño son de gestión indirecta. Es decir, dan servicio a todos los madrileños y están plenamente integrados en la sanidad pública de la región, pero son gestionados por empresas privadas.

Cuando tocamos este tema, evitamos cualquier tipo de sesgo ideológico y nos centramos en los datos, por ejemplo, de eficiencia económica y mucho más claros aún: de listas de espera. No hay que confundir este tipo de convenios o concesiones con privatizaciones, ya que estamos hablando de un claro ejemplo de colaboración público-privada.

Según el artículo que podemos leer en El Economista, “los cuatro centros públicos concesionados registraron un gasto capitativo inferior en un 20,5% al resto de hospitales de gestión directa comparables por tamaño y actividad”. Son cifras, hay que aclarar, oficiales de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar que estos centros hospitalarios dan servicio al 17% de la población madrileña, a los que hay que añadir los ciudadanos que, haciendo uso del derecho a la libre elección, acuden a ellos a recibir una consulta o a ser intervenidos.

En el artículo destacan el Hospital Fundación Jiménez Díaz, que se financia por acto médico y que “presenta un coste per cápita un 27,7% menor que la media de su grupo”. Recordemos que estamos hablando de un hospital del grupo de alta complejidad.

Hablando de gasto acumulado, durante el período que va del 2016 al 2025, el gasto creció un 64,79% en los centros de gestión directa, mientras que el incremento en los hospitales de gestión indirecta fue del 49,59%. Es decir, un 15% menos de aumento.

El artículo también establece una comparación de las listas de espera entre los hospitales de gestión mixta o indirecta y las medias, tanto del sistema sanitario madrileño como de toda España. 

Así, según los datos más recientes que ofrece el SISLE-SNS, la espera media en la lista de espera quirúrgica es de alrededor de los 119 días. Mientras que en la Comunidad de Madrid es de 49 días y en los hospitales de gestión mixta la espera media oscila en una horquilla de entre 13 y 25 días. Evidentemente, es un aporte relevante a las mejores listas de espera en nuestra región.

Encuestas y estudios sobre los hospitales del sistema sanitario madrileño

Esta semana hemos podido leer en prensa dos artículos de interés sobre los centros hospitalarios que forman parte de la sanidad pública madrileña. Con la peculiaridad de que surgen desde dos puntos de vista muy diferentes.

Por un lado, tenemos la opinión de los usuarios de los hospitales, recogida en la Encuesta de Satisfacción del Servicio Madrileño de Salud, que realiza la propia Consejería de Sanidad. Y, por otro lado, tenemos un estudio publicado en la revista científica NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, sobre 25 hospitales del sistema sanitario público madrileño.

Los madrileños están satisfechos con la atención hospitalaria.

El principal titular que nos deja la encuesta es que alrededor del 95% de los pacientes atendidos en los hospitales del SERMAS están satisfechos con la atención recibida. En los medios destacan que “el 94,4% de los pacientes asegura que recomendarían estos centros hospitalarios a sus familiares y amigos, mientras que el 90,1% lo harían en el caso de los centros de Atención Primaria”.

En el caso de los hospitales, destaca la mejora en los índices de humanización. Y también la valoración positiva de algunos aspectos más concretos como el silencio nocturno en el ingreso o el trato, la información recibida y la dedicación por parte de los profesionales sanitarios.

Los centros de gestión indirecta son más eficientes

En el estudio publicado en la revista científica se han analizado 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en el periodo que va desde 2014 hasta 2023. Y tal como destacan en prensa, se han encontrado “diferencias significativas entre centros de gestión directa y centros externalizados, tanto en gasto como en indicadores asistenciales”.

Por centros externalizados, en el contexto del SERMAS, entendemos los hospitales de gestión indirecta plenamente integrados en el sistema público. La principal conclusión del estudio es que los hospitales que consiguen mejores resultados clínicos con un menor coste por paciente son los que aplican un modelo de sanidad basada en valor. A este modelo se le conoce como Value-Based Healthcare (VBHC).

De hecho, el Hospital Fundación Jiménez Díaz, centro de gestión indirecta que forma parte del sistema sanitario público madrileño, es un referente internacional en la aplicación de este tipo de modelo sanitario.

Vuelve el debate sobre el IVA en la sanidad

Vuelve a estar sobre la mesa lo que podríamos considerar uno de esos debates recurrentes: la supresión o no de la exención de IVA a la sanidad privada. Es un tema que ha planteado la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como una de las medidas dentro de los Presupuestos del Estado para el año que viene. Es de suponer que la propuesta cuenta con el aval de la Ministra de Sanidad, de la misma formación política.

Como recuerdan en este artículo, este debate no es nuevo, y la última vez que se planteó fue en 2020, aunque en aquella ocasión fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que dio carpetazo a la idea. No en vano, como recuerdan desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la normativa europea “establece un marco común relativo al sistema del IVA”, en el cual se indica que "entre las prestaciones de servicios del sector sanitario que la Directiva del IVA trata como exentas se sitúan las de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria”, entre otros.

Más allá de este debate, siempre interesante, en este espacio siempre se ha abogado por la colaboración público-privada. Por ver las cosas desde un prisma que no se queda encajonado en la batalla política, sino que busca colocar al paciente en el centro de la sanidad. Y no hay mejor forma para ello que poner al alcance de toda la ciudadanía cuantos más recursos mejor, sean de naturaleza totalmente pública, o mediante diversas fórmulas de gestión indirecta, en las que una entidad privada de servicio a todos los ciudadanos, en este caso a los madrileños. Una gestión indirecta que no tiene nada que ver con privatizaciones.

De hecho, en Madrid, los hospitales de gestión indirecta han influido de forma muy positiva, por ejemplo, en las listas de espera de la Comunidad, aún mejorables, pero muy bien situadas respecto a la media española.

Hospital de Torrevieja: la reversión de un sistema que funcionaba

Para quien no sepa qué significa reversión, en el contexto de la sanidad y la colaboración público-privada, una sucinta explicación. En el caso de algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, y también aquí en Madrid, se trabaja con un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales. Se trata de una colaboración público-privada que está ofreciendo buenos resultados en cuanto a la reducción de las listas de espera, y además pone al alcance de toda la ciudadanía los recursos de algunos centros privados. No tiene nada que ver con la privatización, aunque a veces se juega al despiste con estos conceptos.

En el caso de la Comunidad Valencia, y debido exclusivamente a un planteamiento político, se está revirtiendo por completo lo que allí se denominó “modelo Alzira”, porque nació en esa localidad. En este blog ya se comentó en su momento que el paso de la gestión indirecta a íntegramente pública en dicha comunidad de varios hospitales había costado dinero a los contribuyentes valencianos. Por ejemplo, el informe de auditoría de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la gestión del Hospital de Manises  y su área de Atención Primaria hablaba de un ahorro del 25% para el contribuyente valenciano que obviamente se perdería.

Siguiendo esta historia de forma cronológica, en octubre de 2020 se recogía en prensa que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, así lo reconocían desde fuentes oficiales, iba a rescindir la gestión privada en el Hospital de Torrevieja sin haber hecho ningún tipo de informe o análisis sobre la eficiencia que justificara el cambio. En aquel momento la decisión de la reversión ya estaba tomada y estaban a la espera de trazar una hoja de ruta con los pasos a dar.

Aunque no tuvieran un informe propio, sí que contaban sobre la mesa con un informe sobre la eficiencia, hasta aquel momento,  del Departamento de Salud de Torrevieja (que incluye el hospital). Fue elaborado, de nuevo, por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, y concluyó que “se trata de una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. El informe hablaba de un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat, que se perderían al cambiar a la gestión directa. 

Así mismo, ya se conocía el sobrecoste que estaba suponiendo una de las reversiones ya llevadas a cabo, la del Hospital de Alzira. Este sobrecoste se estima en 76 millones de euros en el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la Generalitat Valenciana.

Finalmente, en octubre del año pasado, se produjo la reversión del Departamento de Salud de Torrevieja. Y desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) siguen mencionando los estudios ya citados como prueba, a su juicio, de que la gestión directa “es más cara e ineficiente que el mantenimiento de la colaboración público-privada”. 

Sería necesario contar con nuevos informes sobre la nueva fase de gestión, pero sí que empiezan a llegar algunas noticias poco halagüeñas sobre ella. Por ejemplo, en diciembre se hizo público que los representantes de los trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja pedían la dimisión de los nuevos gestores, incluyendo a la nueva gerente: el comité de empresa califica la situación de "insostenible".

Cabría esperar que en Madrid y en otras comunidades se tome nota de los riesgos innecesarios de cambiar lo que está funcionando bien, por razones meramente ideológicas. Lo mínimo que se puede exigir es que se haga en base a estudios e informes de eficacia.

La gestión indirecta de hospitales en Madrid: ahorro y eficiencia

Por suerte, dentro del cúmulo de malas noticias que acostumbramos a leer sobre sanidad, especialmente todas las relacionadas con las listas de espera, de forma ocasional aparece algún brote verde o alguna pista que nos permite vislumbrar en qué dirección caminar si queremos encontrar soluciones. Y no es la primera vez que alguno de estos indicios tiene su origen en Madrid.

Estos día podemos leer en la prensa que han sido analizados seis hospitales de la zona sur de de la comunidad de Madrid. Por si alguien no lo sabe, conviene recordar que los hospitales públicos de Madrid están divididos en tres categorías: alta complejidad, media complejidad y baja complejidad. Los de la zona sur de Madrid son los que dan servicio a núcleos de población populosos como Móstoles, Leganés, Alcorcón o Fuenlabrada. Los hospitales de esta zona que han sido estudiados son: el Hospital de Móstoles, el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital Severo Ochoa (Leganés), el Hospital de Getafe, el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital Fundación Alcorcón y el Hospital de Fuenlabrada. Todos ellos dan servicio a la sanidad pública madrileña y todos ellos comparten que están enmarcados en la categoría de complejidad media.

Lo que es diferente es la gestión que se lleva a cabo en cada hospital, que en el caso del Hospital Rey Juan Carlos es indirecta o, dicho de otra forma, es gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada. Y a tenor de los resultados de la comparativa realizada no es la única diferencia. Este hospital es, por un lado, el que menos financiación recibió en 2018: 590 euros per cápita (es decir, por cada habitante asignado). El Hospital Universitario Fundación Alcorcón recibió en el mismo período de tiempo 960 euros por ciudadano asignado. Si alguien quiere datos de todos los hospitales puede consultarlos en este artículo de El Boletín.

Por otro lado, y pese a ser el Hospital que requirió menor financiación, el Hospital Rey Juan Carlos presentó la mejor ratio de peso medio de los seis centros, (quiere decir que fue donde más recursos se emplearon con los pacientes), y el que presenta un menor tiempo de espera de los usuarios, tanto para ser recibidos en consulta como para ser operados. Por último, y dado que en Madrid se puso en marcha un sistema de libre elección de centro por parte de los pacientes, más de 41.000 madrileños asignados a otros centros eligieron ser atendidos en el Rey Juan Carlos.

La conclusión parece clara: si los seis hospitales tuvieran el mismo tipo de gestión indirecta, el ahorro sería importante, en el artículo vinculado lo estiman en casi 200 millones de euros al año, y las listas de espera serían menores.

La sostenibilidad sanitaria necesita de la libre elección para cubrir las futuras necesidades de los pacientes (y II)

Una sanidad basada en la libertad del paciente para elegir el médico o el centro sanitario donde quiere ser tratado, es una sanidad que solo puede avanzar hacia la calidad, hacia un sistema más cercano y más humanizado. De hecho, termina por fomentar el trabajo bien hecho.

La libertad de elección fortalece la capacidad de los ciudadanos a la hora de participar realmente en la toma de decisiones relacionadas con su salud. Algo que los usuarios valoran muy positivamente. Y al mismo tiempo, también facilita a los responsables de los servicios públicos sanitarios la percepción que tienen los pacientes acerca de la calidad de la atención sanitaria. Así, proporciona una información relevante y de gran utilidad para gestionar los recursos públicos bajo los principios de eficiencia y de equidad. Y esto último debe ser vital para alcanzar el objetivo final: conseguir la sostenibilidad del sistema nacional de salud.


Los hospitales de gestión indirecta son hospitales de titularidad pública que están integrados en la red sanitaria en idénticas condiciones que el resto de hospitales e, independientemente de su modelo de gestión, desarrollan una labor asistencial de gran valor (en todos los hospitales los ciudadanos son atendidos por profesionales formados en el propio sistema).


Durante 2016, y tomando el ejemplo de Madrid, un número de pacientes, ejerciendo su derecho a la libre elección, decidieron acudir a otros hospitales. Las consultas de libre elección sobre el total de las consultas realizadas representaron aproximadamente el 1,75% (o se movieron sobre porcentajes muy residuales), pero la satisfacción expresada por los usuarios en relación a la asistencia recibida alcanzó valores altos (en torno a un 90% de los pacientes atendidos quedaron satisfechos).

Puede ocurrir, por ejemplo, que el número de consultas abiertas a libre elección o los plazos de atención a los pacientes en la Fundación Jiménez Díaz, o en los hospitales de gestión indirecta, resulten más atractivos para los pacientes que los ofrecidos por los hospitales de gestión directa. Lo cierto es que los madrileños no eligen un hospital u otro por su modelo de gestión, porque para ellos no es un modelo relevante, sino por otro tipo de razones:

• la confianza
• la cercanía
• una menor lista de espera
• horarios más ajustados a sus necesidades

Una sanidad pública buena, participativa y realmente orientada al ciudadano sólo es posible cuando éste tiene libertad para elegir el centro sanitario y el profesional por el que quiere ser atendido... y si esto mejora la sostenibilidad del sistema, ¿por qué ponerle trabas?


 

¿Está en riesgo la colaboración público-privada en Sanidad?

 Esta semana ha aparecido en prensa una noticia, concretamente en Redacción Médica, en la que afirman que el 74 por ciento de los ciudadanos de Castilla y León encuestados considera necesario impulsar la cooperación entre el sector público y privado. La fuente de este dato es el informe Sanidad en España. Encuesta de percepción, desarrollada por la Fundación IDIS, que probablemente hayamos citado en este espacio alguna vez, ya que fue presentada en mayo de este año.

Es lógico que al hilo de esta cifra, cualquier ciudadano madrileño se pregunte si el dato en la Comunidad de Madrid es similar o no, ya que habiendo aquí en marcha una experiencia de colaboración, con cinco centros hospitalarios de gestión indirecta que conviven con el resto de los centros del sistema público, tiene sin duda gran interés.Tal y como se hizo público en mayo, en el conjunto de España son el 75% los ciudadanos encuestados que apoyan la colaboración público-privada en aras de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a más recursos. Podéis descargaros el informe completo, realizado por SIGMA 2, en la web de la Fundación IDIS, pero no muestran datos segmentados por comunidades autónomas. Cabe dentro de lo lógico pensar que la opinión en Madrid estará en consonancia con la media española.

Sobre el tema de la colaboración público-privada es posible que se hable mucho en los próximos meses. Probablemente más de un lector recuerde que en julio surgió la noticia, aquí comentada, de que desde la formación política Unidas Podemos se proponían intentar lograr la derogación de la ley que permite la gestión indirecta de hospitales (gestión privada fruto de un acuerdo de colaboración público-privada) que en Madrid ha ayudado a reducir las listas de espera, entre otros efectos positivos.

Las novedades sobre el asunto pasan por la reciente presentación, concretamente el día 4 de octubre, de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que pide, según cuenta en un artículo de opinión Isidro Díaz De Bustamante, la derogación de varios artículos de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y la derogación completa de la Ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud (Ley 15/1997). Esto en la práctica supondría que serían imposibles los acuerdos como el que en este mismo momento está en marcha en Madrid. 

Según explica Bustamente, Presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, la ILP llega presentada por CAS, una asociación de asociaciones con presencia en diversas comunidades autónomas y miembros relacionados con diversas organizaciones políticas. Según cuentan en sus redes sociales desde la propia organización en principio la ILP ha sido rechazada en la Mesa del Congreso, por lo que no se llegará a debatir. Quizás hubiera sido interesante que sí se diera ese debate, pero explicando claramente al ciudadano lo que es la colaboración público privada, ya que como dice Bustamante: Esta ILP presentada el 4 de octubre falta a la verdad en su exposición de motivos, cuando equipara la colaboración público-privada, que se da en otros muchos sectores, con “privatización de la sanidad”. No, colaboración no es privatización, ni mucho menos.

Bustamente termina su exposición dando datos sobre el sector sanitario privado en la Comunidad de Madrid, que actualmente presta asistencia sanitaria a 2,8 millones de ciudadanos, más del 40% de la población. 

Se echa de menos, sin duda, un debate sosegado sobre el tema de la colaboración, que no parta de posturas fijadas a priori por planteamientos meramente ideológicos, y que no hurte datos y experiencias. El ciudadano madrileño merece algo más.

La Comunidad Valenciana recurre a la sanidad privada para aliviar las listas de espera

En este espacio se ha hablado en más de una ocasión de la sanidad valenciana. Si bien es el seguimiento de la sanidad madrileña lo que aquí interesa, se han establecido a veces paralelismos interesantes, ya que en ambas comunidades, con sus particularidades, han funcionado diversos acuerdos de colaboración público-privada. Habría que decir que con éxito, pero eso a veces depende de quién cuente la historia. Así que lo mejor es remitirnos a los hechos.

En la Comunidad Valenciana esta colaboración, un modelo de gestión indirecta de algunos hospitales, siempre se ha conocido como “modelo Alzira”, ya que el Hospital Universitario de la Ribera, en esta localidad, fue el primer centro público de España gestionado bajo la modalidad de concesión administrativa.

En la Comunidad Valenciana todo esto se ha intentado revertir por motivos políticos, sin que hubiera una justificación clara basada en hechos y cifras, y sin buscar el beneficio de los ciudadanos, al fin y a la postre los usuarios del sistema público de salud.

Se puede hacer una pequeña cronología de los hechos.

Desde abril de 2018, el mencionado Hospital Universitario de La Ribera dejó de ser gestionado de forma indirecta, pasando a estar bajo el único control de la Generalitat. El movimiento supuso un sobrecoste estimado en unos 76 millones de euros, según el Informe de marzo de 2020 del Cuadro de Mando del Seguimiento del Gasto elaborado por la propia Generalitat Valenciana. 

En octubre de 2020, y pese a los precedentes negativos, se decidió también rescindir la gestión indirecta en el Hospital de Torrevieja. Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana reconocieron que dicha decisión se tomaba sin que existiera ningún informe que avalara su conveniencia. Se trató, entonces, de una decisión meramente política. 

Aunque en realidad sí había un informe: el elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana que afirmaba que el Departamento de Salud de Torrevieja era “una de las áreas más eficientes a la hora de evaluar conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”. Esto se traducía en un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat. Es decir, para los ciudadanos valencianos. 

#CValenciana | @generalitat propone derivar al paciente a la sanidad privada para aliviar las listas de espera del sistema público https://t.co/DePqMBo1vh

— ConSalud.es (@Consalud_es) September 27, 2022

Lo que ha resultado paradójico ha sido que el nuevo curso político de comienzo con el presidente de la Generalitat reconociendo ahora que “es evidente que tenemos muchísimas deficiencias" y añadiendo: "Tenemos un motivo de preocupación: las listas de espera, situada entorno a 100 días para operarse” y  atribuyendo los retrasos a la pandemia. Que sí, es cierto que ha influido a todos los sistemas sanitarios españoles, pero a tenor de las medidas que ahora toma parece que no ha sido la única causa.

Dentro del anuncio de más de 70 acciones políticas, muchas de ellas relacionadas con la sanidad, Ximo Puig ha anunciado en comparecencia pública que uno de los planes que tiene su Ejecutivo para reducir las listas de espera consiste “en derivar a la sanidad privada si el paciente tiene que esperar más de 60 días para ser intervenido quirúrgicamente en el sistema público”.

La noticia sorprende por lo que tiene de rectificación en el discurso habitual, pero no deja de ser la asunción de la realidad, ya que en la Comunidad Valenciana se hacen miles de derivaciones a hospitales y clínicas privadas. En concreto, según cuentan en ConSalud, durante los 4 primeros meses de 2022 se han derivado más de 9.200 pacientes, lo que se puede traducir en un gasto de más de 7 millones de euros. 

Parece ser que a pesar de estos números y de la medida que han anunciado mantienen la hoja de ruta, y que para el futuro hay previstas nuevas reversiones en Denia y Manises. En lugar de aferrarse a un sistema que estaba funcionando con eficiencia, se van abocados a un sistema de derivaciones que acaba siendo mucho más caro. Todo por mantener una decisión política.

Los hospitales de gestión mixta y las listas de espera

El modelo de gestión mixta o indirecta, es una fórmula de gestión hospitalaria que se puede enmarcar en la colaboración público-privada. De forma recurrente, los hospitales del SERMAS que funcionan de este modo suelen presentar mejores datos de listas de espera quirúrgica, por encima de la media de la sanidad madrileña.

Y eso es lo que ha pasado durante el mes de julio, si observamos los datos oficiales servidos por el propio Servicio Madrileño de Salud. Son cuatro hospitales de gestión indirecta los que presentan los menores tiempos de espera para ser sometido a una intervención quirúrgica en nuestra región.

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, de media complejidad, encabeza la lista con 15,77 días de espera media. Le sigue el Hospital Universitario General de Villalba, también de media complejidad, con 18,69 días de demora. En tercer lugar, tenemos el Hospital Fundación Jiménez Díaz, centro hospitalario de gran complejidad, con 18,94 días. Y en cuarto puesto, el Hospital Universitario Infanta Elena, de baja complejidad, con 26,06 días. Se pueden consultar los datos de todos los centros hospitalarios en este artículo de la web Consumidor Global.

Recientemente, os hemos hablado del Debate del Estado de la Región que supone la apertura del nuevo curso político en la Comunidad de Madrid. En el marco de este debate, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que los datos de la lista de espera quirúrgica de nuestra región son los mejores de España, y que además se presta asistencia a un gran volumen de pacientes provenientes de otras regiones.

Siendo ciertos los datos que maneja Díaz Ayuso, se han quedado algo obsoletos, ya que corresponden a finales del año 2024. Por nuestra parte seguimos a la espera de que se presenten los datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera (SISLE) del mes de junio de 2025, por parte del Ministerio de Sanidad. Nos servirán para ofrecer una foto fija más reciente de la situación de las listas de espera en Madrid, en comparación con las del resto de España.

De nuevo, los hospitales madrileños entre los mejores de España

Se ha publicado, por segundo año consecutivo, la Lista Forbes con Los 25 hospitales de referencia en España 2024, que podéis consultar completa en la versión española de la revista estadounidense. Este ranking se elabora tras el análisis de los premios y los hitos que consigue cada centro, y también tras la consulta de diversos índices internacionales.

Los resultados de los hospitales madrileños son, como suele ser habitual en este tipo de ránkings, excelentes, y así se valoran en la prensa, destacando en cada medio alguna de las conclusiones del análisis. Así, en el periódico La Razón remarcan que la Comunidad de Madrid sitúa seis hospitales del SERMAS entre los diez primeros de la lista. 

En Noticias para Municipios prefieren abrir el foco y resaltar que son ocho los hospitales de la sanidad pública madrileña que aparecen en el listado de 25 centros sanitarios de referencia. Y podemos completar esta información añadiendo que en total son once los hospitales de la Comunidad de Madrid seleccionados en la Lista Forbes.

En El Periódico de España destacan de forma especial que tres hospitales del SERMAS encabezan el ránking: la Fundación Jiménez Díaz, en el primer puesto, el Hospital La Paz, en segundo lugar, y el Hospital 12 de Octubre, en la tercera plaza. Recordemos que la Fundación Jiménez Díaz es un centro hospitalario de gestión indirecta plenamente integrado en la sanidad pública madrileña.

Otros tres hospitales públicos madrileños aparecen en posiciones muy destacadas, en el top diez: el Hospital Gregorio Marañón (quinto lugar), el Hospital Ramón y Cajal (séptimo) y el Hospital Rey Juan Carlos, este centro también de gestión indirecta (décimo). Encontramos también dentro de la lista al Hospital Clínico San Carlos (puesto 13) y Hospital Niño Jesús (21). Tres de los hospitales del SERMAS han mejorado su posición respecto al listado del año pasado.

Por último, los hospitales privados madrileños que aparecen en el ránking son: el Hospital Ruber Internacional (puesto 6), el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (puesto 12) y el Hospital Universitario HM Sanchinarro (puesto 18). En conjunto, un gran éxito de los hospitales madrileños y sobre todo del Servicio Madrileño de Salud y de los centros hospitalarios que lo integran.